La Contraloría General del Estado ejecuta 59 acciones de control en Guayas, Pichincha y Azuay. Analiza al menos seis procesos en municipios y prefecturas: operaciones financieras, contratación pública, publicidad, talento humano, consultorías y actualización de catastros. Los hallazgos se harán públicos tras el debido proceso, informó la entidad el 8 de abril. De detectar irregularidades, pueden derivarse tres tipos de responsabilidades: Administrativa: por incumplimiento de funciones. Sanción: multa o destitución. Civil: por daño económico. Orden de reintegro. Penal: por delitos como peculado o cohecho. La Contraloría remite a Fiscalía; se arriesga prisión eindemnización. Los plazos para presentar descargos varían: 30 días (administrativa), 60 (civil) y 90 (reintegro). Luego, los auditores determinan responsabilidades. Las provincias con más controles son Guayas y Pichincha (12 cada una), seguidas de Azuay (5).
