Los pequeños y medianos productores de banano de Ecuador acudieron a la Corte Constitucional para impugnar el Decreto Ejecutivo 231, emitido por el presidente Daniel Noboa el 24 de noviembre de 2025. La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada el miércoles 11 de febrero en Quito, bajo la representación legal del abogado Francis Abad López. Los productores cuestionan la reforma al Reglamento de la Ley del Banano, argumentando que el decreto permite regularizar más de 50.000 hectáreas sembradas ilegalmente y autoriza nuevas siembras sin control hasta diciembre de 2026. Solicitan que la norma sea eliminada del ordenamiento jurídico por haber sido expedida sin consulta previa, sin sustento técnico suficiente y, presuntamente, en beneficio de grandes agroexportadores. Advierten que la ampliación de la frontera agrícola provocaría una sobreoferta en el mercado, lo que presionaría a la baja el precio de la fruta y pondría en riesgo la sostenibilidad económica de miles de familias. Además, critican que la política agrícola del actual Gobierno favorece dinámicas de mercado que benefician a grandes actores económicos, en detrimento de los pequeños productores y del tejido social rural, una postura respaldada por José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores. Durante la presentación de la acción, los dirigentes bananeros hicieron un llamado a otros sectores del agro — maiceros, arroceros, cacaoteros, cafetaleros, lecheros, palmicultores y cañicultores— a mantenerse vigilantes y articular acciones conjuntas frente a medidas que afectan derechos.
