Las personas con autismo sí pueden obtener licencias de conducir tipo B. Así lo resolvió el juez de la Unidad Civil, Francisco Chacón, el miércoles anterior, al conceder la acción de protección a Andrés Vásconez, a quien la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) negó la renovación de su licencia, caducada hace 11 meses, porque en 2023 fue diagnosticado con autismo. “Ellos aducían que, al ser una enfermedad psicosocial vinculada también a la discapacidad mental, éramos un peligro y éramos un riesgo para manejar”. El juez ordenó a la ANT que: Si el peticionario ha pasado la evaluación psicosensométrica y los exámenes teóricos, se le entregue la licencia tipo B. Haga reformas internas para permitir esas pruebas a personas autistas. Capacite a su personal, mediante el Conadis, sobre el espectro. Difunda, por sus canales oficiales, la sentencia y el curso. “Con esta acción de protección, muchas personas finalmente podrán acceder: las escuelas de conducción les den la oportunidad de seguir el curso; lastimosamente, muchas de las personas autistas acudieron a tramitadores”. Una vez que el juez notifique por escrito, la Agencia tendrá 20 días para cumplir la sentencia, sin importar que sus abogados hayan apelado la decisión. El juez civil sustentó su resolución en los informes del Ministerio de Salud y del Conadis. El primero explica que: El autismo es una condición del desarrollo, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que realizó el pago de USD 112 millones a más de 190 prestadores externos, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios de salud para afiliados, jubilados y beneficiarios. La entidad señaló que el desembolso se enmarca en una política de gestión no una enfermedad degenerativa. No hay evidencia científica que prohíba a las personas con autismo conducir vehículos, siempre que cumplan con los estándares. La superación de las evaluaciones es evidencia de que la persona es capaz de conducir, independientemente de cualquier diagnóstico clínico. Vladimir Andocilla, presidente de APADA, dice: “No hay condición médica psiquiátrica ni jurídica que determine una discriminación o un trato no igualitario para las personas autistas”.
