Quito, EM.- El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la sentencia de primera instancia contra el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, tras determinar que las pruebas utilizadas en su contra fueron obtenidas de manera inconstitucional, lo que obligó a archivar la denuncia.
La investigación se originó tras una acusación presentada por Juan Esteban Guarderas, quien señalaba que Lloret habría utilizado su cargo como autoridad provincial para favorecer a la entonces candidata presidencial Luisa González durante la campaña electoral de 2023, a través de publicaciones en Facebook.
En primera instancia, el juez Ángel Torres consideró que esta evidencia era suficiente para imponer una multa de USD 4.700 al prefecto. Sin embargo, al revisar la apelación, el Pleno del TCE concluyó que las publicaciones señaladas no podían ser valoradas debido a que no respetaron el debido proceso, conforme lo establece la Constitución.
El Tribunal recordó que la normativa ecuatoriana prohíbe de manera expresa el uso de pruebas obtenidas de forma irregular o sin cumplir los requisitos legales, pues su aceptación compromete la validez de todo el procedimiento. Bajo este criterio, la sanción quedó sin sustento jurídico y fue revocada.
