El gobierno ecuatoriano está concentrado en allanar el camino que le permita llegar hasta los organismos internacionales con una propuesta presentable. La administración de Daniel Noboa espera tener en mano, para solicitar recursos, los 3.500 millones de dólares que generaría en un año completo el incremento del IVA del 12 al 15 %. Además, tiene que ser una medida permanente para demostrar que el financiamiento es sostenible a largo plazo. Es por ello que a las propuestas que se lanzan desde la arena política “las batean”, porque si bien asegurarían una recaudación, esta, en unos casos, no sería permanente y en otros tampoco inmediata.
Es el caso del planteamiento para gravar las utilidades de la banca que podría generar flujo pero que no corrige las distorsiones en el largo plazo, y tampoco se puede determinar el monto que representaría en su cobro futuro. Lo mismo ocurre con el impuesto a la salida de divisas, al que en Finanzas se entiende como un proceso selectivo que generaría distorsiones en la actividad económica. Una postura distinta tiene el Ministerio de Economía con el tema del bloque ITT. Allí, como los recursos son previsibles y constantes, se analiza la posibilidad de extender el proceso de cierre de ese campo petrolero ya que esos ingresos no tienen un reemplazo automático.
