Es hora de dar marcha atrás y exigir la probidad notoria a la hora de elegir a cada juez, para así reivindicar la Justicia de este país. Dejar de lado este requisito que contribuye a garantizarnos autoridades con imagen y conducta intachables es la causa de lo que hoy sufrimos: juristas señalados e investigados por haber abandonado su rol a cambio de satisfacer intereses políticos o del mismo crimen organizado. Si no se toman correctivos, únicamente se descartarán aquellos perfiles con sentencia ejecutoriada. Pero nuestra realidad exige ser mucho más rigurosos con los filtros. Debemos medir la excelencia profesional, reconocida y laureada por la sociedad. Y eso se logra poniendo como condición que el candidato a juez cuente con una carrera judicial impoluta, con un bien ganado prestigio, tal como se aplica en la selección de diplomáticos o en los ascensos militares, donde el buen nombre y trayectoria honrosa les permite acceder a las más altas posiciones. Esta exigencia no debe limitarse al sistema de justicia sino trascender a otras instancias. La probidad notoria debe ser prioridad en el reglamento que aplique el CPCCS para nombrar a autoridades claves como fiscal general, defensor del Pueblo, contralor del Estado y Consejo de la Judicatura, encargado de escoger a los jueces. Si realmente queremos autoridades que lleven por buen rumbo al país, debemos empezar por ahí.

Cuentas claras o parte de guerra. El presidente de la República declaró conflicto armado interno en enero de este año. Tal como ocurre con otros conflictos que se están desarrollando en diversas partes del mundo, es necesario conocer los avances logrados y las batallas perdidas para hacer un balance. El objetivo de esta evaluación es observar los resultados para saber dónde reforzar operaciones, así como entender qué recursos empleados y qué estrategias aplicadas han resultado ser más efectivos, y corregir o reforzar lo que sea necesario, e identificar los movimientos y tácticas del enemigo contra el que se combate. Tras ocho meses de enfrentamiento, los ecuatorianos tienen derecho a saber dónde se ha derrotado a la delincuencia. Si se intervino en Durán, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué pasa con Manta: es una victoria real o una ‘pax narco’? ¿Cuál es la situación de Quevedo, Playas y Zaruma? ¿El país cuenta con la inteligencia y la tecnología necesarias para contrarrestar las que emplea el crimen organizado transnacional? Conocer la realidad que se afronta y los logros en la lucha contra la delincuencia es indispensable para contar con el apoyo de la población a las medidas que tome el Gobierno y que requieran, en mayor o menor magnitud, del esfuerzo ciudadano. También para exigir a la Asamblea la modificación o reformulación de leyes que obstaculizan la lucha contra el hampa.