La Constitución de Montecristi cumplió un aniversario más. Son 18 años desde que este texto fue aprobado como uno de los mayores símbolos de un supuesto cambio de época que no se ha llegado a producir. Aunque la Carta Magna destaca por contar con derechos que deben ser respetados en el país – como los de la naturaleza- no se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, la minería ilegal ha avanzado en distintas zonas colocando en alto riesgo a comunidades ancestrales, parques nacionales y ríos. Su rigidez para planificar el futuro del Ecuador, al controlar todo tipo de crecimiento mediante un plan centralizado, ha lastimado la inversión extranjera que es tan necesaria para que la dolarización crezca. Además, los sectores estratégicos son exclusivos del Estado, como consecuencia de una ideología que privilegia el estatismo y no las soluciones compartidas o privadas. En ese estancamiento vive el sector eléctrico, que debe ser gestionado por el sector público con escasa participación privada y subsidiando costos que servirían para aumentar la generación eléctrica. Esta Constitución, que supuestamente iba a durar 300 años según sus creadores en el 2008, debe ser transformada. El país ha perdido oportunidades para cambiarla, pero la necesidad de una transformación no ha desaparecido. Al contrario, se va reforzando la idea porque este texto no ayuda al crecimiento económico del Ecuador y de sus ciudadanos. Además, ha provocado atentados a la democracia con la desaparición de las barreras de la independencia entre funciones del Estado.

¿De qué sirve una orden judicial si un niño sigue esperando su medicamento? Thiago, de 13 años, necesita 152 ampollas para continuar su tratamiento contra la leucemia. Un juez ordenó su entrega inmediata, pero la medicina todavía no llega. ¿Qué más debe hacer su familia para que se respete ese derecho? Entre cotizaciones, proveedores y permisos, el tiempo sigue pasando. Los trámites administrativos no pueden convertirse en obstáculos para atender a un paciente. Si existe una orden judicial de cumplimiento inmediato, las instituciones responsables deben explicar por qué no se ha ejecutado y cuándo llegará el medicamento. Este caso deja una pregunta preocupante: ¿cuántos Thiago habrá en Ecuador? ¿Cuántas familias estarán atravesando situaciones similares, sin recursos para comprar medicinas y obligadas a insistir ante las autoridades? No todas pueden acudir a la justicia o hacer pública su situación. Eso también debería preocuparnos. Una orden judicial no puede quedarse en el papel. Las autoridades deben garantizar su cumplimiento y establecer responsabilidades por las posibles demoras injustificadas. Thiago necesita su tratamiento, no más trámites. Y el país necesita saber cuántos pacientes más están esperando medicinas que deberían recibir oportunamente.