Que un ciudadano ecuatoriano deba pasar la noche en la acera para conseguir un turno, e incluso pagar a un tercero para que le guarde el puesto porque de otro modo es imposible acceder a él, no es un simple inconveniente administrativo: es la evidencia de un Estado que fracasó en su función más básica, atender a quien cumple con la ley. Renovar la licencia en la ANT: un trámite que obliga a dormir en la calle Desde el 20 de julio, la Agencia Nacional de Tránsito impuso un nuevo esquema para renovar licencias que convirtió un trámite ordinario en una prueba de resistencia. Familias enteras duermen en parques y exteriores de las agencias, exponiendo a menores y adultos mayores al frío y la inseguridad, sin garantía de ser atendidas. Al mismo tiempo, proliferan tramitadores que cobran hasta medio centenar de dólares por un cupo que debería asignarse de forma gratuita y ordenada. La ANT respondió pidiendo a la ciudadanía que “no madrugue”, como si el problema fuera la impaciencia del usuario y no el colapso de su propio sistema. La renovación de licencias refleja una crisis de atención pública Esto no es un problema menor de gestión: es maltrato institucional. El Estado traslada al ciudadano el costo físico, económico y de seguridad de su incompetencia. Si la ANT no puede garantizar dignidad mínima en un trámite básico, no tiene autoridad moral para seguir administrándolo sin rendir cuentas..