Kast propone bajar impuestos y recortar gastos para reactivar la economía de Chile

A pocos días de asumir la presidencia del país, el matario chileno, José Antonio Kast, presentó su «Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional» que busca eliminar el IVA en la vivienda y reducir el impuesto a las empresas, mientras endurece penas en seguridad.

El proyecto será presentado en el Parlamento chileno en los próximos días. Entre sus medidas económicas, además de la mencionada reducción del IVA y el impuesto a las empresas, contempla la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y un subsidio para la protección del empleo formal. También se ajustan permisos ambientales y la gratuidad de la educación universitaria. Desde la región del Biobío, devastada en febrero pasado por mega incendios, Kast justificó la iniciativa al asegurar que la economía de Chile «literalmente, se rompió y el crecimiento se estancó».

Esta afirmación contrasta con datos recientes: el PIB chileno creció un 2,6 % en 2025 y la inflación cerró en un 3,5 %. Sin embargo, el déficit fiscal estructural alcanzó el 3,6 % del PIB el año pasado, su nivel más alto en dos décadas. En el ámbito de la seguridad, el proyecto prevé el endurecimiento de penas para el contrabando de cigarrillos y el transporte ilegal de migrantes. El mandatario insistió en que Chile vive una «crisis sin precedentes» en seguridad, pese a que los homicidios han disminuido en los últimos años y el país mantiene uno de los índices de seguridad más altos de la región.

Kast, quien asumió el hace solo unos días cargo, argumentó que las empresas eligen países vecinos por «bajadas de impuestos y menos regulaciones». Estas medidas buscan, según el presidente, reconstruir un país que, a su juicio, fue mal gestionado por su predecesor, el progresista Gabriel Boric, aunque las cifras oficiales de estabilidad económica no respaldan completamente sus aseveraciones.

Con este anuncio, el presidente marca el inicio de una gestión alineada con los intereses de las grandes corporaciones, bajo la promesa de una «reconstrucción» que, en la práctica, apunta a la desregulación estatal y la privatización de servicios públicos.

Cubanos en el exterior podrán realizar inversión en empresas privadas

En una entrevista para el canal NBC, el ministro Óscar Pérez-Oliva anuncia que Cuba permitirá que sus ciudadanos en el exterior inviertan en el sector privado.

El Gobierno cubano va a permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, una reforma económica con guiño político en medio de las conversaciones de La Habana con Washington. El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva, lo confirmó en una entrevista a la televisión estadounidense NBC, después de que lo avanzara previamente el diario Miami Herald.

La medida, afirmó Pérez-Oliva, va «más allá de la esfera comercial» e incluye también «grandes inversiones, especialmente en infraestructuras» de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético. Es probable que el propio Pérez-Oliva detalle estas medidas en la televisión estatal cubana este mismo lunes, apenas tres días después de que La Habana reconociera haber iniciado un diálogo con Washington, quien lleva semanas presionando a la isla para que aplique reformas, en primer lugar económicas.

Según la actual legislación, los cubanos residentes en el exterior no pueden ser socios de una micro, pequeña o mediana empresa (mipymes), aunque sí pueden participar en empresas extranjeras y mixtas. Algunas fuentes apuntaron asimismo a EFE que también se está estudiando facilitar a los cubanos residentes en el exterior la residencia y la compra de propiedades inmobiliarias en la isla, especialmente a aquellos que abandonaron en país antes de la reforma migratoria de 2013.

Los que partieron antes de esa fecha, según la legislación del momento, perdieron sus propiedades inmobiliarias (en favor del Estado), así como el derecho a heredar (entre otros), y quedaron clasificados como «emigrados», lo que dificulta su vuelta. La nueva ley de Migración y Extranjería de 2024 vincula la posibilidad de poseer inmuebles a la «residencia efectiva» (residir más de la mitad del año en el país) o a la demostración de arraigo, y facilita el proceso de retorno.

La recién aprobada Ley de Vivienda permite, con residencia efectiva, la propiedad de dos inmuebles como «residencia» más otra de «descanso». Las valoraciones sobre el impacto de estas medidas varían de forma notable. Algunas voces dentro del sector empresarial aseguran que se trata de un movimiento muy positivo; mientras que, desde el ámbito académico, los expertos muestran en general mayor cautela. El optimismo viene de la argumentación de que esta medida ayudará de un lado a dinamizar la economía de la isla y, del otro, empezará a cambiar el peso de los incentivos en Florida, donde reside la mayor parte de la diáspora cubana y, con seguridad, la más proclive a invertir en el país.

Así, la mejora de las condiciones personales y de inversión, apunta esta tesis, llevaría a que muchos cubanoamericanos dejen de apoyar políticamente el mantenimiento de las sanciones contra Cuba y comiencen, de hecho, a pedir que se reviertan. «Es histórico. Podría ser el principio del desmantelamiento del embargo económico de EE.UU. a Cuba», subraya a EFE el empresario cubanoamericano Hugo Cancio.

En la academia se señalan principalmente los frenos externos con que van a topar estas medidas, porque las sanciones de Washington dificultan que se invierta en Cuba desde EE.UU. e, incluso, desde terceros países.

«El éxito de esa medida va a depender no solo de cómo Cuba la diseñe e implemente, sino también de las flexibilidades que se den en EE.UU.», señala a EFE la economista cubana Tamarys Bahamonde.

A su juicio, «el impacto será mayor o menor en dependencia de las condiciones y el contexto que rodee a la autorización de esas inversiones». Tras un veto de cinco décadas, Cuba volvió a autorizar en 2021 la creación de Mipymes privadas. Aunque tienen claras limitaciones sectoriales, operativas y de tamaño, estos actores económicos -con cerca de 10.000 aprobadas y en activo- juegan ya un papel clave en el país en términos de importaciones, empleo y recaudación fiscal.

El Gobierno cubano ha ido virando en los últimos años su política hacia los migrantes, dejando atrás las reticencias ideológicas que la impregnaron hace décadas, para pasar recientemente a un enfoque más pragmático, de potenciales beneficios mutuos de carácter económico. Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis estructural desde hace más de seis años, situación que se ha agravado dramáticamente en los últimos meses con el bloqueo petrolero de EE.UU.