Allanamientos CNEL: Estas son las provincias intervenidas por presunta corrupción
El presidente Daniel Noboa lideró un operativo que intervino las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en varias provincias de Ecuador.
La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en al menos siete provincias de Ecuador para desarticular una red de corrupción. El operativo, liderado por el presidente Daniel Noboa, investiga un perjuicio económico de 300 millones de dólares al Estado mediante la manipulación de facturas y proyectos eléctricos.
Las autoridades reportan al menos 50 detenidos en provincias como Guayas, Manabí y Azuay, tras descubrirse un esquema de sobornos que operaba desde hace más de una década. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización delictiva infiltrada en la institución pública se mantuvo activa durante 11 años. El sistema fraudulento permitía a ciertos usuarios evadir pagos mediante la modificación de facturas a cambio de sobornos, utilizando reclamos administrativos para borrar deudas de forma ilegal.
El presidente Daniel Noboa señaló que la red contaba con el respaldo de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). Estos trabajadores facilitaban la manipulación de proyectos y provocaban fallas técnicas que afectaban el suministro eléctrico nacional para sostener su esquema criminal.
Las intervenciones se ejecutaron de manera simultánea en las siguientes zonas:
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- Sucumbíos
- Azuay
- Cotopaxi
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que hasta el momento existen 50 personas aprehendidas para fines investigativos. Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, pidió disculpas a la ciudadanía por la interrupción en las áreas de servicio al cliente de las agencias intervenidas, enfatizando que estas diligencias son estrictamente necesarias para erradicar la corrupción interna.
«Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares. Mientras la mayoría pagaba su planilla, otros borraban sus deudas con una llamada», enfatizó Daniel Noboa a través de una publicación en su cuenta de X. El Gobierno Nacional ha ratificado que las investigaciones continuarán hasta determinar el alcance total del daño al sistema eléctrico y la identidad de todos los funcionarios implicados en Arconel y CNEL.
Identifican al hombre muerto a puñaladas en una carretera de Montecristi
Carlos Intriago Cevallos, de 34 años, fue identificado como el hombre hallado sin vida a un costado de una carretera en Montecristi, provincia de Manabí.
Alrededor del mediodía del domingo 26 de abril de 2026, vecinos del sector Las Américas, en la parroquia General Eloy Alfaro, alertaron a la Policía tras descubrir el cuerpo abandonado en una calle de tierra. La víctima, que inicialmente no portaba documentos, presentaba múltiples heridas de arma blanca que le causaron la muerte. Horas después, en el Centro Forense, familiares reconocieron el cadáver como el de Carlos Alexander Intriago Cevallos, oriundo de Pedernales.
Agentes de Criminalística acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y las primeras pericias, confirmando una muerte violenta por heridas de cuchillo. La autopsia se realizó sin contratiempos. La ausencia de documentos retrasó la identificación, que se concretó tras la llegada de los familiares. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre móviles o detenidos. Tampoco se encontró el arma homicida.
Montecristi, parte del distrito Manta – Montecristi – Jaramijó, sigue registrando hechos de violencia armada en medio de la crisis de inseguridad. Manabí cerró 2025 con más de 1.200 muertes violentas, muchas vinculadas a disputas territoriales entre grupos criminales. Montecristi figura entre los cantones más afectados, junto a Manta y Portoviejo. El hallazgo de cuerpos en vías secundarias o sectores desolados es recurrente.
Las bandas usan estos sitios para abandonar cadáveres de organizaciones rivales, a menudo tras torturar a las víctimas. La Policía atribuye esta práctica a la disputa territorial entre narcotraficantes.
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