Gabriele Gravina ha renunciado al cargo de presidente de la Federación Italiana de Fútbol

abril 2, 2026

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, presentó la dimisión este jueves tras el fiasco de la selección azzurra, que quedó eliminada en la repesca europea y estará ausente de un Mundial por tercera ocasión consecutiva, anunció la instancia en un comunicado.

Gabriele Gravina, de 72 años, lleva al frente de la FIGC desde 2018, justo después de que Italia quedase fuera del Mundial de Rusia 2018, aunque ya bajo su mandato. La ‘Nazionale’ tampoco fue capaz de clasificarse para Qatar 2022 ni para el de Norteamérica del próximo 11 de junio al 19 de julio. La tetracampeona del mundo perdió el cupo al Mundial que coorganizarán Estados Unidos, México y Canadá, al caer en los penales frente a Bosnia-Herzegovina 4-1, (1-1 en el partido) el pasado martes 31 de marzo en Zenica.

Gravina «informó a los miembros del consejo federal de que había presentado su dimisión del mandato que le había sido confiado en febrero de 2025 y de que había convocado una asamblea extraordinaria electiva para el próximo 22 de junio en Roma», informó la FIGC en su comunicado. Bajo su dirección, Italia ganó la Eurocopa 2021, pero fracasó en clasificarse para dos Mundiales (2022, 2026) y fue eliminada de la última Eurocopa, en 2024, en octavos de final, en lo que fue la peor actuación de la ‘Azzurra’ en un torneo continental.

Este antiguo empresario y expresidente de un pequeño club de los Abruzos que llegó a jugar brevemente en la Serie B estaba bajo presión desde la derrota de Italia el martes. Tratando de adelantarse a las peticiones de dimisión, Gravina convocó, nada más acabar el partido en Zenica, un consejo federal para «hacer balance y llevar a cabo evaluaciones» de su gestión.

De aquí al 22 de junio, el seleccionador de la ‘Nazionale’, Gennaro Gattuso, nombrado en junio de 2025, debería, según la prensa italiana, también dimitir, al igual que el mánager general de la selección, el exguardameta Gianluigi Buffon.

Contraloría se pronuncia sobre presuntas inconsistencias en patrimonios de jueces

abril 2, 2026

La Contraloría aclaró que no proporcionó la información difundida en medios. El caso se refiere a exámenes patrimoniales a Alí L. y José Luis T., cuyos informes fueron remitidos a Fiscalía por presuntos patrimonios no justificados.

La Contraloría General del Estado se pronunció sobre la polémica generada tras la difusión de presuntas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de jueces de la Corte Constitucional. A través de un comunicado, la entidad aclaró que no ha entregado la información publicada por medios y que desconoce su origen. Además, subrayó que sus acciones de control se realizan bajo criterios técnicos, en apego a la ley y sin injerencias externas.

El pronunciamiento se produce en el contexto de los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí L. y José Luis T., en los que, según la información difundida, se habrían detectado montos no justificados y omisiones en el reporte de activos. Un medio de comunicación nacional citó que en el caso de Alí L., las observaciones apuntan a valores superiores a USD 25.000 en cuentas nacionales y del exterior que no habrían sido plenamente justificados, así como a la omisión de una cuenta bancaria.

Mientras que, en el caso de José Luis T., se investigan aproximadamente USD 70.794 sin respaldo documental, además de la no declaración de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y diferencias en bienes reportados, según cita el medio. Ambos informes habrían sido remitidos a la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el origen de los fondos, inconsistencias patrimoniales y eventuales omisiones en las declaraciones juramentadas. La Contraloría recordó que estos exámenes tienen carácter reservado, de acuerdo con la ley, y que esta condición se mantiene incluso tras su envío a la Fiscalía, que asume la custodia de la información durante el proceso.

Asimismo, la institución indicó que los controles patrimoniales forman parte de una estrategia más amplia aplicada desde 2024 a funcionarios de todas las funciones del Estado, con el uso de herramientas tecnológicas como minería de datos y análisis automatizado. Finalmente, el organismo reiteró que continuará con estas acciones de control, mientras las investigaciones avanzan en las instancias correspondientes.