Detienen a Ángel Tapia, juez penal de Guayaquil, por presunto tráfico de influencias

El presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg, reaccionan tras allanamiento y detención del juez penal de Guayaquil que hace tres meses ordenó la liberación de alias Odín.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento que terminó con la detención del juez penal de Guayaquil, Ángel Enrique Tapia, por el presunto delito de tráfico de influencias, este viernes 13 de marzo de 2026.  En las próximas horas se resolverá su situación jurídica, informó la Fiscalía en sus canales oficiales. Aunque no proporcionó más detalles, la entidad precisó que esta acción se realizó «con fines de formulación de cargos».

La acción fue resaltada por el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg, en redes sociales, al tiempo que desde organizaciones de la sociedad civil se advierte que el sistema judicial enfrenta una profunda crisis sistemática provocada por presiones políticas y la infiltración del narcotráfico. «Siempre lo he dicho: no vamos a tener paz en Ecuador hasta que no acabemos con los operadores políticos y judiciales que le hacen el juego al crimen organizado», expresó Noboa en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El ministro del Interior, John Reimberg, apuntó en X que se busca sentar un precedente y dijo que espera que «con esto ya el sistema de justicia comience a hacer lo que es correcto», y no se libere a miembros de estructuras criminales. «No vamos a permitir de que la justicia haga lo que quiera dando libertades a los grupos delictivos y peor influenciando a otros jueces para que lo hagan», dijo el funcionario. Reimberg divulgó fotografías del momento en el que el juez Tapia es detenido por la Policía. «El país está cansado de ver cómo delincuentes capturados por la Policía salen libres por decisiones corruptas o complacientes», sostuvo el funcionario.

«Lo advertimos y lo estamos cumpliendo: iremos con toda la fuerza contra los jueces que protejan criminales o utilicen la justicia para favorecer a las mafias», remarcó. La detención del juez Tapia ocurre tres meses después de que ordenara la liberación de Danny William N.G., conocido como alias “Odín”, procesado por delincuencia organizada e investigado por su vínculo con una estructura narcodelictiva ligada al bosnio Jezdimir Srdan.

El 15 de enero, la Judicatura había suspendido a este juez por tres meses, por haber concedido un habeas corpus correctivo a alias ‘Odín’, decisión que luego fue anulada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas por graves irregularidades procesales y falta de competencia.

Fiscalía dice que Aquiles Alvarez y sus hermanos lavaron USD 2 millones en Barcelona SC

Este 13 de marzo se instaló en Quito una audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el caso Goleada. La Fiscalía entregó detalles de la supuesta operación ilegal del Alcalde de Guayaquil y sus hermanos e involucró a Barcelona Sporting Club.

Con la cabeza rapada y desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena, Aquiles Alvarez comparece ante su audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa en su contra por el caso Goleada. En este caso, la Fiscalía investiga una presunta red de lavado de activos a través del tráfico de combustibles, y esta supuesta estructura delictiva abarca al alcalde de Guayaquil, sus dos hermanos, y otra docena de implicados. El abogado de Alvarez, Ramiro García aseguró en días pasados que su defendido es víctima de tortura en la cárcel del Encuentro, a donde fue trasladado mientras duran las indagaciones del caso Goleada. 

El gobierno, por su parte, ha negado los abusos, y señaló que la prisión preventiva de Alvarez cumple con el debido proceso, y que su traslado a Santa Elena fue por motivos de seguridad. El perjuicio para el Estado del caso Goleada se estima en USD 61,5 millones. Este viernes cuando se instaló en Quito la audiencia de revisión de medidas para Alvarez y sus dos hermanos, la diligencia fue declarada como reservada. Por otra parte, cuando García visitó a Alvarez en la cárcel de máxima seguridad, comentó que sufre el alcalde está en «aislamiento total».  

«Se le ha quitado su biblia (…) se le ha rapado el pelo. Me cuenta que recibe tres comidas al día pero en diferentes horarios», dijo en entrevista con la agencia AFP. Mientras que el ministro de Interior, John Reimberg, indicó a periodistas que «el corte (de pelo) va porque va» en ese reclusorio. Durante el desarrollo de la diligencia, la Fiscalía desglosó el funcionamiento de la presunta estructura criminal y la ruta de las millonarias ganancias ilícitas que habrían obtenido por los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez. 

Según la exposición del fiscal, sustentada en la versión del exdirector financiero del conglomerado empresarial de los procesados, los acusados utilizaban sus instalaciones como un centro de acopio para recibir combustible subsidiado -destinado originalmente a los segmentos automotriz y naviero nacional, y lo desviaban para venderlo sin subsidio y a precio internacional a embarcaciones de bandera extranjera. El punto clave de la intervención del Ministerio Público se dio al revelar cómo se habría lavado el dinero producto de estas operaciones irregulares.

El fiscal Dennis Villavicencio detalló que los fondos no solo circulaban a través de la compra de nuevas compañías, gasolineras y aumentos de capital injustificados. Pero, además según el Agente, se canalizaban directamente hacia un reconocido club de fútbol del que Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil fue vicepresidente y, posteriormente, Antonio Alvarez fue presidente. Es decir, Barcelona SC. A través de esta institución deportiva, la estructura habría inyectado y lavado aproximadamente USD 2 millones bajo la figura de préstamos otorgados a partir de las supuestas ganancias ilícitas derivadas de la comercialización de combustible.

Para sostener todo este esquema, los procesados crearon un holding empresarial. Que, según el Ministerio Público, estaba diseñado para actuar como matriz y tener el dominio de múltiples compañías de la red. La Fiscalía explicó que la operabilidad y el blindaje de esta estructura dependían de César Emilio Bravo, alias ‘El Maestro’, quien fungía como un enlace estratégico para corromper a las autoridades.