34 proyectos de ley marcarán la agenda de la Asamblea presidida por Mishel Mancheno

agosto 13, 2026

La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, presentó este 13 de agosto de 2026 la agenda legislativa que guiará el trabajo del Parlamento. El documento contempla 34 proyectos de ley, de los cuales nueve corresponden a nuevas leyes y el resto plantea reformas a normas vigentes.

La agenda está organizada en tres ejes principales: seguridad, desarrollo humano y economía. En materia de seguridad se incluyen reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Antimafias, la normativa contra la trata de personas y el proyecto que regula el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, entre otras iniciativas.

El eje de desarrollo humano y modernización institucional contempla proyectos relacionados con salud, niñez y adolescencia, vivienda, empleo juvenil, adultos mayores, educación, inteligencia artificial, obesidad, diabetes y derechos de maternidad y paternidad en casos de duelo gestacional, perinatal y neonatal. También incluye reformas al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público para promover la contratación de jóvenes.

En el ámbito económico, la agenda plantea reformas al Código Tributario, al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código de la Producción y a las normas de transporte terrestre, además de proyectos sobre desarrollo agropecuario, aviación civil, emprendimiento, ambiente y acuicultura y pesca.

Mancheno anunció además la creación de un panel electrónico para monitorear el avance de los proyectos en las 15 comisiones permanentes. La presidenta señaló que el objetivo es priorizar leyes que respondan a problemas concretos de los ecuatorianos y medir los resultados del trabajo legislativo.

La agenda también generó distintas reacciones dentro del Parlamento. Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, respaldó la propuesta, aunque advirtió que la fiscalización debe ser objetiva y no convertirse en una “fiscalización a la carta”. El PSC, representado por Alfredo Serrano, planteó incorporar reformas al COIP para eliminar el límite de 40 años en la acumulación de penas y cambios al Código de la Función Judicial para sancionar a jueces que, según su criterio, liberen ilegalmente a delincuentes.

En cambio, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) no participó en la presentación. El asambleísta Blasco Luna cuestionó que la agenda no haya sido construida con participación de los distintos sectores sociales y sostuvo que el documento tendría su origen en el Ejecutivo. También criticó el tratamiento de la fiscalización y mencionó como ejemplo la crisis energética.

La presidenta de la Asamblea aseguró que los tres ejes incorporan propuestas de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

Colombia y Perú quieren sumarse al Escudo de las Américas: analistas discrepan sobre el impacto regional

agosto 13, 2026

Los nuevos Gobiernos de Colombia y Perú, encabezados por Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, respectivamente, han expresado su intención de incorporarse al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas a la seguridad hemisférica. Ecuador forma parte de esta alianza desde marzo de 2026.

El Escudo de las Américas fue presentado por el presidente estadounidense Donald Trump durante una cumbre realizada en Miami el 7 de marzo, con la participación de 12 mandatarios de América Latina y el Caribe, entre ellos Daniel Noboa. La eventual incorporación de Colombia y Perú reuniría en un mismo espacio político a tres países considerados estratégicos dentro de las rutas del narcotráfico en Sudamérica y a dos de los principales productores de cocaína del mundo.

En Colombia, De la Espriella confirmó que buscará la incorporación del país y anunció incluso la apertura de una oficina del Escudo de las Américas en Medellín, ciudad que considera clave para la lucha contra el narcotráfico. En Perú, Fujimori también ratificó su intención de adherirse a la iniciativa. El canciller Carlos Espá señaló que continuarán las gestiones, mientras que el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, afirmó que el Gobierno peruano busca fortalecer mediante esta alianza el combate al crimen organizado transnacional.

Sin embargo, analistas difieren sobre el verdadero alcance que tendría la incorporación de ambos países. Adrián Bonilla, analista internacional y catedrático de Flacso, considera que el Escudo de las Américas es actualmente una alianza principalmente política, sin un tratado internacional ni obligaciones jurídicas para sus integrantes. A su criterio, Colombia y Perú podrían ampliar la cooperación existente, pero la iniciativa todavía no contempla una estructura adicional que cambie sustancialmente los mecanismos de seguridad que ya mantienen Ecuador, Colombia y Perú.

Por otro lado, Santiago Pérez, analista internacional y docente de la UTPL, sostiene que la adhesión tendría una importancia estratégica para Estados Unidos y para la región, debido al papel de Colombia y Perú en las rutas del narcotráfico. Considera que un espacio conjunto podría facilitar el intercambio de inteligencia policial y militar y una respuesta coordinada frente a organizaciones criminales que operan de manera transnacional.

Respecto a Ecuador, Bonilla señala que los beneficios adicionales serían limitados mientras la iniciativa no establezca compromisos concretos. Pérez, en cambio, considera que un eje conformado por Colombia, Perú y Ecuador, alineado con Washington, podría aumentar la importancia estratégica de Ecuador y facilitar mayores recursos para inteligencia, tecnología, capacitación militar e intercambio de información.

Ambos analistas coinciden en que la incorporación de Colombia y Perú podría concretarse con relativa rapidez, debido a la ausencia de una estructura institucional formal del Escudo. No obstante, Pérez advierte que la cooperación debería mantenerse más allá de los cambios políticos de cada país y no depender únicamente de Gobiernos ideológicamente cercanos.

Los especialistas también coinciden en que la lucha contra el crimen organizado no debería concentrarse únicamente en acciones militares. El fortalecimiento de la justicia, el combate a la corrupción y la recuperación del control estatal de los territorios serían elementos fundamentales para que una eventual cooperación regional tenga resultados concretos.