LA JUDICATURA TOMARÁ EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS QUE ESTÁN A PUNTO DE CADUCAR
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) analizó un informe sobre 86 expedientes disciplinarios próximos a prescribir entre mayo y junio de 2026, con el fin de asumir el control de estos trámites y evitar la impunidad.
La presidenta, Mercedes Caicedo, dispuso: Sesionar al menos cuatro veces por semana hasta resolver todos los casos pendientes. Recibir, hasta el 19 de mayo, un nuevo reporte provincial. Se identificaron otros 106 sumarios que prescribirían entre julio y diciembre de 2026. Que las direcciones provinciales remitan los procesos disciplinarios con al menos dos meses de anticipación para evitar su prescripción y garantizar su resolución oportuna.
Presentar un informe detallado sobre los procesos archivados entre 2025 y 2026 sin conocimiento del Pleno, para analizar actuaciones y tomar decisiones legales. En la sesión, se destituyó a una exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, procesada penalmente por irregularidades en el concurso de jueces nacionales de 2023.
FISCALÍA PIDE CONDENA PARA ABDALÁ BUCARAM, SU HIJO Y OTROS DOS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó condena para el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otros dos implicados por delincuencia organizada, debido a la presunta venta irregular de pruebas COVID-19 e insumos médicos en 2020.
Según la FGE, entre marzo y agosto de ese año, los acusados integraron una estructura criminal que obtuvo ganancias ilícitas al comercializar 21.000 pruebas para detectar el virus. Peritos coincidieron en que movilizaron bienes y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para el traslado de los insumos. Dos ciudadanos israelíes (uno asesinado en 2020) habrían coordinado el transporte bajo custodia de agentes hacia la casa del exmandatario, donde también se almacenaron mascarillas y lancetas. Jacobo Bucaram pagó 321.600 dólares en efectivo por la mercancía. Algunos implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la DEA para movilizarse. Las pruebas se vendieron sin facturas ni impuestos en varias provincias.
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