La Comunidad Andina de Naciones (CAN) intervino en la guerra comercial por el alza indiscriminada de aranceles dispuesta por los gobiernos de Ecuador y Colombia. Ordena la desactivación hasta dentro de una semana. La carga para los productos llega hasta el 75%, algo que mata el comercio bilateral y lastima el empleo, el tejido empresarial y al consumidor. La CAN tomó en cuenta los pedidos del sector productivo colombiano, en especial la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI) y la empresa de confites Colombina, para emitir un ultimátum: los dos gobiernos deberán levantar los aranceles en los siguientes 10 días. La resolución revela que no solo hay una afectación letal al comercio por la supuesta tasa de seguridad. Las empresas colombianas expusieron que hay incrementos de costos relacionados con la nacionalización de la carga, el flete y el seguro. El proceso pasó de $2.700 a $20.300. Y los efectos ya se sienten en la provincia del Carchi. Las bodegas se vacían, llegan menos camiones con carga y hay despidos. La asfixia empieza a desesperar en el norte. Los $400 millones que el gobierno estima recaudar por la tasa de seguridad quedan en duda tras el freno al comercio y las pérdidas ascenderían a unos $700 millones. Además, se prevé encarecimiento de medicamentos y, en el futuro, desabastecimiento de repuestos para vehículos. No acatar la resolución de la CAN podría exponer al Ecuador a sanciones luego de dos años, pero el efecto en el empleo y en el bolsillo de muchos ecuatorianos será inmediato.