El Ecuador desea vivir en democracia, en libertad; ese fue el pronunciamiento popular en las dos últimas elecciones presidenciales, que en segunda vuelta votó contra la posibilidad de que regrese al poder el autoritarismo del correísmo y su ambición de perpetuarse en el poder. Por eso buscaban descalificar a quienes no pertenecían al grupo gobernante. Actuar como un régimen apegado a Derecho Esa decisión del pueblo ecuatoriano obligaba a los dos últimos gobiernos elegidos con esa tendencia, priorizar fortalecer una democracia que impida el retorno de una tendencia populista y autoritaria. Ese mandato ciudadano impone al actual gobierno realizar acciones que estabilicen la democracia y aquello solo es posible con instituciones del Estado respetadas celosamente en sus atribuciones legales: 1.- Sólida división de poderes. 2.- Un Poder Legislativo que cumpla sus funciones atribuidas legalmente, sin permitirle que se convierta en desestabilizador de la democracia; el Gobierno como colegislador puede frenar esos excesos. 3) Una Función Judicial imparcial, independiente, no manipulable ni mucho menos utilizada para perseguir adversarios, 4.- Organismos de control libres de presiones políticas que cuiden la legalidad y buen uso de bienes y recursos públicos, 5.- Organismos electorales que garanticen la libre participación política de los ciudadanos, 6.- Transparencia y Rendición de cuentas. En síntesis, actuar como un régimen apegado a Derecho, sin excluir que se coordinen acciones cuando el interés nacional lo demande. El actual gobierno ha tenido una reacción equivocada e intolerante ante las últimas declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, reclamando el respeto a las reglas de una democracia. Esa crítica, hecha democráticamente, con la cual se puede coincidir total o parcialmente, o estar en desacuerdo, debió ser tomada para corregir actitudes que perjudican al propio gobierno. El presidente, si estaba en desacuerdo con esas opiniones hechas por un indiscutido líder político, debía rebatirlas con sus argumentos. Eso no ha sucedido, más bien se inició una campaña para descalificar al exgobernante con acusaciones atropelladas e infundadas.