JUECES ANTICORRUPCIÓN

JUECES ANTICORRUPCIÓN

Los jueces anticorrupción eran la esperanza de la Justicia para lograr condenas en contra de las redes de crimen organizado y grupos delincuenciales. En 2022, esta nueva unidad judicial representaba un avance sin precedentes en Ecuador para golpear a las organizaciones delictivas y establecer un mecanismo eficaz de justicia. La unidad debía juzgar 44 delitos de forma exclusiva, siete de corrupción y 37 relacionados con el crimen organizado. Entre ellos: espionaje, terrorismo, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ejecuciones extrajudiciales y persecución. Su sede era Quito, pero podían conocer procesos de todo el país. La unidad, que contó con el respaldo de Estados Unidos, del entonces gobierno de Guillermo Lasso, la Justicia y la academia, ha sido desmantelada. El Consejo de la Judicatura justificó la abrupta decisión, aduciendo que la unidad tenía “carga procesal baja”; es decir, a los jueces les ‘sobraba el tiempo’. Para los vocales del CJ, esta fue suficiente explicación, pese a que fue diseñada como una unidad especializada, el Estado nacional aportó $1,6 millones de dólares para el concurso de selección y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos donó el equipamiento técnico para su operación. Quedan dudas porque la alternativa era fortalecer la unidad con mayor independencia y seguridad luego de las denuncias de presiones políticas y amenazas del crimen. Continuar el trabajo cuando el país sigue golpeado por el narcotráfico, el lavado de dinero para financiar la industria criminal y la corrupción a todo nivel. El Consejo de la Judicatura se encargó de romper uno de los escasos resultados de unidad nacional en los últimos años. El proceso se dio ante una clara necesidad ciudadana, un raro momento de voluntad política por blindar a la justicia de su influencia, la voluntad de profesionales –casi todos de primer nivel– y la confluencia de la asistencia internacional para lograrlo. Su abrupto fin solo deja dudas en la ciudadanía, la sociedad civil y los organismos internacionales.

CLUB LA ESQUINA DEL PAVO CUMPLIÓ SU QUINCUAGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO

El Club La Esquina del pavo cumplió el pasado 07 de septiembre sus 54 años de aniversario, donde sus socios celebraron en la cancha del Barrio Córdova, donde intervienen el campeonato de fútbol sub.50.

“Hicieron un pequeño homenaje entre lo que jugamos en el barrio en el receso del partido, gracias a la colaboración de cada uno de ellos por su respaldo en los torneos que jugamos anualmente”, dijo Vicente Calderón. El Club fue fundado un 7 de septiembre de 1972 en la calle 16 y avenida 15, donde se le puso el nombre en homenaje a un socio que vivía en dicha época por el sector que era conocido como “Pavito”.

Tenemos mas medio siglo como club, seguimos trabajando para seguir fortaleciéndonos en el ámbito deportivo, agradecimientos a los moradores que viven en la actualidad. Esperemos que el próximo año podamos realizar algunas sorpresas en nuestro barrio, estamos seguro seguros que vamos a ser respaldados y apoyado, dijo José Viera. DATO. Club La Esquina del Pavo Fundación 7 de septiembre de 1972 Aniversario 54 años.

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La unidad debía juzgar 44 delitos de forma exclusiva, siete de corrupción y 37 relacionados con el crimen organizado.

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VENEZUELA ACLARA QUE MANTIENE «CONTROL Y PROPIEDAD» DE SU PETRÓLEO TRAS ACUERDO CON EE.UU.

Venezuela mantiene «el control y la propiedad» de su petróleo tras el acuerdo con EE.UU. para explotar 65.000 millones de barriles, afirmó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. «Los recursos del subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela», declaró a Venevisión. Trump calificó el pacto como el mayor de la historia y habló de «control mayoritario estadounidense». Henao lo definió como un acuerdo comercial para atraer inversión y tecnología, garantizando suministro confiable de energía.

El convenio, vigente por 25 años, abarca 17 campos con meta superior a 1,5 millones de barriles diarios. Actualmente Venezuela produce 1.236.000 bpd y prevé llegar a 1,4 millones en 2026, lejos de los 3,1 millones de 1998. Los campos fueron asignados a North American Blue Energy Partners, con 35% de participación del Pentágono. Su director, Alejandro Betancourt, ha sido investigado en España y Suiza por blanqueo y fraude fiscal.

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