Las playas del país están entre las joyas naturales más apreciadas por los visitantes de cualquier parte del mundo. Las aguas cálidas del norte del Ecuador, la variada gastronomía, la fauna marina, las rutas de bellos paisajes que conectan rincones de la Costa y los atardeceres sobre el Pacífico hacen que estos espacios sean inolvidables. Pero, durante el feriado del 10 de Agosto, en Salinas, provincia de Santa Elena, y en Cojimíes, Manabí, se registraron dos sicariatos en los que murieron cuatro personas. Las autoridades suelen minimizar el impacto de estos crímenes al calificarlos como ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales o traficantes de drogas. Pero es innegable que presenciar un asesinato, o ver luego sus imágenes circular en video, es traumático. El impacto es, además, económico cuando la Sierra atraviesa su temporada de vacaciones y miles de familias buscan descansar en las playas. La difusión de este tipo de hechos deteriora la percepción de seguridad y, hacia el mundo, perjudica al turismo y a la inversión. Los asesinatos confirman que los criminales no tienen reparos en atacar en lugares turísticos, llenos de niños y familias, incluso mostrando sus rostros. Es necesario que las autoridades respondan una pregunta: ¿las playas ecuatorianas todavía son seguras? Existe un refuerzo de la seguridad desde hace un mes en distintos balnearios, con presencia policial y militar. Dejar de ocupar el espacio público, y ceder ante el miedo y el crimen enviaría la señal equivocada. Las fuerzas del orden y de Inteligencia deben coordinar una respuesta que evite que el crimen le arrebate a la ciudadanía hasta los espacios de ocio y recreación más elementales, accesibles y democráticos que aún conserva.