Nuevamente, el foco público se posa sobre el dinero de origen no justificado en las campañas electorales, esta vez por la investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos relacionado con el supuesto manejo irregular de la campaña de 2023 de Luisa González. Más allá de este proceso, las denuncias sobre fondos cuyo origen no logra explicarse vuelven a poner en entredicho la transparencia del financiamiento político. El Código de la Democracia prohíbe el uso de recursos ilícitos o provenientes de fuentes no autorizadas. Sin embargo, el control del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de verificar el origen y destino de esos fondos, resulta insuficiente si se limita a revisar documentos una vez terminadas las campañas. Hay que rastrear el dinero, contrastar la información y detectar posibles irregularidades a tiempo. La fiscalización también debe involucrar a la Contraloría General del Estado y abarcar las cuentas de TODAS las organizaciones políticas, sin distinciones ni excepciones. De lo contrario, se abrirá la puerta a toda clase de sospechas. La transparencia electoral no puede depender de que estalle un escándalo o se abra una investigación. La democracia exige cuentas claras a los ciudadanos, pero mucho más a quienes aspiran a ocupar cargos públicos y, sobre todo, a presidir el país.