Enlace de la mafia albanesa en Ecuador de alias “Odín” lavaban dinero usando tokens

Danny Naula, alias ‘Odín’, operador de la mafia albanesa en Ecuador, y su familia son procesados por lavar más de USD 1,5 millones.  
 
Usaban ‘tokens’ con billetes y firmas fachada como Petro&Logic para ocultar el dinero ilícito proveniente del envío de cocaína a Europa, coordinado junto al serbio Jezdimir Srdan. La Fiscalía General del Estado investiga a una millonaria red de lavado de activos vinculada al narcotráfico transnacional. El esquema criminal estaba al servicio de la organización liderada por el serbio Jezdimir Srdan y su socio ecuatoriano, Danny Naula González, conocido como alias ‘Odín’.  
 
Las investigaciones revelan que esta estructura enviaba toneladas de cocaína hacia Europa y lavaba las ganancias en Ecuador. El método principal para coordinar los pagos en efectivo era la modalidad de ‘tokens’, donde se usaban los números de serie de billetes de diferentes denominaciones como contraseñas secretas para autorizar las entregas de dinero. Estos fondos ilícitos ingresaban luego al sistema económico formal ecuatoriano mediante la compra de vehículos de alta gama, propiedades y la utilización de empresas fachada sin actividad real.  
 
El rastro del dinero ilícito y los bienes de la familia Naula se evidenció cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó movimientos por USD 1,5 millones sin sustento económico entre 2018 y 2024, lo que derivó en la formulación de cargos contra los familiares de alias ‘Odín’. Su madre, Jacqueline González, registró depósitos por más de USD 200.000 sin tener actividad económica o declaración de impuestos, dinero con el cual adquirió propiedades en Guayaquil, Playas y Daule. Su hermano, Daniel Naula, movió más de USD 286.000 de manera irregular.  
 
Para evadir el control financiero, utilizó la técnica del ‘pitufeo’ (depósitos consecutivos menores a USD 10.000). Con este método adquirió un yate y una camioneta Toyota Tundra valorada en USD 101.300. Su otra hermana, Jacqueline Naula, adquirió un vehículo Toyota Rush por USD 28.799 mediante depósitos fraccionados efectuados por terceros en un mismo día, incluida una transacción de su hermano, pese a tener ingresos formales de USD 44.486 acumulados en su vida laboral.  
 
La red también incluyó a la abogada Patricia Tapia, quien compró un vehículo Nissan Versa y una oficina en Guayaquil sin registrarla formalmente, reportando ingresos por servicios profesionales que no justificaban sus adquisiciones o los USD 88.360 reportados en 2025. Como resultado, un juez ordenó la incautación de estos bienes automotores e inmuebles, así como la retención de cuentas bancarias por hasta USD 1,5 millones. Además, las hermanas de ‘Odín’ y la abogada tienen orden de prisión preventiva. Mientras que la madre cumple medidas alternativas.  
 
El esquema de lavado de activos, según la Fiscalía, se apoyaba en un entramado societario conformado por empresas legalmente constituidas que servían para dar apariencia de legalidad a los fondos del narcotráfico internacional.  Una de las principales firmas investigadas es Petro&Logic S.A., una compañía de la cual Daniel Naula figuraba como accionista con el 25% de participación corporativa. Esta empresa será vinculada a la causa por lavado de activos.  
 
Pocos días antes de la formulación de cargos, las acciones de esta empresa fueron transferidas a Nathalie Stephania B. T., pareja sentimental de Daniel Naula, es decir, quien también será vinculada al proceso penal. Patricia Tapia ejercía como presidenta activa de Petro&Logic S.A. desde julio de 2025, evidenciando, según las investigaciones, el control familiar y cercano sobre la administración de la entidad jurídica. Adicionalmente, el rastro financiero del caso lleva a la empresa farmacéutica Insupharmed S.A., referida en los reportes investigativos como Insu Family, donde los hermanos Daniel y Jacqueline Naula González, junto con su madre y Nathalie B. T., también mantenían una importante participación accionaria.  
 
Según los documentos judiciales, estas empresas no presentaban una justificación comercial real, ni contratos con el Estado o empresas privadas que respaldaran los altos flujos de dinero en efectivo ingresados al sistema financiero nacional.