¡LA PROMESA QUEDÓ A OSCURAS!
¡LA PROMESA QUEDÓ A OSCURAS!
La promesa de un Ecuador sin apagones vuelve a quedarse a oscuras. En enero de 2024, la Asamblea aprobó la Ley No Más Apagones con 131 votos. Casi tres años después, los cortes eléctricos continúan, las industrias enfrentan nuevas restricciones y los ciudadanos sufren interrupciones sin previo aviso. La crisis energética afecta la producción, los negocios y la tranquilidad de miles de familias. Las restricciones al sector industrial también generan preocupación. El Gobierno debe explicar qué ocurrió con los proyectos anunciados, cuánto se ha avanzado en la generación eléctrica y qué medidas se están tomando para evitar nuevos apagones. La Asamblea tampoco puede desentenderse del problema. Mientras el país enfrenta dificultades con el suministro eléctrico, el debate legislativo ha dado prioridad a otros asuntos. Hace falta una fiscalización más profunda sobre la aplicación de la ley aprobada en 2024 y los resultados obtenidos hasta ahora. El país ya vivió las consecuencias de una prolongada crisis eléctrica y conoce sus efectos. Por eso, cada nuevo corte vuelve a generar preocupación. La ciudadanía tiene derecho a conocer el verdadero estado del sistema energético y las acciones previstas para mejorarlo.
ECUADOR ES UNA ECONOMÍA DE RENTA MEDIA, PERO TIENE PAGOS DE DEUDA DE UNA ECONOMÍA POBRE
Ecuador destina el 23,5% de sus ingresos tributarios al pago de intereses de la deuda pública, más del doble del rango de las economías emergentes (7,5%-9%). El problema no es solo cuánto debe, sino cuánto le cuesta financiarse y con qué frecuencia debe refinanciar. El FMI advierte que el encarecimiento del financiamiento, con deuda elevada y vencimientos cortos, reduce recursos para inversión pública y gasto social y expone al país a las condiciones de mercado. Según Fausto Ortiz, los intereses pasaron del 6,9% de los impuestos en 2011 al 23% en 2019 y al 23,5% en 2025; por cada $100 recaudados, el Estado paga $23,50 en intereses.
Ecuador supera incluso el rango de países de bajos ingresos (9%-15%) y está muy por encima del de economías emergentes. Además, debe refinanciar amortizaciones superiores a $8.300 millones en 2026 y $8.600 millones en 2027, con alta dependencia de financiamiento interno. La dolarización limita la emisión monetaria y el historial fiscal eleva la prima de riesgo. El FMI proyecta que el costo efectivo promedio del financiamiento mundial subirá del 2,3% en 2021 al 3,7% en 2031, y advierte que una mayor aversión global al riesgo podría endurecer las condiciones para emergentes. Para reducir la carga, Ortiz propone crecer más para generar impuestos, ampliar plazos, repotenciar el sector petrolero y mejorar la credibilidad fiscal. Así se liberarían recursos para inversión y gasto social y se reduciría la vulnerabilidad ante tasas internacionales más altas.
MÁS CRÓNICA
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