ESPIONAJE CIBERNÉTICO

Preocupan porque no se tienen antecedentes de que las intervenciones sean legales. Las dos personas que han denunciado las alertas, reales y comprobables, no son investigadas por delitos que atenten contra la seguridad del Estado y la intervención de sus comunicaciones no tendrían orden judicial. Esa es la única manera en la que el Estado puede interceptar comunicaciones privadas, incluso bajo Estado de Excepción, cuya implementación limita cómo y cuándo el Estado puede intervenir comunicaciones y exige la emisión de un informe en caso de hacerlo. El uso de recursos públicos para ejercer control político es también ilegal y podría incluso considerarse peculado si no se demuestra que se lo hace con fines de seguridad nacional. Cualquier intento de ejercer supervigilancia sobre actores de la sociedad civil, sin orden judicial, es ilegal y condenable. El espionaje cibernético es una amenaza real y no viene solo de actores estatales. En este ámbito, la empresa privada puede aportar conocimiento y mejores prácticas. Las grandes industrias, en especial la banca, tienen mucha experiencia en proteger sus sistemas. Así como hay programas que infectan teléfonos y computadoras para saber qué tienen, con quién hablan, y qué comunican sus autores, también hay organizaciones que comprueban estas intervenciones y las exponen. En El Salvador se conoció la intervención que hizo el gobierno de Nayib Bukele a al menos 32 periodistas y otros actores civiles; hecho condenado por la justicia pero sin consecuencias para la intervención ilegal del Estado sobre las libertades civiles. Los actores políticos y sociales deben recordar que el gran enemigo común no es la pluralidad política, sino el crimen organizado.