Fiscalía sostiene que la empresa vinculada con excabecilla de Los Lobos habría servido como fachada para ingresar cerca de $ 13 millones al sistema financiero.
La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, consiguió el llamado a juicio de Gabriela P. P. y la compañía PezyMar Export S. A. S., investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos en torno a alias Mexicano, excabecilla asesinado de Los Lobos. La decisión la tomó el juez de la causa durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio este 19 de mayo. En esta diligencia, el magistrado revocó la medida de prisión preventiva contra la procesada y ordenó presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
El juez también ratificó varias medidas cautelares sobre bienes y cuentas relacionadas con el caso. Entre ellas constan el congelamiento e inmovilización de cuentas bancarias por alrededor de $ 66 millones, la prohibición de enajenar bienes y la clausura de locales vinculados a la investigación. Según la acusación fiscal, la investigación de Fiscalía se inició tras una denuncia anónima que alertó sobre presuntas operaciones de lavado de activos en Manabí. Las indagaciones apuntan a que los procesados habrían canalizado aproximadamente $ 13 millones al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024.
De acuerdo con Fiscalía, esos recursos tendrían origen en una estructura de delincuencia organizada presuntamente liderada por Leonardo Briones Chiquito, alias Mexicano, y su esposa, Mishell Mendoza, ambos fallecidos. La empresa PezyMar Export S. A. S., constituida en 2021 y dedicada a la exportación de productos del mar, habría funcionado como fachada para el ingreso del dinero investigado, según Fiscalía. Durante la audiencia, el fiscal del caso presentó 85 elementos de convicción para sustentar la acusación contra la procesada y la compañía.
Entre las evidencias constan copias certificadas de poderes notariales otorgados a favor de Gabriela P. P., quien presuntamente administraba la empresa y mantenía relación de confianza con la familia Briones Mendoza. La Fiscalía sostiene que la procesada supuestamente habría recibido amplias facultades para manejar operaciones y representar a la compañía investigada. Además, el expediente incorpora informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones inusuales y movimientos financieros considerados sospechosos.
También, en la investigación de Fiscalía constan reportes tributarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), que evidenciarían inconsistencias patrimoniales, así como contratos de compraventa de bienes inmuebles, registros vehiculares y pericias financieras, societarias y contables. El proceso incluye medidas cautelares sobre activos económicos y bienes relacionados con la investigación. El juez ratificó la inmovilización de cuentas bancarias y mantuvo la prohibición de transferir bienes mientras avance el juicio.
En el caso de PezyMar Export S. A. S. también se mantuvieron la suspensión de actividades y la intervención de la compañía por parte de la Superintendencia de Compañías. Dentro de la investigación, Fiscalía recordó que el 21 de agosto de 2025 un juez autorizó la inmovilización preprocesal de cerca de $ 2 millones.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa establece penas privativas de libertad de entre 19 y 22 años para quienes participen en operaciones destinadas a ocultar, transformar o integrar recursos de origen ilícito al sistema económico formal.
