Ecuador no gasta poco en salud, sino mal. Esa es la raíz del problema: un uso ineficiente de los recursos que se traduce en hospitales saturados, falta de medicamentos y atención desigual para millones de ciudadanos. Aunque el presupuesto ha crecido —solo en el Ministerio de Salud Pública (MSP) pasó de $1.153 millones en 2010 a un promedio anual de $2.900 millones en los últimos cinco años—, el sistema no logra convertir ese dinero en mejores servicios. A esa cifra se suman más de $2.100 millones anuales del IESS. En total, más de $5.000 millones al año se destinan a salud pública. Sin embargo, el 60% del gasto se va en sueldos. Esto deja poco margen para medicamentos, equipos funcionales o camas. Como explica el economista Andrés Rodríguez: “El sistema está sobrecargado en gasto corriente y subinvertido en capacidad operativa”. El Banco Mundial advierte que los recursos no generan suficientes servicios. Hay hospitales con el mismo presupuesto pero distinta productividad: mientras uno realiza 30 consultas por médico al día, otro apenas llega a 10, encareciendo el costo por paciente sin mejorar la calidad. El desabastecimiento de medicamentos responde a fallas estructurales: compras fragmentadas, falta de coordinación, precios distintos por un mismo producto y una cadena de almacenamiento deficiente. En 2023, de $200 millones asignados para medicamentos, solo se ejecutaron $100 millones. El sistema es además fragmentado: MSP, IESS, ISSFA, ISSPOL y el sector privado operan sin coordinación. Más de 2.000 unidades de salud compran por separado, como si cada supermercado de una misma cadena negociara solo. Finalmente, el presupuesto se asigna por inercia histórica, no por resultados. Así, se financia la estructura, no el desempeño. Mientras tanto, las familias terminan cubriendo el 32,8% del gasto en salud, muchas veces empobreciéndose para acceder a medicamentos o atención que el Estado no les garantiza.
