En una entrevista con El Telégrafo, el concejal Wilson Merino mencionó que la Contraloría General del Estado (CGE) informará sobre un proceso de fiscalización al Sistema Integrado de Recaudación del Municipio.
De acuerdo con la información expuesta por Merino, la contraloría emitió un informe con responsabilidades administrativas por cerca de USD 80.000 y determinó un presunto perjuicio económico que alcanzaría los USD 2,5 millones.
Merino informó que el documento no solo establece observaciones administrativas, sino que abre la puerta a la posible configuración de un delito de peculado, lo que implicaría responsabilidades penales que deberán ser analizadas por la Fiscalía.
El concejal sostuvo que, ante este escenario, lo esperable habría sido la renuncia del gerente de la Empresa de Pasajeros o, en su defecto, una solicitud directa del alcalde Pabel Muñoz para su separación del cargo.
