LA URGENCIA NO JUSTIFICA LA IMPROVISACIÓN
Las contrataciones públicas deberían ser mecanismos claves para garantizar que los recursos del Estado se invierten con criterio, eficiencia y transparencia. Sin embargo, en Ecuador pareciera que esta regla ha quedado relegada frente a una flexibilidad excesiva, que evade procesos y que lejos de agilizar la gestión da pie a contrataciones fallidas. Casos como estos ya se vieron durante la crisis eléctrica, cuando el Gobierno adjudicó a una empresa sin experiencia la responsabilidad de cubrir parte del déficit energético del país. Ahora el patrón se repite con otra firma a la cual se le ha pretendido entregar un contrato para desarrollar el sistema de agendamiento de citas para la salud pública. Una pequeña empresa con apenas cien dólares de capital y con régimen tributario para emprendedores (RIMPE), al cual deben sujetarse, por ejemplo, los distribuidores de periódicos que, paradójicamente, han sido objeto de persecución por parte del SRI. Es urgente que las autoridades rompan el patrón de contratación improvisada. No se puede seguir adjudicando servicios públicos poniendo en riesgo recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos. La urgencia de implementar cambios no puede servir de pretexto para sacrificar la rigurosidad, la transparencia y, mucho menos, la honestidad con la que deben manejarse esos fondos.
