El proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, presentado por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, no solo crea un tipo penal para encarcelar hasta por 30 años a quienes pertenezcan a grupos delincuenciales organizados, también tiene una sección completa sobre los procedimientos a seguir para el juzgamiento de quienes hayan cometido delitos en el marco de un conflicto armado interno, procedimientos que se aplicarán a quienes participen, de manera directa o indirecta en los GDO.
Ellos serán juzgados por jueces especializados en una sola audiencia que será convocada en un plazo máximo de 15 días después de la detención. Es el tiempo que tendrá el fiscal especializado para la práctica de diligencias.
Los jueces podrán suspender las audiencias por una sola vez y retomarlas máximo en tres días. Y cuando un fiscal se abstenga de acusar, el caso pasará al fiscal provincial para que ratifique o revoque la abstención.
Para policías y militares que sean detenidos por un hecho relacionado al «cumplimiento de su deber» en ningún caso aplicará prisión preventiva, ni uso de dispositivo electrónico y el Presidente de la República podrá otorgar un indulto anticipado. Mientras que el Bloque de Seguridad podrá disponer la detención con fines investigativos de personas que formen parte de un grupo armado organizado, sin necesidad de orden judicial.
Lo mismo en el caso de allanamientos, la propuesta plantea que «el domicilio o lugar donde el grupo armado organizado o sus miembros desarrollen sus actividades podrá ser allanado sin necesidad de orden judicial».
Si el proyecto es aprobado por la Asamblea, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para capacitar a jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno.
