Tras la decisión del conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Aguirre, de declarar que no existen vicios de nulidad en el caso Reconstrucción de Manabí, se avanzó a la fase de dictamen acusatorio contra los imputados, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Walter Solís, ambos vinculados al correísmo.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó la acusación contra los nueve procesados, señalándolos como autores directos del delito de peculado. Los acusados son:
- Jorge Glas, exvicepresidente de la República.
- Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.
- Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
- Walter Solís, exministro de Obras Públicas.
- Boris Córdova, exviceministro de Obras Públicas.
- Franklin Bernal, exsubsecretario del Ministerio de Obras Públicas.
- Omar Chamorro, exsubsecretario del Ministerio de Obras Públicas.
- Milton Maldonado, exgerente de Proyectos de Ecuador Estratégico.
- Víctor Jaramillo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras.
Según la Fiscalía, todos habrían incurrido en peculado, conforme al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción se castiga con penas de prisión que van desde los diez hasta los trece años.
Acusación de la Fiscalía y presunto desvío de fondos
El peculado, clasificado dentro de los delitos contra la administración pública, sanciona a los servidores o proveedores del Estado que se apropien, desvíen o dispongan arbitrariamente de bienes públicos en beneficio propio o de terceros.
En su dictamen acusatorio, Toainga citó el artículo 278 del COIP en concordancia con el artículo 42, numeral 1, literal a, que define la autoría directa como la ejecución inmediata de una infracción. Para la Fiscalía, los acusados priorizaron proyectos ajenos a la emergencia y reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Como consecuencia, los fondos obtenidos mediante la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana fueron utilizados en obras que no respondían a las necesidades urgentes de la población de Manabí y Esmeraldas.
Además, la investigación reveló que ciertas obras fueron favorecidas por intereses personales de los procesados y personas cercanas a ellos. Se detectaron irregularidades en la contratación pública y se identificó que una empresa vinculada a familiares de Carlos Bernal habría recibido beneficios directos. Se estima que el desvío de fondos asciende a aproximadamente $367 millones.
Desarrollo de la audiencia y acusaciones adicionales
La audiencia se instaló poco después de las 09:00. Para confirmar la validez del proceso, el conjuez Aguirre analizó cada una de las observaciones planteadas por las defensas técnicas, entre ellas la supuesta prolongación indebida de la etapa de investigación y posibles vulneraciones al derecho a la defensa.
Durante la diligencia, Aguirre también abordó la denuncia de Jorge Glas, quien afirmó haber sido víctima de tortura durante su detención, ocurrida el 5 de abril en la Embajada de México en Quito. Ante esta acusación, el magistrado ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación sobre el presunto delito de tortura.
