Un nuevo lío se desata entre la Presidencia y la Asamblea Nacional. Esta vez por la Ley de lavado de activos, la cual el Parlamento asegura fue vetada fuera de tiempo y algo que el Ejecutivo niega.
En la mañana de este lunes 29 de julio, la Asamblea aseguró que Daniel Noboa tenía hasta el 24 de julio para hacer un pronunciamiento respecto a la Ley de lavado de activos, pero esta llegó el 25 de julio, por lo que cualquier objeción “ya no tenía validez por ser extemporánea”. Por eso la envió al Registro Oficial para que todo lo reformado ya se empiece a aplicar.
Entre esos cambios consta la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el cual será elegido por la Asamblea de una terna que envíe el Presidente. Esa reforma había sido objeta parcialmente por inconstitucionalidad, ya que Noboa indica que la designación del director de la UAFE es una potestad exclusiva del Ejecutivo.
Lo hizo el 25 de julio y la Presidencia también asegura que fue hecha dentro de los plazos, pues “el proyecto de ley fue recibido el 25 de junio”. En consecuencia, la Presidencia anunció que “demandará este acto por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional”.
