El movimiento correísta Revolución Ciudadana, que mantiene en su agenda enjuiciar a Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por presunto incumplimiento de funciones, no tendría, hasta el momento mayoría en la Comisión de Fiscalización para aprobar un informe que recomiende al Pleno continuar con la interpelación.
El correísmo, a través de la legisladora Gissella Garzón, inició el proceso contra Salazar el 23 de noviembre de 2023. Su suerte, al frente de la Fiscalía, podría estar definida hasta mayo o junio de 2024. Sin embargo, el intento del correísmo de censurar y destituir a Salazar, podría dar un giro en la Asamblea a raíz de la detención, para fines investigativos, de Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), dentro de una indagación fiscal por presunta delincuencia organizada.
En la trama también son investigadas otras once personas.. En la Comisión de Fiscalización del Parlamento se necesitan al menos cinco votos para recomendar al Pleno de la Asamblea que se continúe con una interpelación, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Los cuatro votos (Pamela Aguirre, Ronald Gonzales, Sofia Espín y Lenin Barreto) que la Revolución Ciudadana tiene en esta mesa legislativa, no alcanzarían para aprobar un informe que recomiende al Pleno continuar con el juicio a la fiscal. En su intento, el correísmo tendría que cabildear con sus aliados, o del Partido Social Cristiano (PSC) o del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) para sumar los cinco votos que se requiere para aprobar un eventual informe.
Este 5 de marzo de 2024, el PSC en la Asamblea se desmarcó y se desentendió del exlegislador Pablo Muentes, que está en medio de una investigación fiscal, y de paso dejó definida una posición en torno al juicio a Salazar. “En relación al juicio político a la Fiscal Salazar, la posición de la bancada es la misma, nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal general”, declaró Vicente Taiano (PSC) a periodistas en la Asamblea. El bloque oficialista ADN, hasta el momento, también mantendría una postura en contra del juicio y sus tres legisladores en la Comisión de Fiscalización (Luis Alvarado, Ramiro Vela y César Umajinga) optarían por marcar distancia.
