El turismo es la tercera fuente de ingresos a la economía nacional. Por eso, cámaras y gremios del sector, que representan a más de 25.000 empresas de alojamiento, alimentos y bebidas, operación e intermediación, transporte turístico, proponen medidas adicionales que pueden añadirse al «Proyecto de Ley Orgánica Económico Urgente para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo«, enviado el pasado 23 de febrero de 2024 a la Asamblea. «El sector está en crisis y se encuentra severamente afectado por cancelación de reservas y paquetes turísticos, eventos, disminución de ventas y demás.
Es imprescindible que el Estado, adopte medidas que posibiliten la recuperación, reactivación y fomenten el desarrollo del sector turístico», aseguran los representantes del sector A continuación, se detallan las principales propuestas de las cámaras y gremios turísticos:
1. Para fomentar la demanda e incentivar la reactivación: Establecer en 5% la tarifa del Impuesto al Valor Agregado para las actividades turísticas (como a los materiales de construcción); y, crear en los próximos 60 día5 un programa para estimular el Turismo Interno a través de un préstamo quirografario del IESS.
2. Incentivos para la operación y desarrollo del sector: Establecer doble deducción para el cálculo del impuesto a la renta por gastos incrementales en seguridad y para negocios de turismo que se certifiquen sostenibles. Aplicar tarifa industrial o comercial, la más baja del servicio público de energía eléctrica para establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo; y, exoneración del 100% del impuesto a la renta por los rendimientos que les genere a los inversionistas por su participación en el financiamiento bursátil, extrabursátil o de mecanismos no tradicionales de financiamiento de proyectos turísticos.
3. Promoción turística: Crear una Empresa Pública de Promoción del Turismo del Ecuador. Funcionarios del ministerio de Turismo del área de promoción pasarían a esa nueva empresa pública. Los gremios turísticos aseguran que no habría incremento de burocracia, ni gasto del Estado. Gastos corrientes hasta el 10% y el resto en inversión.