La crisis del transporte en Quito llegó a la Asamblea. El alcalde Pabel Muñoz culpa a una reforma al Código de Organización Territorial (COOTAD), aprobada en febrero, que le impide pagar compensaciones a los transportistas.
La ley obliga a destinar el 70 % del presupuesto municipal a inversión y solo el 30 % a gasto corriente. Muñoz sostiene: “Hay una partida limitada y una penalización al gasto corriente; un sector juega a la politiquería”. Su bancada, la Revolución Ciudadana, respalda la explicación. El oficialismo (ADN) la rechaza. El asambleísta Andrés Castillo recuerda que el Gobierno nacional advirtió con ocho meses de anticipación: “Cada municipio debía tomar medidas para evitar crisis; solo Quito tiene problemas”. El correísmo contraataca: acusa al Ejecutivo de usar el caos como “arma electoral” para presionar a los municipios opositores, a meses de las elecciones.
