El Decreto Ejecutivo 366, firmado por el presidente Daniel Noboa, oficializa el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Entre las normativas del documento, se introducen reformas para separar a personas privadas de libertad (PPL) que no han cometido delitos violentos de la población penitenciaria común o por crimen organizado.
SEPARACIÓN DE POBLACIONES Y NUEVOS CENTROS El decreto dispone la creación de infraestructura específica para deudores de pensiones alimenticias e infractores de tránsito. La medida busca evitar que estos ciudadanos convivan con «presos de alta peligrosidad», protegiendo su integridad y evitando que sean reclutados por bandas criminales. En los centros ya existentes donde no se pueda crear una estructura independiente, el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) deberá habilitar secciones «estrictamente» diferenciadas.
