El Gobierno puso en marcha una estrategia para proteger los ingresos derivados de la exportación de crudo, en medio de un escenario internacional marcado por la inestabilidad de los precios.
La estrategia, conocida como cobertura de precios, permite fijar un valor mínimo por barril, con el objetivo de evitar pérdidas ante eventuales caídas en el mercado global. El programa cubre una parte significativa del volumen de exportación proyectado hasta finales de 2026, lo que representa un respaldo importante para la
planificación económica.
El esquema fue ejecutado por la empresa estatal Petroecuador con el respaldo del Banco Central del Ecuador (BCE), que actuó como agente fiscal dentro del marco legal vigente para este tipo de operaciones. Esta herramienta permite reducir la incertidumbre en el manejo de los recursos públicos y mejorar la capacidad de respuesta frente a cambios bruscos en los precios del petróleo.
