El presidente de Ecuador propone que la Asamblea Nacional designe al fiscal, contralor, defensor del Pueblo y otras autoridades mediante comisiones técnicas basadas en meritocracia y con control ciudadano.
El presidente Daniel Noboa remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el contenido final de una enmienda constitucional para eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades públicas. La propuesta traslada esa competencia a la Asamblea Nacional a través de nuevos procesos públicos de selección. El documento ingresa en pleno período electoral y deberá seguir el trámite ante la Corte Constitucional.
En el oficio, Noboa cuestiona el funcionamiento del organismo al señalar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social concentra actualmente la designación de decenas de autoridades. Además, sostiene que buena parte de los recursos del organismo se destinan a gasto administrativo, en detrimento de sus funciones sustantivas. Ese diagnóstico sustenta la necesidad de una reforma estructural al modelo de designación vigente en Ecuador.
La propuesta plantea modificar varios artículos de la Constitución para que la Asamblea Nacional asuma la designación y posesión de autoridades clave del Estado. De esta manera, el Ejecutivo traslada al Legislativo una función que hasta ahora recae en el CPCCS, con el argumento de generar mayor transparencia en los procesos de selección. Entre las autoridades cuya designación pasaría a manos de la Asamblea constan el fiscal general del Estado, el contralor, el defensor del Pueblo, el defensor Público, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, las superintendencias, la Procuraduría General del Estado y los miembros del Consejo de la Judicatura.
Así, la enmienda abarca prácticamente la totalidad de los organismos de control y regulación del Estado ecuatoriano. La pregunta del referendo consulta a la ciudadanía si está de acuerdo con eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que realice estas designaciones de acuerdo con el anexo planteado por el Ejecutivo.
La redacción de la consulta apunta a vincular el cambio con principios de transparencia y control democrático. El texto detalla dos vías para la designación de autoridades. En unos casos, la Asamblea designaría a partir de postulación ciudadana y, en otros, mediante ternas enviadas por el Presidente de la República. Para ello se conformarían comisiones técnicas de selección con delegados de las funciones del Estado, ciudadanos y representantes de las universidades. Estos cuerpos colegiados operarían como filtro técnico antes de que la Asamblea tome la decisión final.
Estas comisiones tendrían a su cargo la revisión de requisitos, la valoración de méritos, la resolución de impugnaciones y la elaboración de informes vinculantes. De esta manera, el Ejecutivo busca estructurar un proceso con mayor control que el modelo actual a cargo del CPCCS, al incorporar actores de la academia y la sociedad civil en la preselección de candidatos. La propuesta incorpora cambios específicos en la integración del Consejo de la Judicatura y en el sistema de designación de miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral.
El argumento del Ejecutivo apunta a reforzar principios como la transparencia, la publicidad, la meritocracia y la separación de poderes en los organismos más sensibles del Estado. En el oficio, el presidente Noboa indica que remite el contenido final de la enmienda al CNE para que el organismo proceda con su notificación a la Corte Constitucional, conforme al trámite previsto.
De esta forma, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enfrenta una propuesta que transformaría de manera estructural su rol dentro del Estado ecuatoriano, en caso de que la ciudadanía apruebe la consulta en las urnas.
