En un nuevo capítulo del litigio por el presunto fraude de Progen Industries, la empresa pública Celec EP presentó el 3 de abril de 2026 su respuesta ante la Corte Federal del Distrito Medio de Florida.
El documento judicial al que accedió EXPRESO rechaza la solicitud de protección de movimientos financieros planteada por los demandados, con la cual buscan bloquear el acceso a datos bancarios y registros de transferencias clave para rastrear el destino de los fondos públicos. Según el escrito, Progen no ha proporcionado pruebas significativas hasta la fecha. Sin embargo, información de terceros como Regions Bank revela que, para el 30 de enero de 2026, la cuenta que recibió los depósitos del Estado ecuatoriano tenía un saldo de $ 0.
El dinero fue drenado hacia cuentas personales, familiares y empresas intermediarias antes de asegurar la operatividad de los equipos eléctricos que debían proveer de 150 MW, desde las centrales de El Salitral y Quevedo, sobre los que hasta la fecha Ecuador no ha recibido ni un solo vatio. La respuesta de Celec asegura que Progen involucró a la compañía ecuatoriana Astrobryxa S.A., propiedad de Karla Saud Calero y José Walther Manrique Suárez, en lo que denomina una «actividad criminal».
Bajo el pretexto de subcontratación para instalar generadores en Quevedo y Salitral, Progen admitió el desvío de $ 20 millones hacia esta firma. Además, se identificaron pagos directos a Karla Saud Calero, copropietaria de dicha empresa. En este esquema también aparece Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. (FYI Group), propiedad de Fabián Yar Imbaja. Los registros financieros exponen que, entre febrero y marzo de 2025, esta firma recibió un total de $ 3,25 millones.
Inycofyi figuraba como operadora técnica local vinculada a los intermediarios de Astrobryxa y formaba parte del entramado para asegurar contratos durante la emergencia energética de 2024. Yar Imbaja, además, obtuvo en esa época otro contrato por $ 18,5 millones con Elecaustro para la termoeléctrica El Descanso, afuera de Cuenca.
