Tras la aprobación de la reforma al COOTAD, publicada como Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, autoridades locales y movimientos políticos acudirán a la Corte Constitucional del Ecuador.
La norma modifica la administración de recursos en gobiernos autónomos descentralizados e incluye una regla mínima de gasto: municipios y prefecturas deberán destinar un porcentaje creciente de su presupuesto a inversión en obras y servicios públicos, con metas progresivas hacia el 70% del gasto total en los próximos años.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, anunció una demanda de inconstitucionalidad por vulnerar la autonomía territorial y la descentralización. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que la ley podría ser una de las más impugnadas, y que varios sectores municipales se sumarán a las acciones legales.
En paralelo, prefectos y alcaldes señalaron que la modificación de competencias sin diálogo previo podría impactar programas sociales y servicios municipales.
