EFECTO DOMINÓ
Si el Estado da el primer paso para incentivar al sector privado a instalar sistemas de generación eléctrica con exoneraciones tributarias, este debería liderar el proceso de cambio de cultura. Solo cuando corporaciones como las que administran los aeropuertos de Guayaquil y Quito, y los conglomerados empresariales que son propietarios de grandes centros comerciales decidan invertir en sistemas alternativos como los fotovoltaicos para sus instalaciones, habrá un golpe de efecto que animará a la población con ciertas posibilidades económicas a decidirse a replicarlo a escalas más pequeñas, como sus oficinas y hogares. Esta transición podría hacerse progresivamente para ir amortizando la inversión, aún elevada, que este cambio implica, pero el depender lo menos posible de un Estado incapaz de ofrecer un servicio eficiente y constante, debería motivar al sector privado a incursionar en iniciativas novedosas y renovables a fin de conseguir a mediano plazo la completa autonomía energética. En países como España, y en estados como California, en EE.UU., el sector privado lo ha logrado, al punto de haberse convertido en el principal proveedor del Estado. La crisis que atravesamos es el momento idóneo para hacer las reformas legales y tributarias necesarias para que el país pueda realmente iniciar la transición hacia nuevas fuentes de generación de energía.
