LA MISMA NORMA DE SEGURIDAD PARA TODOS
Continúan saliendo a la luz los excesos y abusos detrás de los contratos colectivos que imperan en el sector público. Traspasos ilegales, contratos firmados sin respaldo económico, beneficios a mansalva, indemnizaciones por despido absurdamente elevadas, incluso premios a una supuesta eficiencia que jamás se ha visto—bajo el eufemismo de “remuneración variable”— son algunos de los elementos que se esconden detrás de esta indefendible figura. Todo ello en un país en el que el empleo adecuado es dolorosamente escaso, y encontrar un puesto de trabajo resulta cada vez más difícil. La indignación se justifica. Los contratos colectivos son rezago de una época y de una visión que el país ya necesita superar. Así como nuestro Código del Trabajo obedece a la mentalidad de hace un siglo, las relaciones laborales en el sector público siguen la lógica estatista de la época del boom petrolero. Se asumía que el crecimiento económico sería permanente y que, por lo tanto, el empleo en el sector público era una forma de socializar la riqueza e integrar territorios y ciudadanos al Estado. Hoy, cuando la situación es absolutamente diferente, esa visión conlleva una nociva camisa de fuerza. Mientras en la economía mundial priman la competencia, la eficiencia y la necesidad de, con ayuda de la tecnología, hacer cada vez más con menos, en nuestro Estado sigue privilegiándose la “ejecución de presupuesto”, la búsqueda de maneras de justificar más y más gasto, y la contratación de personal, aunque sea para tareas inútiles.
