Estudiantes relacionados con grupos de delincuencia organizada. Esa es la dura realidad que golpea al sistema educativo de la provincia de Manabí. Así lo reveló la Policía Nacional y desde el Ministerio de Educación aseguran que están tomando acciones en este tipo de casos que son focalizados. La problemática fue dada a conocer el pasado 3 de septiembre de 2025 tras el crimen de una estudiante de 16 años en los exteriores de un colegio en Manta. Además, la Policía aseguró que la alumna “era colaboradora de Los Choneros” y que el ataque fue dirigido, es decir no fue una víctima colateral. “Pero hay que entender que esto no es un tema sistémico, no es que pasa en todas partes, no es que pasa en todas las instituciones, está focalizado y como Ministerio de Educación tenemos bastante claro en qué lugares está pasando y estamos tomando varias formas de prevenirlo”, informó  Maximiliano Núñez Tomaselli, coordinador zonal 4 de Educación. El funcionario detalló que esta situación está mapeada: “son cuatro cantones de la provincia: Manta, Sucre, Tosagua y Chone”, pero aclaró que esto no ocurre en todo el territorio, es decir, son lugares o instituciones educativas específicas. No es una problemática única de Manabí. Existe una normalización de la “presencia de grupos criminales en barrios y escuelas, donde operan, principalmente mediante la seducción, vínculos familiares y comunitarios, y en menor medida a través de la coerción”, es una de las conclusiones de una investigación publicada en junio de 2025 y denominada:

Estudio sobre la vinculación de niños, niñas y adolescentes a organizaciones criminales en Ecuador. La investigación está respaldada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), FLACSO Ecuador y el programa Comunidades Seguras. Maximiliano Núñez Tomaselli aseguró que en Manabí existen 365 instituciones priorizadas “que tienen inclusive un contrato de seguridad privada durante las 24 horas del día”. En la provincia hay 1.900 instituciones educativas. Núñez agregó que los menores de edad relacionados a estos casos “ninguno ha sido estudiante común, es decir a temas que no son normales, ya la Policía tiene identificado, no podemos hablar mucho de los detalles, porque la Policía hace sus trabajos de inteligencia”.

CASO REINCIDENTE El caso de Portoviejo se registró el pasado 3 de septiembre de 2025, cuando a un estudiante de 15 años se le encontró en su mochila un arma de fuego, tipo cartuchera (no había municiones). Según información policial, no era la primera vez que el menor de edad tenía problema en este colegio, ya que había agredido a un estudiante y le produjo varios cortes con una tijera. “Este estudiante ya tuvo una situación hace más de un año, se lo separó de la institución, se tomó las medidas correspondientes y se lo encuentra de nuevo (con un arma). Ya es un tema que se nos escapa, es un tema del entorno familiar, inclusive está bastante normalizado. Al pasar estas situaciones a manos de la Policía, Dinapen”, manifestó el funcionario de educación. En referencia a este caso, el día de la novedad, el comandante Naranjo mencionó que:

“Las instituciones siguen siendo lugares seguros, todos los casos que hemos visto de violencia suceden afuera”, aclaró Núñez. En lo que va de 2025 se han evidenciado tres asesinatos de estudiantes en los exteriores de instituciones educativas de la provincia; se han concentrado en Chone, Sucre y Manta.

¿CÓMO DEBE ABORDARSE ESTA REALIDAD? Según, la investigación sobre vinculación de niños, niñas y adolescentes a organizaciones criminales en Ecuador, la prevención debe abordarse de forma integral, “articulando acciones entre escuelas, familias, comunidades, autoridades locales y el propio Estado. El fenómeno excede el ámbito penal y demanda respuestas sociales sostenidas y coordinadas”. Además, en el documento se insiste en la urgencia de intervenir en los territorios más vulnerables con programas de desarrollo social, fortalecimiento del tejido comunitario y acceso efectivo a derechos básicos. “Solo así será posible reducir las condiciones estructurales que favorecen la vinculación de adolescentes a grupos criminales, y promover alternativas reales que les permitan construir un proyecto de vida al margen de la violencia y la ilegalidad”. El funcionario agregó que es necesario tener en cuenta que “tenemos una situación heredada en el sistema educativo bastante compleja, por eso estamos recuperando desde infraestructura, recursos educativos, trabajar desde el currículum, los valores, recuperar no solo la parte académica, sino el ser que sean buenas personas. La implementación de las materias, como cívica, ética e integridad, son importantes”. También se refirió a la importancia del Plan Nacional ‘Nos Cuidamos’ para recuperar el tejido social. La iniciativa está en marcha desde el 1 de septiembre de 2025 y busca garantizar la seguridad y protección para docentes, estudiantes y entornos educativos. El plan está diseñado para enfrentar de manera integral la violencia, los riesgos psicosociales y el abandono escolar. Además, permite a la Policía Nacional ingresar a las instituciones educativas por tres razones: flagrancia, orden judicial y riesgo inminente.

Los “narcovelorios y funerales” en Ecuador no son registros inéditos y a través del tiempo han venido enquistándose, sobre todo en la provincia de Manabí, donde operan organizaciones de narcotráfico y crimen organizado. Este fenómeno también evidencia realidades más sensibles y profundas, como la poca o nula presencia del Estado en territorios vulnerables. Expertos coinciden en que no se trata de actos irracionales, sino de una comunicación codificada y una herramienta de cohesión social para los miembros de los grupos criminales. El coronel de la Policía Nacional y comandante en la subzona Manabí, Wladimir Acurio, informó que realizaron un análisis antropológico sobre la cultura de la muerte narco en la zona 4, en la cual evidenciaron que en contextos como el de Manabí “no solo expresa dolor o respeto, sino que administra la vida y la muerte bajo una lógica criminal”.

Mientras que Freddy Sarzosa, exdirector de Investigaciones y exsubcomandante General de la Policía, sostuvo que “en el caso de la muerte de algún líder o miembro de un Grupo de Delincuencia Organizado (GDO), hay que entender que tienen una narcocultura que se manifiesta a través de códigos, entonces partimos de que tenemos un lenguaje tumbero (argot o lenguaje del mundo criminal), no únicamente en Ecuador, sino en Colombia, México, Perú y El Salvador; se trata de una transculturización”. El experto en criminalística Luis Lara agrega que lo que buscan los grupos criminales con este tipo de ‘homenajes’ es enviar un mensaje de poder. “No de pena, ni de nostalgia, se llaman mensajes subliminales para que la gente perciba”. En el caso de Manabí, la Policía ha identificado que realizan caravanas en motocicletas, disparos al aire, cierre de calles, exhibición de ataúdes lujosos, música narco, fuegos artificiales, murales, altares, bailes al ataúd, consumo de licor y difusión de videos en redes sociales. Además, la fuerza pública ha mapeado que este tipo de narcofunerales se da sobre todo en barrios considerados zonas rojas o priorizadas, por lo que buscan prevenirlos con mayor presencia policial. El documento del análisis antropológico de la Policía también se refiere a que la cultura narco crea una estética del poder basada en el “culto al cuerpo, la muerte y la inmortalidad simbólica” y especifica que los funerales son:

Escenarios de escenificación del poder, es decir, el narco murió, pero el control continúa. Eventos de refuerzo comunitario, donde el dolor se convierte en sumisión o complicidad. Herramientas de reclutamiento simbólico: los jóvenes del barrio admiran el poder del difunto, no su destino. Incluso se destaca que, en Manabí, muchos adolescentes “internalizan estas escenas como aspiracionales: el muerto no es una víctima, es un héroe caído”. Este tipo de prácticas no son propias de Ecuador, pero en el país, y en el caso de Manabí, las autoridades han identificado la presencia de carteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) y colombianos, también de otras agrupaciones internacionales. Entonces, de allí los expertos creen que se adoptaron estos homenajes. Por ejemplo, en la provincia, los dos Grupos Armados Organizados (GAO) que mantienen una ‘guerra’ declarada, son Los Lobos y Los Choneros, ahora también designados Organizaciones terroristas extranjeras. En el caso de Los Lobos se aliaron a Jalisco Nueva Generación y Los Choneros a Sinaloa.

FASCINACIÓN CON LA VIOLENCIA Según Freddy Sarzosa, lo más común es que los miembros de la organización ubican “sus armas al interior del ataúd, joyas, camisetas o banderas del equipo del fútbol del que era hincha el occiso. Lo que más causa temor y miedo es que ellos mismos se filman y viralizan (por redes sociales) este tipo de rituales al resto de la sociedad”. ¿Para qué viralizan los videos? – según Sarzosa, el trasfondo es dar a conocer al resto de la población “su cultura o veneración al culto de la muerte de diferentes maneras, a diferencia de un ciudadano común y corriente. Sobre todo hay una falta de reacción del Estado al permitir este tipo de eventos”.

La violencia criminal sigue en aumento en la provincia de Manabí. Según informó El Diario de Manabí, con datos proporcionados por Wladimir Acurio, jefe de la Sub zona de Policía, hasta el 21 de agosto se contabilizan 769 muertes violentas en lo que va de 2025, un incremento de 263 casos frente a los 506 reportados en el mismo período del año pasado. Los distritos de Manta y Portoviejo son los más afectados, con 319 y 218 casos respectivamente, sumando entre ambos 537 muertes. El 98% de estos hechos están relacionados con disputas entre bandas delictivas, especialmente en Manta, donde dos grupos rivales, cuyos líderes ya están identificados, mantienen enfrentamientos que dejan graves consecuencias en la seguridad ciudadana. A nivel nacional, la provincia cuenta con dos distritos priorizados:

Portoviejo y el que agrupa a Manta, Montecristi y Jaramijó. Ante este panorama, la Policía ha intensificado operativos de control y prevención. Uno de los más relevantes fue el operativo Apolo 21, ejecutado en Portoviejo y otros cantones, que dejó más de 20 detenidos, además de la incautación de armas de fuego, dinamita, droga y otros indicios. También se reportó la captura de tres presuntos extorsionadores en Jipijapa y la detención en Jaramijó de un prófugo de Esmeraldas, buscado por asesinato. Acurio enfatizó que las acciones buscan desarticular redes criminales y reducir la incidencia delictiva. Además, se han recuperado vehículos, decomisado municiones y fortalecido el trabajo de inteligencia en los distritos priorizados. La Policía Nacional insiste en que el objetivo es disminuir las cifras de violencia y recuperar el control en la provincia, por lo que exhorta a la ciudadanía a colaborar con información que permita avanzar en las investigaciones.

La Dirección Zonal 4 del Ministerio de Ambiente y Energía y la Comunidad de San Lorenzo de Manta, suscribieron un Contrato de Comodato para la entrega de un inmueble de 2.887,57 m² por un período de 50 años. En este espacio se construirán dos infraestructuras estratégicas: La sede administrativa del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche y las facilidades destinadas al turismo responsable y a los emprendimientos comunitarios de la parroquia San Lorenzo. “Hoy (Ayer) marcamos un hito histórico.

Desde esta cartera de Estado cumplimos con Manabí, acercando nuestros servicios a la ciudadanía, agilizando trámites y promoviendo un turismo sostenible que impulsa el Nuevo Ecuador”, señaló Miguel Ángel Peña, director Zonal. Por su parte, Klever Reyes, presidente de la Comuna San Lorenzo, expresó: “Agradecemos al Ministerio de Ambiente por pensar siempre en nuestras comunidades. Queremos seguir trabajando juntos para fortalecer las buenas prácticas ambientales y el uso sostenible de los recursos naturales”.