En Manta parece existir un pequeño sector que ha convertido la oposición a cualquier proyecto en una especie de deporte local. No importa si se trata de una nueva infraestructura, una inversión privada o una obra destinada a generar empleo: primero se grita, después se acusa y solo en último lugar, si acaso, se revisan los datos. La ampliación del Patio 600 del Terminal Portuario de Manta ha vuelto a despertar ese espíritu mezquino que confunde la defensa de la ciudad con la obligación de oponerse a todo. Se ha querido instalar la idea de que TPM pretende apoderarse de la playa El Murciélago. Sin embargo, la superficie anunciada para la ampliación es de aproximadamente 30.000 metros cuadrados —tres hectáreas— y se encuentra dentro del área establecida para la expansión portuaria y de la concesión administrada por la Autoridad Portuaria de Manta. De acuerdo con la información del proyecto, esto representa alrededor del uno por ciento de la extensión total de la playa. ¿Es razonable afirmar, entonces, que se están llevando El Murciélago? La inversión supera los 2,3 millones de dólares y su ejecución está prevista en aproximadamente 180 días. Se anuncia la creación de cerca de 300 empleos directos, con mano de obra manabita, y más de 600 empleos indirectos. Además, la ampliación permitiría incrementar la capacidad de almacenamiento y mejorar el manejo de la carga portuaria. Para una ciudad que necesita empleo, actividad económica e inversión, estas cifras no pueden ser despreciadas únicamente por prejuicios ideológicos, rivalidades políticas o protagonismos personales. También debemos hablar con sinceridad del lugar que será intervenido. No estamos hablando de la zona central de El Murciélago, donde se bañan las familias, funcionan los restaurantes y se desarrollan actividades deportivas. Se trata de un extremo colindante con el puerto que durante años ha acumulado basura, desperdicios, colchones abandonados, preservativos y toda clase de desechos. Quienes transitábamos hace años por ese extremo de la playa conocemos perfectamente cuál era su verdadera situación. No lo sabemos por fotografías recientes ni porque alguien nos lo haya contado: lo vimos con nuestros propios ojos. demás de la basura y los desperdicios, también fuimos testigos de las aguas negras que llegaban hasta ese sector desde viviendas cercanas. Durante mucho tiempo convivimos con el abandono, los malos olores, la maleza y la contaminación, sin que entonces aparecieran con la misma fuerza quienes hoy pretenden presentarse como defensores históricos de El Murciélago. Resulta curioso que algunos hayan descubierto ahora una repentina vocación ecológica. Durante años guardaron silencio frente al deterioro de ese espacio; pero hoy, cuando se plantea recuperarlo para una obra vinculada al desarrollo portuario, hablan como si se estuviera destruyendo una playa virgen e intocada. Defender la playa significa mantenerla limpia, segura y accesible. No significa conservar indefinidamente un espacio abandonado y contaminado para poder llamarlo “naturaleza”. La historia reciente de Manta demuestra, además, que una intervención bien planificada no necesariamente perjudica la playa. La construcción del Malecón Escénico contribuyó a ordenar y mejorar buena parte de El Murciélago, fortaleció su atractivo turístico, impulsó la actividad de restaurantes y pequeños negocios y creó fuentes de trabajo para numerosas familias mantenses. Lo que anteriormente era un espacio mucho más desordenado terminó convirtiéndose en uno de los principales lugares de encuentro y símbolos turísticos de la ciudad. Hoy nadie podría negar la importancia del Malecón Escénico para el turismo, la gastronomía y la economía local. Naturalmente, toda obra debe ser fiscalizada y cumplir estrictamente las normas ambientales. Pero resulta contradictorio disfrutar hoy de los beneficios del Malecón Escénico y, al mismo tiempo, sostener que cualquier intervención o inversión cercana a la playa representa necesariamente una amenaza. Las grandes ciudades portuarias del mundo han comprendido que el puerto y la ciudad no tienen por qué ser enemigos. ABarcelona expandió su puerto comercial hacia el sur y, simultáneamente, transformó Port Vell en un gran espacio de integración urbana. En la actualidad, esa zona portuaria y ciudadana abarca unas 70 hectáreas, recibe alrededor de 16 millones de visitantes al año y combina paseos, comercios, restaurantes, hoteles, instalaciones culturales, actividades deportivas, pesca y servicios marítimos. Málaga ofrece otro ejemplo importante. Es una ciudad eminentemente turística y costera, pero mantiene un puerto comercial activo junto a su núcleo urbano. Durante 2025, su puerto movió 5,6 millones de toneladas de mercancías y recibió más de 570.000 pasajeros de cruceros. Actividad portuaria, turismo, playas y espacios públicos no solo coexisten, sino que se complementan y generan prosperidad. Rotterdam fue todavía más lejos con la construcción de Maasvlakte 2, una gran ampliación portuaria realizada sobre terrenos ganados al mar. La obra estuvo acompañada por estudios ambientales, monitoreo permanente y compensaciones naturales y recreativas. Su enseñanza no consiste en construir sin límites, sino en demostrar que es posible ampliar un puerto cuando existen planificación, controles y responsabilidades claramente establecidas. Sídney también demuestra diariamente que una de las bahías más admiradas del mundo puede compartir sus aguas con cruceros, ferris, embarcaciones recreativas y grandes buques comerciales sin perder su enorme atractivo turístico y urbano. Por supuesto, Manta no puede copiar mecánicamente proyectos de ciudades con dimensiones y economías diferentes. Pero estos ejemplos demuestran que el desarrollo portuario, el turismo, los espacios públicos y la protección ambiental pueden coexistir cuando hay planificación, transparencia y fiscalización. Apoyar el Patio 600 tampoco significa conceder un cheque en blanco a TPM. La ciudadanía tiene derecho a conocer los estudios técnicos, los posibles efectos sobre la sedimentación, las medidas de protección de la fauna marina y el cumplimiento de los permisos ambientales. La Autoridad Portuaria de Manta y las entidades competentes deben fiscalizar la obra, publicar los resultados de los monitoreos y exigir que se cumpla cada compromiso anunciado. También deben garantizar que la intervención no afecte el uso ciudadano del resto de la playa y que la limpieza y recuperación ofrecidas sean reales y permanentes. Desarrollo sí, pero con controles. Inversión sí, pero con transparencia. Empleo sí, pero procurando que beneficie verdaderamente a los mantenses y manabitas. Lo que no resulta aceptable es recurrir a la afirmación alarmista de que “se están apoderando de la playa” para detener una obra antes de discutir seriamente sus dimensiones, beneficios y posibles impactos. Manta nació mirando al mar y ha crecido gracias a él. Somos una ciudad pesquera, comercial, turística y portuaria. Renunciar a cualquiera de esas identidades sería mutilar una parte de nosotros mismos. El verdadero desafío no consiste en escoger entre puerto o playa. Consiste en tener un puerto eficiente y una playa protegida; una ciudad que atraiga inversión y que, al mismo tiempo, exija responsabilidad ambiental. El progreso no debe destruir nuestro patrimonio natural. Pero tampoco podemos permitir que el miedo, la desinformación, los intereses políticos o la mezquindad condenen a Manta a permanecer inmóvil. El Murciélago no se defiende abandonándolo. Se defiende cuidándolo, limpiándolo, ordenándolo e incorporándolo responsablemente al desarrollo de la ciudad.

En el transcurso de esta semana he recibido varias llamadas en las que me han consultado el alcance y mi criterio sobre el acuerdo que se acaba de firmar entre los Estados Unidos y Venezuela, en particular respecto de concesiones por cien años de diecisiete campos petroleros que manejan, según se indica y según estimaciones, la quinta parte de las reservas totales petroleras de Venezuela. También se señala que, en el transcurso ese tiempo, el estimado sería poder participar de aproximadamente 65 mil millones de barriles de petróleo. Al respecto, luego de revisar la información que circula en distintos medios internacionales, ya que no he tenido acceso a un contrato en particular, me permito indicar, en primer lugar, que este contrato aparentemente se celebra entre el Gobierno venezolano y una empresa privada llamada North American Blue Energy Partners (NABEP), la misma que, además, ya viene, por lo menos en los dos últimos años, operando en Venezuela con una comercialización estimada de 250 mil barriles diarios. Es decir, no sería un contrato celebrado entre gobiernos. Sin embargo, también he revisado que se indica que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sería accionista de un 35 % de las acciones de una compañía que tendría control accionario sobre la identificada como NABEP. De lo que dicen las distintas fuentes, se plantea una inversión de 100 mil millones de dólares para, de esta manera, poder recuperar una producción petrolera que ha descendido en los últimos años y, por otro lado, mejorar su infraestructura. Pero la contraparte que también se señala es que, producto de esta inversión, la empresa NABEP indicaría que los Estados Unidos tendría un control mayoritario y que, además, un 20 % del petróleo extraído de estos campos los Estados Unidos tendrían derecho a adquirirlo a valor de costo, y el 80 % restante tendría un derecho de preferencia frente a otras naciones que quisieran adquirirlo. Dejo este contexto, no preciso, por cuanto la única manera de tener más claros los elementos de este contrato privado-estatal solo se conocerán cuando circule el contrato final, que no solamente se habría firmado, sino que ha sido aprobado por la Asamblea de Venezuela. Para el Ecuador, el impacto de este acuerdo pudiera conllevar a que el precio del crudo pesado (Napo) que el Ecuador produce y comercializa principalmente a refinerías norteamericanas compite con la misma calidad de producto que Venezuela estaría negociando con la empresa NABEP. La consecuencia pudiera ser una baja en el precio de comercialización del barril de crudo, con el consecuente perjuicio, además, para nuestro precio de producción y, asimismo, la eventualidad de una sobreoferta que pudiera llevarnos a buscar otro mercado para el destino de nuestro petróleo. Estaremos atentos a qué información adicional se presenta sobre este tema, sobre todo para tener una perspectiva real del impacto que esto puede tener en el mediano y largo plazo en nuestra economía, cuya balanza comercial petrolera hoy casi está totalmente equilibrada entre exportaciones de crudo e importaciones de derivados.