El 1 de agosto de 2024 entró en vigor el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), considerado el primer marco jurídico integral del mundo para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Su objetivo es establecer un sistema basado en niveles de riesgo que permita promover la innovación sin descuidar la protección de los derechos fundamentales, la seguridad y la transparencia. Aunque el Reglamento entró en vigor en agosto de 2024, su aplicación es gradual. Las primeras disposiciones comenzaron a aplicarse el 2 de febrero de 2025, fecha en la que quedaron prohibidas determinadas prácticas de inteligencia artificial consideradas de riesgo inaceptable. Entre ellas se encuentra el denominado social scoring, es decir, la clasificación o evaluación de personas mediante el tratamiento de datos personales para asignarles una puntuación que pueda generar un trato desfavorable o discriminatorio en ámbitos como el acceso al empleo, al crédito o a servicios públicos. Posteriormente, el 2 de agosto de 2025, empezaron a ser exigibles nuevas obligaciones, especialmente para los modelos de inteligencia artificial de propósito general y para determinados proveedores y desarrolladores de estos sistemas. Al tratarse de un reglamento europeo, sus disposiciones son directamente aplicables en los 27 Estados miembros, sin necesidad de que cada país apruebe una ley interna para incorporarlo a su ordenamiento jurídico. El AI Act adopta un enfoque basado en el riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo que represente un sistema de inteligencia artificial para las personas o para la sociedad, mayores serán las obligaciones legales que deberán cumplir quienes lo desarrollen o utilicen. Por ejemplo, los sistemas que interactúan directamente con los usuarios, como determinados chatbots, deben informar de manera clara que la interacción se está realizando con una inteligencia artificial, salvo excepciones previstas por la normativa. La implementación continuará de forma progresiva. El 2 de agosto de 2026 comenzaron a aplicarse nuevas obligaciones para los modelos de propósito general y se reforzó la supervisión de determinadas categorías de alto riesgo. Finalmente, el 2 de agosto de 2027 entrarán plenamente en vigor las obligaciones para la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial clasificados como de alto riesgo, incluidos muchos utilizados en sectores como la salud, el empleo, la educación, la infraestructura crítica y determinados servicios financieros. Más allá de Europa, el verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre innovación y regulación. Mientras la Unión Europea ha optado por un modelo preventivo basado en la gestión de riesgos y la protección de derechos, otros países, como Estados Unidos, han privilegiado un enfoque más flexible orientado a fomentar la innovación. El reto consiste en garantizar que la inteligencia artificial continúe impulsando el desarrollo tecnológico y el bienestar de la sociedad, sin generar abusos, discriminación o afectaciones a los derechos fundamentales.