Según el estudio difundido por la Fundación Konrad Adenauer, en la propagación de la cuarta ola del crimen organizado, dos factores han incidido en su transnacionalización: por un lado, la pandemia del COVID 19, que obligó a un repliegue del Estado, el aislamiento social y la parálisis, una emergencia sanitaria sin precedentes; y, por otro lado, la diáspora de Venezuela, en el 2023 con 7.7 millones de migrantes y refugiados. Según ACNUR, 6.8 millones se esparcieron por América Latina. Nuestro país recibió algunos cientos de miles. En medio de la debilidad institucional, corrupción, ausencia del Estado, redes de complicidad, operadores de justicia cooptados, se facilitó la expansión de la criminalidad y la diversificación de los delitos, por ejemplo, la diseminación de la minería ilegal con sus secuelas destructoras, o el tráfico de precursores químicos para las drogas sintéticas como las metanfetaminas y fentanilo, que fluyen desde el corredor asiático hacia Europa, EE.UU., o países de Oceanía. Siendo las drogas sintéticas accesibles y baratas, el consumo de cocaína va en declive. Con una consecuencia: la cocaína que no llega al mercado norteamericano o europeo, se queda en países como el nuestro. De ahí, las disputas por el control territorial y la violencia imparable. La crisis económica y las desigualdades sociales facilitan la penetración de la criminalidad en el tejido social. Si el Estado abandona lo público, se produce una acelerada erosión de la confianza institucional, y en medio de su fragilidad, hay sectores pobres que se habitúan a convivir con la criminalidad. El Estado ausente deja vacíos que son rellenados por la economía criminal. Imaginemos la legión de jóvenes de la pobreza, reclutados por las organizaciones criminales como facilitadores del tráfico, distribuidores, vacunadores, gatilleros y sicario La transnacionalización del crimen y su diversificación golpea a muchos países de América Latina, con actores extra regionales y la penetración de estructuras delictivas. El estudio cita los casos de: ‘Ndragheta italiana (con presencia en cerca de 90 países), el Tren de Aragua en Venezuela, los Mara Salvatrucha (MS – 13), en Centro América, el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermehlo, en Brasil; Los Trinitarios y Los Espartanos de República Dominicana; y, Los Lobos o Choneros en Ecuador. Pregunto: ¿cuántas alcaldías y prefecturas están absorbidas por las bandas del crimen organizado en nuestro país? Los entendidos dicen que más de cincuenta han sido ya asimiladas. Igual pregunta en relación a operadores de justicia, fuerza pública, o el deporte. Hace dos años el embajador norteamericano, Michael Fitzpatrick, dijo que había una red de testaferros que lavan el dinero de corruptos, «Ahora están metidos en la pasión nacional, el futbol». Apuntó también a testaferros que se desenvuelven en medios de comunicación. Esas afirmaciones que debiera haber conmocionado y sacudido a las élites del poder, tuvo cierto eco en medios de comunicación. Mientras Rafael Correa Delgado, dándose por señalado, vociferó y puso el grito en el cielo, pretextando injerencia y adjetivando al embajador de «tonto» y «metiche». Estos días, ha provocado asco la presión de un director del Consejo de la Judicatura al juez anticorrupción, Carlos Serrano, para que emita un fallo a favor de un narcotraficante. Al parecer, el ecosistema de la justicia está más en la complicidad con el crimen transnacional que con la vigencia de las reglas de la justicia.