Revisando las estadísticas de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en los últimos dos meses se contabilizan más de 770 eventos adversos en todo el país. Sin embargo, al circunscribirnos a la provincia del Guayas, encontramos que, de las casi 9.000 hectáreas reportadas como gravemente afectadas por las últimas lluvias, por lo menos 4.600 pertenecen a esta provincia. De estas 4.600 hectáreas afectadas, muchas corresponden al sector arrocero, que solamente en Guayas representa una fuente de trabajo para más de 70.000 familias. Esto significa que estamos hablando de un sector sumamente vulnerable que actualmente se está viendo afectado. Ahora bien, en los últimos días, y precisamente esta semana, estuve por Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo e Isidro Ayora, donde pude observar que el quintal de arroz pilado se encuentra en alrededor de 50 dólares. Obviamente, este valor representa un incremento importante; sin embargo, ese aumento no necesariamente sirve para paliar la situación del agricultor, quien ha visto perdida o disminuida su cosecha actual. Esto significa que, definitivamente, la banca pública, sobre todo BanEcuador, tiene que activar con mucha celeridad planes de rescate para el sector agrícola, sin esperar que los productores se encuentren en una situación aún más complicada durante los próximos meses. Los agricultores enfrentan dos circunstancias: la primera es la pérdida de sus cosechas y la imposibilidad de pagar sus créditos; la segunda es que se quedan sin capital de trabajo y, por tanto, no tienen cómo volver a sembrar, ya sea porque sus tierras continúan inundadas o porque carecen de los recursos necesarios para hacerlo. La consecuencia de esta situación es más pobreza, migración hacia las ciudades e impactos en el sector de la salud. ¿Qué proponemos? Hemos visto que, en lo relacionado a los jóvenes, se están impulsando programas para entregar, a cambio de trabajo, un recurso económico durante tres meses, con un monto de 400 dólares, a miles de jóvenes. Sugiero que también se implemente un bono debidamente focalizado, al menos durante tres meses y por un valor similar, destinado a los agricultores que acrediten haber perdido sus cultivos como consecuencia de las inundaciones. Sobre todo, podríamos comenzar con un plan piloto dirigido al sector arrocero ¿Cuál sería el mecanismo? Que los agricultores reciban este apoyo durante tres meses. ¿Necesitan invertirlo en la siembra? No necesariamente, porque es posible que sus parcelas y sectores arroceros continúen anegados y no puedan cultivar. Si pueden hacerlo, mucho mejor; de lo contrario, el bono serviría para cubrir sus necesidades de subsistencia mientras superan esta difícil situación. Esperemos que pronto empecemos a ver un plan agresivo de rescate para un sector que ya está sufriendo las consecuencias de lo implacable que está siendo el fenómeno de El Niño.

Las grandes transformaciones territoriales empiezan cuando una sociedad reconoce que la realidad ha superado a sus instituciones. Ese es hoy el caso de Manabí. Portoviejo, Manta, Montecristi y Jaramijó funcionan cada vez más como una sola realidad económica, urbana y social, mientras la planificación pública sigue tratándolos como territorios separados. Miles de personas se desplazan a diario entre estos cantones para trabajar, estudiar, emprender o acceder a servicios. Las actividades productivas se complementan, las cadenas logísticas se articulan y el crecimiento urbano avanza sin respetar fronteras cantonales. La integración ya existe; lo que falta es que las estructuras administrativas se adapten a ella. ¿Tiene sentido seguir planificando por separado lo que en la práctica opera de manera conjunta? La falta de coordinación entre municipios se traduce en más gastos y menos eficiencia en servicios esenciales como agua, transporte, residuos y seguridad. Al mismo tiempo se desaprovecha un enorme potencial. Manta es uno de los principales polos portuarios, pesqueros e industriales del país. Portoviejo concentra servicios, comercio y funciones administrativas. Montecristi aporta patrimonio, industria y ubicación estratégica. Jaramijó amplía las posibilidades de crecimiento urbano y productivo. Juntos conforman una aglomeración de más de 700.000 r habitantes con capacidad para competi entre las principales áreas urbanas del Ecuador. Sin embargo, la región sigue pensándose y promocionándose de manera fragmentada. Integrada, se convertiría en un polo económico de escala nacional, capaz de atraer inversiones, generar empleo y fortalecer su competitividad. Por eso es imprescindible que ciudadanía, academia, gremios productivos y autoridades impulsen un debate serio sobre la creación del Distrito Metropolitano Centro de Manabí. No se trata de eliminar identidades locales ni de concentrar poder, sino de coordinar políticas, servicios e infraestructura bajo una visión compartida de desarrollo. Naturalmente surgirán dudas y resistencias sobre competencias, recursos y autonomía. Esas diferencias no deben impedir el análisis; deben abordarse mediante un diálogo abierto, técnico y transparente. Manabí necesita mirar más allá de sus límites cantonales. El eje Portoviejo-Manta-Montecristi- Jaramijó ya funciona como una realidad integrada. Lo que falta es construir los mecanismos institucionales que permitan gobernarla con mayor eficiencia, planificación y visión estratégica. Aquí nace la verdadera pregunta: ¿Tendremos la visión y la voluntad para convertir esa realidad en un proyecto común de futuro? Manabí tiene la oportunidad de dar un salto histórico en su desarrollo. La conversación debe comenzar ahora.