En el año 2017 entró en plena vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, era evidente que alcanzar los estándares de un mercado tan importante y exigente nos obligaba, como país, a prepararnos de manera adecuada para poder enfrentarlo. Apenas dos años después de la entrada en vigencia del acuerdo, el sector pesquero sufrió un revés: la Unión Europea impuso una tarjeta amarilla al Ecuador al considerar que el país no cumplía plenamente, en todos sus procesos, con mecanismos adecuados para prevenir el desembarque de pesca ilegal. En ese momento, se activó una serie de reuniones y gestiones, ya que existían más de 56 observaciones formuladas al Ecuador en este sentido. La tarjeta amarilla es el antecedente inmediato de una tarjeta roja, y una tarjeta roja implicaría la pérdida de ese mercado. ¿Qué representa para el Ecuador el mercado europeo? Más de 600 millones de dólares anuales en exportaciones pesqueras, a valores actuales. Desde aquel entonces hasta hoy se han superado decenas de observaciones; sin embargo, a pesar de que han transcurrido varios gobiernos que han anunciado una solución definitiva, todavía no se ha llegado al final del túnel. Se ha anunciado que, para fines de este mes, la viceministra de Pesca estará en Bruselas para presentar ante Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea, una alegación en la que se sostendrá que el Ecuador ha cumplido, durante estos años, con normas legales y reglamentarias, así como con exigencias de trazabilidad, atraque en puertos, controles adecuados y seguimiento de embarcaciones, de manera que la Unión Europea considere que aquello que exigía ya se ha cumplido, o, al menos, se viene cumpliendo de forma adecuada. Estamos vigilantes. En diversos programas, a lo largo de los últimos años, hemos señalado que el Gobierno estaría cerca de lograr con la Unión Europea el levantamiento de esta sanción. Esperemos que ello se concrete en este año 2026 porque, de no ocurrir, la permanencia de la tarjeta amarilla podría afectar no solo nuestra relación con Europa, sino también nuestra posición en otros mercados internacionales. La pesca ilegal es un tema combatido por las principales naciones del mundo, que son, precisamente, los principales compradores de más de 2.000 millones de dólares que el Ecuador exporta anualmente en productos pesqueros.

Es en la guerra civil inglesa donde John Locke se destaca como el pensador que abraza el calvinismo, cercano a la iglesia anglicana, opuesto a la tiranía y el absolutismo, quien opta por los whigs (liberal) y la monarquía parlamentaria, en oposición al absolutismo monárquico y los tory (conservador). El parlamento reclama su mando o la soberanía. La larga guerra terminará con la victoria del parlamento y se registra en la Declaración de Derechos (Bill of Rights) de 1689. En ese momento histórico, Locke proclama que «sólo puede haber un poder supremo que es el legislativo». Maurice Vile, en Constitucionalismo y separación de poderes, con acierto dice que en la época de la guerra civil inglesa que enfrentó al rey con el parlamento, «provocó que se desarrollara en alto grado uno de los elementos fundamentales de la doctrina de la separación de poderes». La teoría del Estado mixto o de la monarquía equilibrada, la que lleva directamente a la convicción que el poder distribuido en varias funciones, «deben residir en distintas manos, en personas o grupos de personas claramente diferenciadas». Ahí arriba el pensamiento de Locke, y promueve sus ideas para evitar la concentración del poder. La necesidad de los pesos y contrapesos. Los controles al ejercicio del poder. Locke es el pensador contemporáneo más lúcido en la necesidad de dividir el poder. Las ideas están en el Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil. El poder político consiste en: «un estado completo de libertad para ordenar sus actos, y para disponer sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso, y sin depender de la voluntad de otra persona.» Su repudio al absolutismo es clarísimo: «resulta, pues, evidente que la monarquía absoluta, a la que ciertas personas consideran como único gobierno del mundo, es en realidad, incompatible con la sociedad civil». En el Segundo ensayo, coloca las bases doctrinarias de la sociedad liberal y de la monarquía sujeta al parlamento. En la división tripartita habla del poder legislativo, ejecutivo y federativo. Este último, encargado de guerra, de la paz y de las ligas y alianzas. ¿Por qué ignora el poder judicial? Sencillamente porque el parlamento ejercía competencias juzgadoras. Por algo la función legislativa se denominaba Cortes no solo en Inglaterra, sino en Francia o en el Reino de España; se trata de la High Court of Parliament. Si observamos las atribuciones del poder legislativo en las primeras constituciones de los países latinoamericanos, advertiremos sus potestades juzgadoras. En el capítulo XII de del Ensayo sobre el gobierno civil (143) describe el quid de la cuestión: «Y como puede ser una tentación demasiado grande para la fragilidad humana, proclive de aferrarse al poder, que las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes también tengan en sus manos el poder de ejecutarlas, pues podrían eximirse de obedecer las leyes que hacen y adecuar la ley, tanto en su dictado como en su ejecución, para su propia ventaja privada y así llegar un interés diferente al resto de la comunidad». Nos hace falta comprender y aprender de las lecciones dejadas por John Locke. Cerca de tres siglos después, la deriva conspira y la construcción de la democracia se olvida. A nombre de los más necesitados se erigen atroces dictaduras, que no dudan en fusionarse con el crimen organizado y ser parte de cárteles del narcotráfico. El ejemplo es la dictadura venezolana, donde la cabeza de la mafia, Nicolas Maduro, ha tenido que ser capturado para ser juzgado en un tribunal de justicia de los Estados Unidos.