¿POR QUÉ SOMOS TANINESTABLES? (II)

Abg. Ramiro Rivera Molina titulo
Político ecuatoriano que ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional entre 2003 y 2005 Profesor universitario en Universidad de las América Presidente del Grupo @elcomerciocom
Si diez presidentes han desfilado en el Perú en los últimos diez años, una pregunta brota por tan pavorosa inestabilidad política: ¿cómo se explica que éste fenómeno no haya quebrado la estabilidad económica? Los presidentes han sido vacados o destituidos, conforme preceptos contenidos en su constitución. Este no es el momento para abordar los detalles políticos. Perú, comparado con Ecuador, tiene instituciones menos débiles. Su justicia es menos podrida que la nuestra. La ventaja que tiene está en su constitución. Mientras la Constitución de Montecristi responde al modelo de Estado concentrador y autoritario del populismo chavista, cuyo origen fue ilegitimo por la destitución de los 57 diputados, ignora intencionalmente el principio de pluralidad en la economía, así como la inevitabilidad del mercado; la Constitución de la República del Perú (1993), legitimada en un Referéndum aprobatorio, en pocos artículos acerca del régimen económico, declara una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre. El rol económico del Estado es garantizar la libertad de trabajo y la libertad de empresa. El Estado reconoce el pluralismo económico que se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo por ley expresa, el Estado puede subsidiariamente emprender en actividades empresariales. Lo público y lo privado reciben el mismo tratamiento legal. Hay libre competencia. Libertad para contratar. Tanto la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. En pocos artículos configura una economía con libertad para la inversión y el trabajo. A tono con la absoluta mayoría de las naciones, garantiza el arbitraje nacional o extranjero, otorgando un marco de seguridad para la inversión. De todos estos elementos esenciales de la economía, carece la constitución del socialismo del siglo XXI que nos clavó el correísmo. La Carta Política peruana dispensa un valioso blindaje a la economía, indemne a las convulsiones de la descomposición política.Mientras el régimen autoritario ecuatoriano (2007-2017), erigió un sistema estatista improductivo, dispendioso, ineficiente, prebendario y corrupto, Perú tuvo la lucides de entender por dónde se encaminan las economías sanas de las sociedades modernas. Mientras acá se vulneró la autonomía del Banco Central, y se chuparon todos los fondos y todas las reservas, el sistema monetario peruano está bajo el rígido control del Banco Central de Reserva, manejado con autonomía, control y estabilidad monetaria. Quien preside el directorio está mas de veinte años al frente de una institución respetada por todos. Perú, a pesar de sus ásperos sucesos de inestabilidad política, tiene una economía sólida, donde la inversión extranjera cuenta con un marco de confianza y seguridad. La certidumbre radica en reglas claras de libertad y una economía abierta. Ecuador está estancado en una extrema rigidez constitucional, con más candidatos que tuvo la constitución pinochetista. La Constitución de Montecristi está envejecida y rebasada por la realidad. Es el mayor obstáculo y freno para que podamos avanzar. Lo que se agrava por minorías encadenadas al vetusto ideologismo estatista que no funciona en ninguna sociedad libre.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Según la Constitución, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y las universidades y politécnicas son autónomos. Con la última reforma al Código Orgánico Territorial de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), algunos alcaldes y prefectos protestan porque establece que de los ingresos los GAD deben destinar el 70 % a inversión y 30 % a gastos corrientes, lo cual es conveniente para los ciudadanos; nada justifica que se gasten los recursos que pagan los ciudadanos en burocracia o fines electorales. Lo que sería desastroso para la institucionalidad es que el Gobierno favorezca en transferencias a los GAD gobiernistas y perjudique a los que no lo son. La autonomía política, administrativa y financiera de los GAD los faculta a tomar decisiones dentro de sus competencias. El control de sus gastos debe hacerlo Contraloría, la cual debe cuidar el correcto uso de sus recursos. Ese control se desvió los últimos años, con un contralor designado con influencia del Gobierno a través del CPCCS, el designado Pólit, su subrogante Celi y asesores están sentenciados por corrupción.Se recuerda que el exalcalde de Guayaquil, Ing. Febres- Cordero, destinó 85 % a obra pública y 15 % a gastos corrientes. Los gobiernos seccionales deben ser autónomos; creo que es mejor un Estado descentralizado administrativamente y desconcentrado políticamente en regiones federadas o provincias autónomas, pero la autonomía debe ser responsable. El porcentaje de recursos públicos que según la Constitución corresponde a los GAD se transfiere desde el presupuesto del Estado Central (trampa centralista), de acuerdo a disponibilidades de caja fiscal, a diferencia de universidades y politécnicas, que participan de un porcentaje del Impuesto a la renta e IVA según ley que creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico en 1996 y prohibición constitucional de privarlas o disminuir sus rentas. Los GAD cobran impuestos prediales, tasas, varias contribuciones, sin ningún control; al menos a nivel nacional se imponen tributos mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
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