¿Por qué los mantenses conmemoramos cada 12 de noviembre, desde 1966, el aniversario de la Autoridad Portuaria de Manta (APM)? La respuesta está en nuestra memoria histórica. El 12 de noviembre de 1966 tomó posesión el primer directorio de la APM, presidido por Carlos Pólit Ortiz. Así comenzó la vida institucional de la entidad, encargada de administrar y operar el Puerto Internacional de Manta, que inició oficialmente sus actividades. Este hito reafirmó la vocación portuaria de Manta y su vínculo milenario con el mar, la navegación y el comercio exterior, actividades que desarrolla desde hace más de 1.500 años. Conviene recordar a las nuevas generaciones y a los actuales directivos de la APM que la entidad fue creada como organización pública de servicio portuario mediante el Decreto Supremo No. 1373. El presidente de la República, Clemente Yerovi Indaburo, lo emitió el 24 de octubre de 1966, cuando se construía el primer muelle marítimo internacional. El decreto se publicó en el Registro Oficial No. 149 del 27 de octubre. Cinco días después de su emisión, el decreto fue reformado y volvió a publicarse en el Registro Oficial No. 152 del 1 de noviembre de 1966. El decreto se hizo efectivo el 12 de noviembre de 1966, con la posesión del primer directorio en el salón de sesiones del Municipio. Lo presidió Carlos Pólit Ortiz, designado por el presidente de la República. “El día de hoy, 12 de noviembre, es un día grato para el pueblo y la ciudad de Manta. Esta sesión inaugural de su Autoridad Portuaria es un acontecimiento de incalculables beneficios para el desarrollo y progreso de Manabí. La ciudad de Manta seguirá en su camino ascendente de Joselías Sánchez Ramos progreso cultural y material”, afirmó el Dr. César Acosta Vásquez, alcalde y presidente del Concejo. Junto con Carlos Pólit tomaron posesión los directores principales, los suplentes y el secretario del primer directorio: Directores principales: Elion Vera Rodríguez, vicepresidente y delegado del ministro de Obras Públicas; TNFG. Franklin Molina Serrano, capitán del Puerto de Manta; y Gabriel Cassis Uscocovich, delegado de las Cámaras de Comercio, Industrias y Centro Agrícola Cantonal. También integraron el directorio Emilio Cevallos Calero, delegado de los Agentes Navieros de Alto Bordo, y el concejal Ing. César Delgado Otero, delegado del Municipio de Manta en representación del alcalde-presidente. Directores suplentes: Eduardo Córdova Illescas e Ing. Salvador Peláez, delegados del MOP; Jorge Álava Giler, delegado de los Agentes Navieros; y Ramón Delgado Reyes y Add Stavelth, delegados de las Cámaras de Comercio, Industrias y Centro Agrícola Cantonal. Wilson Verduga Loor actuó como secretario ad hoc. “Hoy inicia labores este Directorio formado por elementos dignos, capaces y honestos en todo sentido. Tengo la seguridad que la Autoridad Portuaria de Manta se enrumbará de inmediato por senderos de rápido progreso y organización efectiva”, declaró Carlos Pólit Ortiz durante la sesión inaugural del 12 de noviembre de 1966. La APM existe porque Manta es una ciudad oceánica. La construcción de su puerto marítimo fue fruto de la gestión sostenida de su pueblo durante una década y de un movimiento cívico popular el 15 de septiembre de 1958. En la memoria colectiva perduran los nombres de Luis Valdivieso, Pedro Balda, Alberto Ampuero, Pedro Joniaux, Orley Zambrano, Otto Ruperti y Ricardo Paredes, entre otros. Mis investigaciones permiten destacar también al Ing. César Delgado Otero. Sus conocimientos científicos le permitieron superar las fallas de los estudios iniciales y demostrar a la firma constructora que la obra podía continuar. Se observa que, mientras este primer directorio emprende la organización de la institución y gestiona la conclusión de las obras portuarias, ellos también emprenden la llegada de buques que exporten la riqueza manabita e importen los bienes para el desarrollo industrial, petrolero y agrícola del país. Para nadie es desconocido que consolidan la relación puerto – ciudad modernizando la urbe a través de obras consideradas como complementarias del desarrollo portuario, entre las que figuran: el malecón de la ciudad; la avenida Velasco Ibarra, hoy “4 de noviembre”, segmento del Par Vial de Manta; las vías Circunvalación y Puerto-Aeropuerto; las primeras obras de infraestructura sanitaria y pluvial; y el malecón escénico. La APM ha contribuido significativamente al desarrollo de Manta. A principios del siglo XXI los dignatarios y directores de la Autoridad Portuaria de Manta logran: 1. Transformarlo en un puerto internacional de transferencia de carga cuyo contrato de concesión se firma en el 2006 con la firma china, Hutchison Port Holding. 2. Lo convierte en soporte fundamental del desarrollo pesquero ecuatoriano, 4. Lo vinculan estratégicamente con el aeropuerto internacional Eloy Alfaro fortaleciendo a través de la construcción de la vía puerto – aeropuerto, 5. Lo ubican como socio estratégico del liderazgo mantense que impulsa una nueva visión del desarrollo provincial y nacional a través de alianzas estratégicas con Pichincha, Guayas. 6. Establecen acuerdos con el llamado Grupo G-8, una Asociación de Gobiernos Seccionales Autónomos de la Región Central y sus Provincias de Cotopaxi, Latacunga, Chimborazo, Bolívar, Morona Santiago, Pastaza y Napo. Lamentablemente, en el año 2009, la firma Hutchinson y su filial, TIDE, da por terminado el convenio de concesión. El puerto de Manta queda en manos del gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado quien, mediante Decreto Ejecutivo N.º 287 del 4 de abril de 2014, suprime los directorios de las autoridades portuarias del país, centralizando sus funciones en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. Para el 2016 mediante la figura de convenio de asociación público privado, entrega el puerto de Manta a la firma chilena Agunsa por un valor de 177 millones de dólares durante 40 años. Manta se llama ahora “puerto multipropósito”. Para el 15 de junio de 2021, un nuevo gobierno nacional, mediante Decreto Ejecutivo N.º 78, vuelve a crear y regular los Directorios de las Autoridades Portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas. Al año siguiente, este decreto se modifica con otro Decreto Ejecutivo N.º 394 que se publica el 14 de abril de 2022. Un pequeño esbozo sobre el aniversario de una institución que ha quedado para administrar el puerto pesquero y fiscalizar a TPM, administradora del puerto internacional de Manta. Mas, la ciudadanía sigue considerando a la Autoridad Portuaria de Manta como una institución mantense y este 12 de noviembre evoca su 60 aniversario.

América Latina atraviesa un momento en el que las urnas reflejan algo más profundo que una disputa entre tendencias: expresan sociedades divididas, preocupadas por la inseguridad, el costo de vida y la falta de oportunidades. Los resultados recientes de Brasil y Estados Unidos muestran electorados exigentes, capaces de respaldar proyectos distintos. La polarización no es únicamente ideológica; también revela demandas concretas de protección, bienestar y mejores condiciones de vida. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido con el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro. La estrecha diferencia expuso a un país dividido y confirmó la persistencia de dos visiones políticas con respaldo ciudadano. En Estados Unidos, las elecciones de medio período del 3 de noviembre de 2026 dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, mientras Donald Trump continúa en la Presidencia. Ambos procesos evidencian que los resultados electorales responden a realidades distintas, pero también a la exigencia de resultados. En este escenario, la derecha ha colocado en el centro de su propuesta el orden, el control territorial y el combate al narcotráfico, las mafias y las estructuras criminales. La demanda de autoridad y seguridad responde a una preocupación legítima: el Estado debe proteger la vida, garantizar la convivencia y recuperar los espacios sometidos al delito. Sin seguridad se debilita la tranquilidad de las familias, se desalienta la inversión y se restringe la actividad productiva. Por ello, la capacidad estatal para enfrentar al crimen constituye una exigencia ciudadana ineludible. Pero la gestión de la derecha en seguridad debe acompañarse de una política social sólida y sostenida. La ciudadanía demanda abastecimiento de medicinas, atención hospitalaria oportuna y un sistema de salud que responda con calidad; también exige fortalecer la seguridad social y recuperar la educación como herramienta de movilidad y desarrollo. Estos ámbitos no pueden quedar relegados frente a la agenda de seguridad: son pilares del bienestar y la estabilidad. El desafío es demostrar que la autoridad del Estado no solo combate al crimen, sino que también garantiza servicios públicos dignos, protección y oportunidades. Por su parte, la izquierda ha contribuido históricamente a incorporar en la agenda pública la reducción de desigualdades, la inclusión y la protección de los sectores vulnerables, impulsando políticas sociales en salud y educación. Sin embargo, ese aporte pierde legitimidad cuando determinados actores o sectores políticos enfrentan señalamientos por presuntos vínculos, acuerdos o tolerancia frente a bandas y estructuras criminales. Tales acusaciones deben investigarse con rigor y probarse ante la justicia; pero la sospecha pública también plantea una exigencia de transparencia. Ningún proyecto político puede defender la justicia social y, al mismo tiempo, relativizar la amenaza del crimen organizado. Ecuador debe observar estas experiencias sin convertirlas en una confrontación ideológica estéril. El país necesita recuperar el control frente a las organizaciones criminales y fortalecer, simultáneamente, la salud, la educación y la protección social. Esta discusión es especialmente relevante para Manabí y Guayas, provincias decisivas para la economía nacional. Sus puertos, carreteras y actividades pesqueras, comerciales, agrícolas y turísticas ofrecen oportunidades, pero enfrentan extorsiones, violencia y brechas de infraestructura. Proteger rutas y zonas productivas debe ir de la mano con conectividad, servicios públicos, educación técnica y empleo. Ante las próximas elecciones seccionales, el debate debe superar las etiquetas partidistas. La ciudadanía tendrá que examinar propuestas, equipos y capacidad de gestión; valorar quién comprende las necesidades de cada cantón y puede convertir los recursos públicos en resultados. Los gobiernos locales requieren planificación, transparencia y coordinación con el Gobierno central para atender tanto la seguridad como las demandas sociales. América Latina no necesita escoger entre orden y desarrollo: necesita instituciones que protejan a la población, servicios que funcionen y oportunidades reales. Un Estado que no protege pierde autoridad; uno que no garantiza salud, educación y progreso pierde legitimidad. La seguridad es la primera obligación de un Estado, pero el bienestar de su gente es la medida de su verdadero desarrollo. Porque un gobierno puede recuperar las calles, pero solo construyendo oportunidades, garantizando derechos y protegiendo la dignidad humana podrá conquistar la confianza de su pueblo.