En las relaciones internacionales, los Estados no actúan movidos por gestos de buena voluntad, sino por la defensa concreta de sus intereses vitales. Esta premisa, central en la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales, resulta clave para comprender la decisión del Ecuador de adoptar medidas arancelarias frente a Colombia en un contexto marcado por la inseguridad fronteriza y la expansión del narcotráfico. Lejos de tratarse de una disputa meramente comercial, el conflicto revela una verdad incómoda: cuando la cooperación en seguridad es insuficiente, el comercio deja de ser un espacio neutral y se convierte en un instrumento de presión legítimo del Estado. Durante años, Ecuador ha cargado con los efectos colaterales de una frontera norte permeable al crimen organizado transnacional. El narcotráfico, las economías ilegales y la presencia de actores armados irregulares no solo han erosionado la seguridad ciudadana, sino que han puesto a prueba la capacidad institucional del Estado ecuatoriano. Frente a este escenario, la respuesta colombiana en términos de cooperación efectiva y resultados verificables ha sido, en el mejor de los casos, limitada. La ausencia de una acción coordinada y contundente ha obligado al Ecuador a replantear su política exterior desde una lógica de defensa del interés nacional. Henry Kissinger, uno de los principales exponentes del realismo político, sostenía que la política exterior se construye sobre la base del poder, no de las intenciones. Bajo esta perspectiva, el uso de aranceles por parte del Ecuador no constituye un acto hostil, sino una señal estratégica. En el sistema internacional, los Estados emplean los instrumentos a su alcance —diplomáticos, económicos o coercitivos— para inducir conductas cuando los mecanismos tradicionales de cooperación fallan. Pretender que la seguridad fronteriza puede aislarse del comercio es desconocer cómo opera realmente el poder en el escenario global. Esta lógica no es ajena a la política exterior de los Estados Unidos. Washington ha considerado históricamente al narcotráfico como una amenaza directa a su seguridad nacional y hemisférica, y ha recurrido en múltiples ocasiones a sanciones económicas, restricciones comerciales y presiones diplomáticas contra Estados que no cumplen con estándares mínimos de cooperación. Ecuador, al priorizar la lucha contra el crimen transnacional y alinear su accionar con esta visión, no hace sino insertarse en una práctica ampliamente aceptada en la política internacional contemporánea. Desde una lectura realista, la soberanía no se declama: se ejerce. Y ejercerla implica tomar decisiones incómodas cuando la seguridad del territorio y de la población está en riesgo. La frontera norte no es solo una línea geográfica, sino un espacio estratégico donde se define la capacidad del Estado ecuatoriano para garantizar orden, legalidad y control. En este contexto, exigir corresponsabilidad a Colombia no es una ruptura del espíritu integracionista andino, sino una condición indispensable para que dicha integración sea sostenible y creíble. Como advertía Kissinger, el orden internacional se mantiene cuando los Estados comprenden los límites de la tolerancia de sus pares. Ecuador ha marcado esos límites con claridad. La seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico no son negociables ni subordinables a intereses comerciales coyunturales. Mientras no exista una cooperación efectiva y verificable, el uso de herramientas económicas como mecanismo de presión seguirá siendo no solo legítimo, sino necesario. En el mundo real, la estabilidad se construye con decisiones firmes, y Ecuador ha decidido actuar.

Desde 1969, el Ecuador, junto con Colombia, Perú y Bolivia, forma parte del entonces llamado Pacto Andino, hoy conocido como la Comunidad Andina (CAN). Se trata de un proceso de integración regional que, a lo largo de más de cinco décadas, ha buscado facilitar el comercio entre sus países miembros mediante reglas comunes, un régimen arancelario preferencial y mecanismos institucionales destinados a garantizar la libre circulación de mercancías. Para el Ecuador, permanecer dentro de este esquema de integración ha sido históricamente positivo. A ello se han sumado, con el paso del tiempo, otros acuerdos comerciales relevantes, como el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea o el reciente acuerdo con China, entre otros. Todo este entramado se inserta, además, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que permite contar con normas claras, previsibilidad jurídica y foros establecidos para la resolución de controversias. Sin embargo, ese mismo proceso de integración atraviesa hoy un momento complejo. La Comunidad Andina, de la cual el Ecuador sigue siendo parte activa, enfrenta una nueva tensión a raíz del anuncio del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del primero de febrero, aranceles a determinados productos importados desde Colombia, bajo el argumento de problemas de seguridad en la frontera. Para dimensionar el alcance de esta medida, conviene revisar la relación comercial entre ambos países, particularmente durante el año 2025. En ese periodo, el Ecuador exportó hacia Colombia aproximadamente 800 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron cerca de 1.800 millones de dólares. El resultado es una balanza comercial negativa para el Ecuador de alrededor de 1.000 millones de dólares, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer nuestras exportaciones para lograr un mayor equilibrio. Dentro de los principales productos ecuatorianos que se exportan a Colombia , medidas recíprocas— se encuentran el atún, los productos enlatados, la metalmecánica, los aceites y la palma africana. Se trata de una canasta exportadora de alto valor, clave para varios sectores productivos del país. Del lado de las importaciones, destaca de manera especial la electricidad, un insumo estratégico y sensible para el Ecuador en el contexto actual. A ello se suman productos derivados de la madera, confitería, dulces y otros bienes de consumo. Pese a este intercambio, el déficit comercial se mantiene cercano a los 1.000 millones de dólares. El Gobierno ecuatoriano ha justificado la adopción de estas medidas por razones de seguridad fronteriza. No corresponde aquí evaluar si la decisión política es o no acertada. Desde una perspectiva jurídica y comercial, y desde el respeto al orden institucional, lo fundamental es recordar que este tipo de controversias deben canalizarse a través de las instancias creadas para ello. Así como en su momento se cuestionaron los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos a varios países —entre ellos el Ecuador— y el país desplegó gestiones diplomáticas y técnicas para mitigar sus efectos, hoy resulta indispensable aplicar el mismo criterio de coherencia. Las medidas adoptadas por el Ecuador, así como la respuesta de Colombia, deben ser analizadas y resueltas dentro del marco de la Comunidad Andina, particularmente ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La CAN cuenta con mecanismos específicos para la solución de controversias, diseñados precisamente para que, en el marco del derecho y mediante argumentos técnicos, pruebas y procedimientos claros, se determine si una medida de esta naturaleza es jurídicamente válida, proporcional y justificada. La experiencia demuestra que, cuando un país adopta una decisión unilateral de este tipo, la respuesta suele ser inmediata y de carácter recíproco. En ese escenario, los principales perjudicados no son únicamente los Estados, sino también la integración regional, las cadenas productivas y, en última instancia, los consumidores. Cabe esperar que esta medida haya sido concebida como un mecanismo de presión temporal para conducir a un entendimiento institucional. El Estado de derecho y el respeto a los marcos jurídicos vigentes son esenciales para preservar relaciones comerciales estables y previsibles. Las controversias deben resolverse en los foros creados para ese fin desde 1969. La aspiración es clara: que, en las próximas semanas, este episodio quede superado y que la relación comercial entre países hermanos vuelva a fluir con normalidad, dentro de un marco jurídico sólido, respetado y confiable.