En el transcurso de esta semana entraron en vigor los nuevos aranceles impuestos por Canadá a los Estados Unidos, con tasas del 15 %, 25 % y hasta 50 % sobre una canasta de productos que totaliza aproximadamente 25.000 millones de dólares. No debemos olvidar que Canadá es un proveedor permanente de los Estados Unidos, particularmente en sectores estratégicos como el petróleo, la energía y diversas materias primas. La medida canadiense ha generado una respuesta por parte del Gobierno estadounidense, que ha señalado que, a partir de enero de 2027, impondrá también aranceles de hasta el 50 %, principalmente sobre la importación de vehículos, autopartes y acero provenientes de Canadá. Estamos, por tanto, frente a una importante tensión comercial entre dos economías profundamente interrelacionadas. Estados Unidos exporta hacia Canadá aproximadamente 450.000 millones de dólares en bienes, mientras que Canadá registra un volumen similar de exportaciones hacia el mercado estadounidense. Se trata, en consecuencia, de una relación comercial de enorme magnitud, por lo que cualquier escalada arancelaria puede generar impactos significativos en ambos países y, eventualmente, abrir oportunidades para terceros mercados. ¿Por qué resulta relevante este escenario para el Ecuador? Precisamente porque, en julio de este año, Ecuador firmó con Canadá su Tratado de Libre Comercio. Actualmente, el acuerdo se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional para posteriormente continuar con el procedimiento correspondiente ante la Asamblea Nacional y avanzar hacia su plena ratificación y entrada en vigencia. A través de este acuerdo comercial, Ecuador podría acceder al mercado canadiense con prácticamente toda su canasta exportable y, particularmente, con productos agrícolas y pesqueros. Cerca del 99 % de estos productos podrían ingresar sin pagar aranceles o beneficiándose de tarifas significativamente reducidas. Esto representa una enorme oportunidad para incrementar nuestras exportaciones, especialmente si tomamos en consideración las dificultades comerciales que actualmente se presentan entre Canadá y Estados Unidos. En un escenario en el que Canadá busca nuevos proveedores y una mayor diversificación de sus relaciones comerciales, Ecuador podría encontrar espacios interesantes para posicionar determinados productos. Sin embargo, existe otro elemento que debe ser analizado. Ecuador también ha suscrito un acuerdo comercial recíproco con los Estados Unidos, firmado en marzo de este año, que todavía no se encuentra en vigencia. Este instrumento igualmente debe tener el análisis de la Corte Constitucional y determinarse posteriormente si requiere o no ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Dentro de dicho acuerdo se contempla que, si los Estados Unidos adoptan determinadas medidas de defensa o seguridad económica frente a otro país, Ecuador podría verse obligado a adoptar medidas similares o compatibles con aquellas. Surge entonces una pregunta relevante: ¿el actual conflicto arancelario entre Estados Unidos y Canadá puede ser considerado una medida de defensa o seguridad económica? Y, de ser así, ¿podría afectar, una vez que entre plenamente en vigencia el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos, la relación comercial que nuestro país mantenga con Canadá? Si determinadas medidas arancelarias fueran calificadas como instrumentos vinculados a la seguridad económica estadounidense, podría abrirse la discusión sobre la existencia de obligaciones para que Ecuador adopte algún tipo de restricción o medida equivalente. Este es un aspecto que deberá ser analizado con especial atención desde el punto de vista jurídico y comercial. Como vemos, se presentan importantes oportunidades, pero también interrogantes que no pueden ser ignoradas. Cada acuerdo internacional que suscribe el Ecuador debe ser revisado cuidadosamente, no solamente desde la perspectiva de los beneficios inmediatos que puede generar, sino también considerando las obligaciones que pudiera imponer y su interacción con otros compromisos comerciales asumidos por el país. Lo cierto es que Canadá se encuentra actualmente en una agresiva búsqueda por diversificar tanto sus destinos comerciales como sus fuentes de proveeduría en el mundo. Para Ecuador se abre una posibilidad importante. Esperemos que, en poco tiempo, se despejen las dudas jurídicas pendientes y podamos contar con un nuevo acuerdo comercial plenamente vigente, aprovechando adecuadamente las oportunidades que este puede representar para las exportaciones ecuatorianas.

En Manta parece existir un pequeño sector que ha convertido la oposición a cualquier proyecto en una especie de deporte local. No importa si se trata de una nueva infraestructura, una inversión privada o una obra destinada a generar empleo: primero se grita, después se acusa y solo en último lugar, si acaso, se revisan los datos. La ampliación del Patio 600 del Terminal Portuario de Manta ha vuelto a despertar ese espíritu mezquino que confunde la defensa de la ciudad con la obligación de oponerse a todo. Se ha querido instalar la idea de que TPM pretende apoderarse de la playa El Murciélago. Sin embargo, la superficie anunciada para la ampliación es de aproximadamente 30.000 metros cuadrados —tres hectáreas— y se encuentra dentro del área establecida para la expansión portuaria y de la concesión administrada por la Autoridad Portuaria de Manta. De acuerdo con la información del proyecto, esto representa alrededor del uno por ciento de la extensión total de la playa. ¿Es razonable afirmar, entonces, que se están llevando El Murciélago? La inversión supera los 2,3 millones de dólares y su ejecución está prevista en aproximadamente 180 días. Se anuncia la creación de cerca de 300 empleos directos, con mano de obra manabita, y más de 600 empleos indirectos. Además, la ampliación permitiría incrementar la capacidad de almacenamiento y mejorar el manejo de la carga portuaria. Para una ciudad que necesita empleo, actividad económica e inversión, estas cifras no pueden ser despreciadas únicamente por prejuicios ideológicos, rivalidades políticas o protagonismos personales. También debemos hablar con sinceridad del lugar que será intervenido. No estamos hablando de la zona central de El Murciélago, donde se bañan las familias, funcionan los restaurantes y se desarrollan actividades deportivas. Se trata de un extremo colindante con el puerto que durante años ha acumulado basura, desperdicios, colchones abandonados, preservativos y toda clase de desechos. Quienes transitábamos hace años por ese extremo de la playa conocemos perfectamente cuál era su verdadera situación. No lo sabemos por fotografías recientes ni porque alguien nos lo haya contado: lo vimos con nuestros propios ojos. demás de la basura y los desperdicios, también fuimos testigos de las aguas negras que llegaban hasta ese sector desde viviendas cercanas. Durante mucho tiempo convivimos con el abandono, los malos olores, la maleza y la contaminación, sin que entonces aparecieran con la misma fuerza quienes hoy pretenden presentarse como defensores históricos de El Murciélago. Resulta curioso que algunos hayan descubierto ahora una repentina vocación ecológica. Durante años guardaron silencio frente al deterioro de ese espacio; pero hoy, cuando se plantea recuperarlo para una obra vinculada al desarrollo portuario, hablan como si se estuviera destruyendo una playa virgen e intocada. Defender la playa significa mantenerla limpia, segura y accesible. No significa conservar indefinidamente un espacio abandonado y contaminado para poder llamarlo “naturaleza”. La historia reciente de Manta demuestra, además, que una intervención bien planificada no necesariamente perjudica la playa. La construcción del Malecón Escénico contribuyó a ordenar y mejorar buena parte de El Murciélago, fortaleció su atractivo turístico, impulsó la actividad de restaurantes y pequeños negocios y creó fuentes de trabajo para numerosas familias mantenses. Lo que anteriormente era un espacio mucho más desordenado terminó convirtiéndose en uno de los principales lugares de encuentro y símbolos turísticos de la ciudad. Hoy nadie podría negar la importancia del Malecón Escénico para el turismo, la gastronomía y la economía local. Naturalmente, toda obra debe ser fiscalizada y cumplir estrictamente las normas ambientales. Pero resulta contradictorio disfrutar hoy de los beneficios del Malecón Escénico y, al mismo tiempo, sostener que cualquier intervención o inversión cercana a la playa representa necesariamente una amenaza. Las grandes ciudades portuarias del mundo han comprendido que el puerto y la ciudad no tienen por qué ser enemigos. ABarcelona expandió su puerto comercial hacia el sur y, simultáneamente, transformó Port Vell en un gran espacio de integración urbana. En la actualidad, esa zona portuaria y ciudadana abarca unas 70 hectáreas, recibe alrededor de 16 millones de visitantes al año y combina paseos, comercios, restaurantes, hoteles, instalaciones culturales, actividades deportivas, pesca y servicios marítimos. Málaga ofrece otro ejemplo importante. Es una ciudad eminentemente turística y costera, pero mantiene un puerto comercial activo junto a su núcleo urbano. Durante 2025, su puerto movió 5,6 millones de toneladas de mercancías y recibió más de 570.000 pasajeros de cruceros. Actividad portuaria, turismo, playas y espacios públicos no solo coexisten, sino que se complementan y generan prosperidad. Rotterdam fue todavía más lejos con la construcción de Maasvlakte 2, una gran ampliación portuaria realizada sobre terrenos ganados al mar. La obra estuvo acompañada por estudios ambientales, monitoreo permanente y compensaciones naturales y recreativas. Su enseñanza no consiste en construir sin límites, sino en demostrar que es posible ampliar un puerto cuando existen planificación, controles y responsabilidades claramente establecidas. Sídney también demuestra diariamente que una de las bahías más admiradas del mundo puede compartir sus aguas con cruceros, ferris, embarcaciones recreativas y grandes buques comerciales sin perder su enorme atractivo turístico y urbano. Por supuesto, Manta no puede copiar mecánicamente proyectos de ciudades con dimensiones y economías diferentes. Pero estos ejemplos demuestran que el desarrollo portuario, el turismo, los espacios públicos y la protección ambiental pueden coexistir cuando hay planificación, transparencia y fiscalización. Apoyar el Patio 600 tampoco significa conceder un cheque en blanco a TPM. La ciudadanía tiene derecho a conocer los estudios técnicos, los posibles efectos sobre la sedimentación, las medidas de protección de la fauna marina y el cumplimiento de los permisos ambientales. La Autoridad Portuaria de Manta y las entidades competentes deben fiscalizar la obra, publicar los resultados de los monitoreos y exigir que se cumpla cada compromiso anunciado. También deben garantizar que la intervención no afecte el uso ciudadano del resto de la playa y que la limpieza y recuperación ofrecidas sean reales y permanentes. Desarrollo sí, pero con controles. Inversión sí, pero con transparencia. Empleo sí, pero procurando que beneficie verdaderamente a los mantenses y manabitas. Lo que no resulta aceptable es recurrir a la afirmación alarmista de que “se están apoderando de la playa” para detener una obra antes de discutir seriamente sus dimensiones, beneficios y posibles impactos. Manta nació mirando al mar y ha crecido gracias a él. Somos una ciudad pesquera, comercial, turística y portuaria. Renunciar a cualquiera de esas identidades sería mutilar una parte de nosotros mismos. El verdadero desafío no consiste en escoger entre puerto o playa. Consiste en tener un puerto eficiente y una playa protegida; una ciudad que atraiga inversión y que, al mismo tiempo, exija responsabilidad ambiental. El progreso no debe destruir nuestro patrimonio natural. Pero tampoco podemos permitir que el miedo, la desinformación, los intereses políticos o la mezquindad condenen a Manta a permanecer inmóvil. El Murciélago no se defiende abandonándolo. Se defiende cuidándolo, limpiándolo, ordenándolo e incorporándolo responsablemente al desarrollo de la ciudad.