LIBERTAD E IGUALDAD EN RAYMOND ARON

Abg. Ramiro Rivera Molina titulo
Político ecuatoriano que ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional entre 2003 y 2005 Profesor universitario en Universidad de las América Presidente del Grupo @elcomerciocom
En enero 2026, leí un pequeño libro de Raymond Aron: Libertad e igualdad. Contiene la última lección magistral que pronunció en el Collège France, en abril de 1978. Desde el punto de vista del pensamiento, se lo considera como un heredero de las ideas de Montesquieu y Tocqueville. Liberal convencido. Demócrata en todo sentido. Defensor de la forma democrática que distribuye el poder. Acérrimo crítico de los totalitarismos marxista, fascista y nazista. Testigo del nefasto ascenso del nazismo. Reflexionó sobre la democracia y la libertad. Los libros que rozan con esta temática varios; pero, en particular: Ensayo sobre las libertades (1965), Democracia y totalitarismo (1969). Para Aron, parte de la democracia es una ciudadanía virtuosa, que es «la forma de vivir que se ajustaría al ideal de la sociedad libre». Es la fortaleza, la justicia, la prudencia; y, en particular, el respeto y la aplicación de las reglas. Ellas procesan los conflictos entre las fuerzas sociales. Garantizan el pluralismo y la libertad. La democracia y la libertad deben guardar la misma correspondencia de los medios con los fines. La obediencia a las reglas «No significa servidumbre, si en tanto ciudadano, he hecho el juramento de obedecerá las leyes de la ciudad y, en particular a la ley mayoritaria». Pero el respeto a las reglas es necesariamente coactivo, y depende de la legitimidad de la coacción. En esto, su pensamiento coincide con el de Max Weber. Para Aron, lo que se conoce como sociedad civil existe si hay libertad política, definida en los siguientes términos: «Aquella de las libertades formales que garantiza al ciudadano una participación en los asuntos públicos, que le da la impresión de que, por medio de sus elegidos y eventualmente también de sus opiniones, ejerce una influencia sobre el destino de la colectividad» (Ensayo sobre las libertades). Raymond Aron desconfiaba en la centralización (propia de los totalitarismos), receló del despotismo burocrático y de los paternalismos; al igual que de las manipulaciones desde el poder. Confió, eso sí, en las democracias occidentales, en el respeto a los derechos de cada quien, en la voluntad ciudadana a través de la competencia electoral, el sufragio universal y los principios de legitimidad. No obstante, alertó que la democracia en el periodo de entreguerras, ya no tenía el interés, la solidez ni la frescura que tuvo a comienzos de siglo. Repudió los horrores del estalinismo y del nazismo. Como testigo de las guerras y genocidios. Nunca se inclinó ante las ideas adversas, Respetó a sus oponentes, y decía: «el fanatismo político es una amenaza para la democracia y la libertad individual». Sabía, con sabiduría, que la preservación de la democracia merecía cuidado: «la democracia es el sistema político menos malo, pero también el más difícil de mantener». Las lecciones de Aron, deben ser comprendidas en las circunstancias de asecho que vivimos.
ESTADO CENTRAL Y GOBIERNOS SECCIONALES
Con la propuesta de una reforma legal que regule los gastos de gobiernos seccionales, se ha reactivado la antigua controversia sobre la administración territorial del poder. Ya el 10 de Agosto de 1809 en el llamado Primer Grito de la Independencia, Quito planteó tener autonomía administrativa del reino de España. Con la Independencia de Guayaquil del 9 de Octubre de 1820 se planteó la tesis de un Estado independiente y federal, y dio nacimiento al Ecuador como Estado independiente y soberano. Entre los años 1999 y 2000, cinco provincias votaron con alta mayoría para que se instaure en el país un régimen de autonomías provinciales o de mancomunidad de provincias, lo cual fue aprobado por el Congreso Nacional; pero no se hizo la consulta nacional para establecer ese tipo de régimen en el país. Lo que sí se expidió fue una ley que asignó un porcentaje del presupuesto del Estado a los gobiernos seccionales, como en efecto se reconoce constitucionalmente. En esa disputa por el manejo del poder, la actual Constitución establece un supuesto “Estado Central”, lo cual es un absurdo. El Estado ecuatoriano es uno solo y está constituido por 24 provincias y 221 cantones en su territorio. Por esa equivocada tesis se acumulan competencias en el llamado Estado Central, al que se le confiere incluso facultades para delegar ciertas competencias a los gobiernos seccionales, lo cual posibilita darle a unos gobiernos seccionales competencias y a otros no. Luce bien que se obligue a los gobiernos seccionales a que inviertan el 70 % de sus ingresos en obras y servicios en beneficio de sus habitantes, pero el que propone esa normativa es el Gobierno nacional, que tiene un desproporcionado gasto corriente y una casi nula inversión pública. Para los ciudadanos lo único real es que tanto el Gobierno nacional como los seccionales gastan en función de futuros clientes electorales e imponen tributos a la población para sanear su presupuesto, mientras que las necesidades de la población se siguen postergando. Lo que debería normalizarse es la transferencia de recursos que pertenecen a los gobiernos seccionales.
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