PORQUÉ DECIDÍ POSTULARME

Abg. Ramiro Rivera Molina titulo

Político ecuatoriano que ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional entre 2003 y 2005 Profesor universitario en Universidad de las América Presidente del Grupo @elcomerciocom

Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi he mantenido una posición crítica respecto a su diseño autoritario. Consideré entonces y sigo considerando, que es una constitución mal formulada que facilita la deriva hacia un hiperpresidencialismo o un presidencialismo absoluto. No fue la expresión genuina de la voluntad política de los ciudadanos. Implantó un esquema copiado de la constitución chavista, escrita por un grupo de españoles alienados y trazada para acomodar a un caudillo, ahora prófugo. Siempre pensé que era una novelería de mal gusto la implantación de cinco poderes del Estado, sin mecanismos de control y límites al ejercicio del poder, lo que constituye la columna vertebral de toda democracia constitucional. La nefasta experiencia de los diez años de régimen autoritario correista, puso al descubierto que la arquitectura jurídica sólo reforzó el poder absoluto, permitiendo la persecución a las organizaciones sociales, la criminalización de la protesta social y el imperio de la opacidad. He sido crítico del Cpccs, puesto que ha sido utilizado como dispositivo para acumular un poder hegemónico y responder a un modelo estatista, similar el Poder Ciudadano del chavismo, a la Función de Control de la Bolivia de Evo Morales o al Poder Popular del sistema totalitario cubano. Subyace el intento de instituir un modelo de Estado todopoderoso, aquél que ocupó la centralidad del pensamiento fascista y motor del modelo totalitario estaliniano. El Cpccs, se utilizó para la acumulación del poder actuando desde la opacidad, la complicidad y el acomodo. No libre de escándalos, partidización, e indeseables actos de corrupción. No en vano tres ciudadanos que presidieron este organismo fueron enjuiciados, censurados o destituidos (Carlos Tuarez, Cristian Cruz y Alembert Vera). En total, 18 consejeros han sido procesados o destituidos por la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral. Hace poco, otro consejero renunció. Penosamente, este organismo estatal, no ha conseguido promover una participación social con identidad ciudadana autónoma, ni ha sido ejemplo de transparencia, menos un instrumento de lucha contra la corrupción. Para muchos, el Cpccs devino en una doble representación, asociada a intereses políticos y la busca de prebendas. La participación ciudadana en democracia tiene que ser libre. No puede ni debe estatizarse. Menos con una visión ideológica donde se considera que nada es admisible contra el Estado, ni sobre el Estado ni sin el Estado. Las reivindicaciones de la libertad y la participación, son precisamente interpuestas ante el Estado. Es sabido, por lo demás, que el Estado omnipotente es la negación de una democracia pluralista.

TLC CON CANADÁ

ARTICULO Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali

Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali

Ex Ministro de Comercio Exterior, Doctor en Jurisprudencia, Director de Global Trade Consulting. Presidente del Comité de Comercio de Inversiones amcham GYE
Twitter: @JCCassinelli [email protected]

En febrero de 2025, luego de seis rondas de negociación, concluyó oficialmente el proceso de negociación del TLC entre Ecuador y Canadá. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, una reunión celebrada en Quito buscó acelerar su firma. Tras poco más de un año de espera, hoy podemos señalar que el tratado ya ha sido suscrito y está listo para avanzar a su siguiente etapa: obtener, se espera, un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Luego deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional del Ecuador y por el Congreso de Canadá, proceso que probablemente se concretará en los próximos meses. Mientras tanto, es importante destacar que el mercado canadiense representa aproximadamente 41 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo. Este acuerdo permitirá que las exportaciones ecuatorianas ingresen en mejores condiciones, beneficiando especialmente a productos como el cacao, los minerales y los productos pesqueros. En el sector pesquero, por ejemplo, el tratado representa una oportunidad relevante. Aunque muchos productos ecuatorianos ya ingresan a Canadá con arancel cero, los productos pesqueros procesados actualmente pagan aranceles de entre el 4 % y el 7 %. Con la entrada en vigor del acuerdo, estos productos podrían acceder a condiciones más competitivas. ¿Qué aportará este tratado? Principalmente, una mayor estabilidad en materia arancelaria y comercial. Además, Ecuador podrá exportar en mejores condiciones diversos productos, mientras que Canadá fortalecerá su presencia en el mercado ecuatoriano con bienes como trigo, avena, alverjitas e insumos industriales de gran importancia para la producción nacional. En este contexto, Canadá también se ha consolidado, durante los últimos dos o tres años, como un destino relevante para las exportaciones mineras ecuatorianas. De los aproximadamente 900 millones de dólares que Ecuador exportó hacia ese país el año pasado, cerca del 20 % correspondió a minerales. Por su parte, las importaciones provenientes de Canadá alcanzan alrededor de 420 millones de dólares anuales. Esto refleja una balanza comercial favorable para Ecuador y consolida a Canadá como un socio estratégico, que se suma a otros mercados como la Unión Europea y China dentro del proceso de diversificación de la canasta exportadora ecuatoriana.

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CNE NIEGA NUEVA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE MANDATO CONTRA DANIEL NOBOA Y MARÍA JOSÉ PINTO

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), con cuatro votos a favor, negó la segunda solicitud de formularios para iniciar la revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. La decisión fue adoptada en la sesión ordinaria número 61 y rechazó el pedido presentado por las organizaciones Fenocin, UNE, Cedocut, UGTE, Fetmyp y Frente Popular, al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

En la resolución se lee: “no se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República, referentes a la dignidad que ejercen las autoridades”. Una semana antes, el CNE ya había denegado un primer pedido de revocatoria de mandato impulsado por un grupo de organizaciones sociales lideradas por el dirigente indígena Leonidas Iza; esa decisión fue impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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