La historia económica demuestra que ningún territorio alcanza un desarrollo sostenido sin una infraestructura capaz de conectar personas, mercados y oportunidades. Michael Porter sintetizó esta realidad al sostener que la competitividad de una región depende, en gran medida, de la calidad de sus instituciones y de su infraestructura. Bajo esa premisa, resulta difícil comprender por qué el aeropuerto Los Perales continúa esperando una reactivación que el norte de Manabí viene reclamando desde hace años. Más que una pista de aterrizaje, constituye una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo regional. El norte de Manabí posee condiciones excepcionales para convertirse en uno de los polos turísticos y productivos más importantes del Ecuador. Bahía de Caráquez, San Vicente, Canoa, Jama, Pedernales, Sucre, Tosagua y Chone conforman un corredor con enorme riqueza natural, pesquera, agrícola y comercial, al que se suma el sur de Esmeraldas. Sin embargo, la limitada conectividad continúa siendo uno de los principales obstáculos para atraer inversión, fortalecer el turismo y dinamizar el comercio. Las largas horas de desplazamiento por carretera reducen la competitividad de una región con un enorme potencial de crecimiento. Paul Romer, Premio Nobel de Economía, sostiene que el crecimiento sostenible surge cuando un país crea condiciones para que florezcan la inversión, el conocimiento y la innovación. Reactivar Los Perales debe entenderse precisamente como una política pública orientada a generar oportunidades. Un aeropuerto operativo facilitaría la llegada de empresarios, turistas e inversionistas; fortalecería la actividad comercial, impulsaría nuevos emprendimientos y abriría espacios para proyectos de formación aeronáutica y desarrollo tecnológico. La experiencia internacional confirma que los aeropuertos regionales son motores del desarrollo. Su impacto va mucho más allá del transporte aéreo: dinamizan la hotelería, la gastronomía, el comercio, los servicios y el transporte terrestre, fortaleciendo la economía local. Los Perales puede convertirse en la puerta de entrada al norte de Manabí y en un eje de integración para toda la costa centronorte del Ecuador. A ello se suma un argumento irrefutable. El terremoto de 2016 demostró el enorme valor estratégico del aeropuerto como centro logístico para el ingreso de ayuda humanitaria, personal especializado y suministros de emergencia. En una provincia expuesta a fenómenos naturales, mantener operativa esta infraestructura constituye una inversión en seguridad, resiliencia y capacidad de respuesta del Estado. La reactivación exige planificación y una visión de largo plazo. No basta con rehabilitar las instalaciones; es indispensable construir un modelo de gestión que articule al Gobierno Nacional, los gobiernos locales, la empresa privada, el sector turístico y la academia. Solo mediante una estrategia conjunta será posible convertir a Los Perales en un verdadero motor de desarrollo para toda la región y aprovechar plenamente el potencial económico del norte de Manabí. Al final, el desarrollo no es fruto de la casualidad, sino de las decisiones que una sociedad adopta con visión de futuro. Cada puente, cada carretera, cada puerto y cada aeropuerto representan mucho más que concreto y acero; son la infraestructura sobre la que se construyen la inversión, el empleo, las oportunidades y el bienestar de las futuras generaciones.

Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi he mantenido una posición crítica respecto a su diseño autoritario. Consideré entonces y sigo considerando, que es una constitución mal formulada que facilita la deriva hacia un hiperpresidencialismo o un presidencialismo absoluto. No fue la expresión genuina de la voluntad política de los ciudadanos. Implantó un esquema copiado de la constitución chavista, escrita por un grupo de españoles alienados y trazada para acomodar a un caudillo, ahora prófugo. Siempre pensé que era una novelería de mal gusto la implantación de cinco poderes del Estado, sin mecanismos de control y límites al ejercicio del poder, lo que constituye la columna vertebral de toda democracia constitucional. La nefasta experiencia de los diez años de régimen autoritario correista, puso al descubierto que la arquitectura jurídica sólo reforzó el poder absoluto, permitiendo la persecución a las organizaciones sociales, la criminalización de la protesta social y el imperio de la opacidad. He sido crítico del Cpccs, puesto que ha sido utilizado como dispositivo para acumular un poder hegemónico y responder a un modelo estatista, similar el Poder Ciudadano del chavismo, a la Función de Control de la Bolivia de Evo Morales o al Poder Popular del sistema totalitario cubano. Subyace el intento de instituir un modelo de Estado todopoderoso, aquél que ocupó la centralidad del pensamiento fascista y motor del modelo totalitario estaliniano. El Cpccs, se utilizó para la acumulación del poder actuando desde la opacidad, la complicidad y el acomodo. No libre de escándalos, partidización, e indeseables actos de corrupción. No en vano tres ciudadanos que presidieron este organismo fueron enjuiciados, censurados o destituidos (Carlos Tuarez, Cristian Cruz y Alembert Vera). En total, 18 consejeros han sido procesados o destituidos por la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral. Hace poco, otro consejero renunció. Penosamente, este organismo estatal, no ha conseguido promover una participación social con identidad ciudadana autónoma, ni ha sido ejemplo de transparencia, menos un instrumento de lucha contra la corrupción. Para muchos, el Cpccs devino en una doble representación, asociada a intereses políticos y la busca de prebendas. La participación ciudadana en democracia tiene que ser libre. No puede ni debe estatizarse. Menos con una visión ideológica donde se considera que nada es admisible contra el Estado, ni sobre el Estado ni sin el Estado. Las reivindicaciones de la libertad y la participación, son precisamente interpuestas ante el Estado. Es sabido, por lo demás, que el Estado omnipotente es la negación de una democracia pluralista.