El barril de petróleo tipo Brent se encuentra en aproximadamente 110 dólares, mientras que el crudo Napo, que produce el Ecuador, no alcanza siquiera los 80 dólares. Esta situación trae como consecuencia un encarecimiento de nuestras importaciones de combustibles. Pero ¿por qué los combustibles siguen subiendo de precio? Una de las causas principales es, efectivamente, el problema logístico que se presenta al otro lado del mundo, particularmente en el estrecho de Ormuz, como consecuencia del conflicto de Irán con distintas naciones, entre ellas Estados Unidos. Esta situación ha provocado una reducción de aproximadamente el 20 % en el tránsito de combustibles a través de este estrecho, de enorme importancia para el comercio energético mundial. Ante estas dificultades, Arabia Saudita ha buscado una alternativa mediante el transporte de petróleo por un oleoducto de más de mil kilómetros de extensión, que conecta sus instalaciones petroleras del este con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Desde allí, el petróleo puede ser embarcado hacia distintos mercados internacionales, evitando el estrecho de Ormuz. Sin embargo, surge un segundo problema logístico: el estrecho de Bab el- Mandeb. ¿Qué es Bab el-Mandeb? Es un estrecho situado más al sur del mar Rojo, que lo conecta con el golfo de Adén y constituye una ruta fundamental para el transporte marítimo internacional. En esta zona operan los hutíes, un movimiento político y armado de Yemen, alineado con Irán, que ha realizado ataques contra embarcaciones y ha dificultado el tránsito normal de buques comerciales. Como consecuencia, el tráfico de cargueros por esta importante ruta se ha reducido considerablemente, llegando aproximadamente al 50 % en determinados períodos. Todo esto ocurre en un contexto en el que tanto el estrecho de Ormuz como el de Bab el-Mandeb desempeñan un papel fundamental en el abastecimiento energético mundial, particularmente en las rutas comerciales que conectan Asia, Oriente Medio y Europa. Cuando estas vías marítimas presentan restricciones, numerosas embarcaciones deben modificar sus recorridos y, en lugar de utilizar el canal de Suez, se ven obligadas a rodear África por el cabo de Buena Esperanza para alcanzar sus destinos. Esto implica mayores distancias, incremento de los costos de transporte y, finalmente, efectos sobre los precios internacionales de los combustibles. Estamos, por tanto, ante un momento especialmente delicado. Al encarecimiento de los combustibles se suma la amenaza del fenómeno de El Niño en el Ecuador, con la consecuente necesidad de garantizar un abastecimiento suficiente de diésel para atender una mayor demanda de las industrias y de la generación eléctrica. A ello se agrega la incertidumbre generada por los anuncios y las discusiones en Estados Unidos sobre posibles restricciones a sus exportaciones de diésel, considerando que Ecuador adquiere una parte importante de este combustible de proveedores norteamericanos. Nos enfrentamos, en consecuencia, a un conflicto con múltiples aristas, que deben analizarse adecuadamente para adoptar decisiones oportunas en momentos tan críticos como los actuales. Ecuador requiere mantener sus refinerías en condiciones óptimas de funcionamiento. Ecuador necesita fortalecer su capacidad de refinación, garantizar el abastecimiento de combustibles y mantener y aumentar su producción petrolera. La realidad internacional vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con una política energética de largo plazo, que permita reducir nuestra vulnerabilidad frente a los conflictos externos y garantizar el suministro que requieren las actividades productivas del país.

El 10 de octubre de 2026, tuve el honor de ser inEn semanas anteriores analizamos los primeros estragos de la corriente de El Niño, la secuencia de sus efectos, las lluvias y las dificultades que comenzaba a enfrentar la zafra de la caña de azúcar. Esta semana corresponde referirnos a otro producto fundamental para la cadena alimenticia del país: el maíz. El Ecuador produce aproximadamente el 60 % del maíz que necesita para abastecer su mercado interno y sostener una cadena productiva que comprende la crianza de cerdos, la producción avícola y la elaboración de balanceado para la acuicultura, entre otras actividades. Esta realidad evidencia la enorme dependencia del país de su producción nacional y la importancia de preservar las condiciones necesarias para su desarrollo. Las provincias de: Los Ríos, Manabí y Guayas concentran una parte importante de esta producción. Precisamente, hace pocos días observamos imágenes preocupantes de agricultores que intentaban rescatar mazorcas de maíz duro en medio de terrenos anegados e inundados por lluvias inusuales para esta época del año. Las escenas correspondían a sectores de la provincia de Los Ríos, particularmente en Babahoyo y Montalvo. Para dimensionar la magnitud del problema, el Ecuador destina más de 300 mil hectáreas al cultivo de maíz, de las cuales aproximadamente 110 mil se encuentran en la provincia de Los Ríos. En condiciones normales, el Ecuador cuenta con dos cosechas de maíz al año. La de invierno representa aproximadamente el 70 % de la producción necesaria para el abastecimiento nacional, mientras que la de verano aporta el 30 % restante y se desarrolla habitualmente durante la época seca. Sin embargo, esta última cosecha comienza a verse comprometida por la persistencia de las lluvias y las inundaciones, lo que podría ocasionar pérdidas considerables. Las consecuencias afectarían no solo a la producción agrícola, sino también a las más de 150 mil personas que dependen directamente de esta actividad. A ello se suma el impacto que una menor oferta nacional podría generar sobre toda la cadena productiva que utiliza el maíz como materia prima. Ante una eventual reducción de la producción, el país tendría que recurrir a mayores importaciones para cubrir la demanda interna. Esta medida, sin embargo, requerirá especial cuidado, pues será necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar el abastecimiento y la obligación de evitar que las importaciones perjudiquen a los productores nacionales. Miles de personas, especialmente agricultores y sus familias, dependen de esta actividad, cuya importancia trasciende el ámbito rural y se extiende a la economía nacional y a la seguridad alimentaria del país. Frente a este escenario, los organismos del Estado deberán adoptar las previsiones necesarias. La banca pública de desarrollo, BanEcuador y las demás instituciones públicas tienen un papel importante en el acompañamiento y financiamiento de los productores afectados. De igual manera, el sector privado deberá contribuir a sostener una actividad esencial para el abastecimiento nacional. La situación exige previsión, coordinación y medidas oportunas que permitan mitigar las pérdidas, proteger a los productores y reducir las consecuencias sobre la cadena alimenticia. En una época tan difícil para el sector agrícola ecuatoriano, el esfuerzo conjunto de las instituciones públicas y privadas será fundamental para enfrentar los efectos de esta coyuntura.