La República de Weimar durará 14 años (1919-1933). Su precaria existencia pasó entre el júbilo, el entusiasmo, la conmoción y la frustración. El destacado escritor alemán, acreedor del premio nobel de literatura (1929), Thomas Mann, entusiasta defensor de Weimar, sintió lo que vendría, cuando afirmó: «después de la guerra perdida: el caos». La turbulencia y anarquía socavarán los porosos cimientos de Weimar. Una nación derrotada y humillada, envuelta en una monstruosa inflación, sacudida de tensiones y presiones separatistas y una incesante perturbación. La inflación de Weimar está entre las más grandes del siglo XX, después de la de Hungría (1944-45), que alcanzó hasta trece mil billones por ciento. En el caso de Weimar, a comienzos de 1922, el marco alemán vale 1/200 en relación al dólar, a finales del año, 1/10.000. En 1923, un dólar por 18.000 marcos. A pesar de los controles del Reitchsbank, que lo colocó a 20.000 marcos por un dólar, pronto llega a 50.000 y 150.000. En pocos meses a 500.000. Luego a un millón. En agosto, a 4 millones y a finales de septiembre alcanzó los 160 millones de marcos, llegando al hito de los 1.000 millones. Claudio Klein, en De los espartaquistas al nazismo: la República de Weimar, dice: «a partir de este momento ya no hay moneda corriente en Alemania (…) toda la sociedad parecía hundirse, la confianza había desaparecido totalmente». Es el desplome total. La turbulencia social y política zarandea. Tentativas de golpe de Estado (putch). Forcejeos de un extremo y de otro. Las tendencias separatistas en Renania y Baviera. Renania con preferencia católica frente al protestantismo prusiano, tiene una zona ocupada por Francia que reclama la reparación. Varios plebiscitos previstos en el Tratado de Versalles. Renania se declara República en 1919. En 1922 Baviera, se niega a aplicar las ordenanzas presidenciales del Reich. Las tensiones se extienden La tormenta perfecta se ha producido.La Constitución de la República de Weimar fue un ensayo republicano. Un catálogo de derechos y la fusión de mecanismos propios del parlamentarismo, con dispositivos del presidencialismo extremo. Un sistema político bicéfalo. La figura de un presidente elegido con sufragio universal, mandato de 7 años y con poderes extraordinarios (art. 48), el Canciller y el Parlamento; más los estados federados. Algunos denominarán este modelo como parlamentarismo weismarino. El resquebrajamiento y la destrucción del sistema republicano que se forjó en Weimar, se precipita con la Gran Depresión del 29. La República se hunde y expira. Su exigua gloria ha terminado. En medio de su derrumbamiento, se agranda la presencia de la retórica redentora de Hitler y el rápido crecimiento del nazismo, tanto en las elecciones de 1930 hasta su triunfo en 1933 y el acceso al poder. El resto del horror y la barbarie del holocausto vendrá después. Si reflexionamos sobre la lección que dejó el colapso de Weimar, tiene una despiadada actualidad la voz de Bismarck: «Lo que aprendemos de la historia es que nadie aprende de la historia». La rápida ruina de la Constitución de Weimar, en palabras del destacado jurista italiano Costantino Mortati, que participó en la asamblea que elaboró la Constitución de Italia de 1947: «no despertó nostalgia alguna». Sin ser abolida, dejó de existir, aplastada por el inmenso peso por la ley de plenos poderes, que acomodó al barbárico régimen nacionalsocialista hitleriano.

En las relaciones internacionales, los Estados no actúan movidos por gestos de buena voluntad, sino por la defensa concreta de sus intereses vitales. Esta premisa, central en la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales, resulta clave para comprender la decisión del Ecuador de adoptar medidas arancelarias frente a Colombia en un contexto marcado por la inseguridad fronteriza y la expansión del narcotráfico. Lejos de tratarse de una disputa meramente comercial, el conflicto revela una verdad incómoda: cuando la cooperación en seguridad es insuficiente, el comercio deja de ser un espacio neutral y se convierte en un instrumento de presión legítimo del Estado. Durante años, Ecuador ha cargado con los efectos colaterales de una frontera norte permeable al crimen organizado transnacional. El narcotráfico, las economías ilegales y la presencia de actores armados irregulares no solo han erosionado la seguridad ciudadana, sino que han puesto a prueba la capacidad institucional del Estado ecuatoriano. Frente a este escenario, la respuesta colombiana en términos de cooperación efectiva y resultados verificables ha sido, en el mejor de los casos, limitada. La ausencia de una acción coordinada y contundente ha obligado al Ecuador a replantear su política exterior desde una lógica de defensa del interés nacional. Henry Kissinger, uno de los principales exponentes del realismo político, sostenía que la política exterior se construye sobre la base del poder, no de las intenciones. Bajo esta perspectiva, el uso de aranceles por parte del Ecuador no constituye un acto hostil, sino una señal estratégica. En el sistema internacional, los Estados emplean los instrumentos a su alcance —diplomáticos, económicos o coercitivos— para inducir conductas cuando los mecanismos tradicionales de cooperación fallan. Pretender que la seguridad fronteriza puede aislarse del comercio es desconocer cómo opera realmente el poder en el escenario global. Esta lógica no es ajena a la política exterior de los Estados Unidos. Washington ha considerado históricamente al narcotráfico como una amenaza directa a su seguridad nacional y hemisférica, y ha recurrido en múltiples ocasiones a sanciones económicas, restricciones comerciales y presiones diplomáticas contra Estados que no cumplen con estándares mínimos de cooperación. Ecuador, al priorizar la lucha contra el crimen transnacional y alinear su accionar con esta visión, no hace sino insertarse en una práctica ampliamente aceptada en la política internacional contemporánea. Desde una lectura realista, la soberanía no se declama: se ejerce. Y ejercerla implica tomar decisiones incómodas cuando la seguridad del territorio y de la población está en riesgo. La frontera norte no es solo una línea geográfica, sino un espacio estratégico donde se define la capacidad del Estado ecuatoriano para garantizar orden, legalidad y control. En este contexto, exigir corresponsabilidad a Colombia no es una ruptura del espíritu integracionista andino, sino una condición indispensable para que dicha integración sea sostenible y creíble. Como advertía Kissinger, el orden internacional se mantiene cuando los Estados comprenden los límites de la tolerancia de sus pares. Ecuador ha marcado esos límites con claridad. La seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico no son negociables ni subordinables a intereses comerciales coyunturales. Mientras no exista una cooperación efectiva y verificable, el uso de herramientas económicas como mecanismo de presión seguirá siendo no solo legítimo, sino necesario. En el mundo real, la estabilidad se construye con decisiones firmes, y Ecuador ha decidido actuar.