EL PREFECTO Y EL PEAJE

Dr. Dumar Iglesias Mata
Historiador manabita dumariglesiasmata@gmail.com
Acogiendo criterios técnicos, preventivos y seguridad, Manabí Vial, procedió en días pasados a retirar las casetas que estaban ubicadas en la vía Portoviejo – Montecristi, desde el año 2006, que el Ministerio de Obras Públicas, otorgó la delegación a la Prefectura de Manabí. La medida provocó la inmediata reacción de la Subsecretaria Zonal del MIT, alegando que las estructuras desmontadas constituyen bienes de dicho ministerio, preguntando donde están las casetas y en qué estado se encuentran. Posición altisonante del funcionario toda vez que fue el GAD Provincial, que invirtió miles de dólares en la construcción de la infraestructura de la que fue una moderna instalación, con cubierta y un edificio para su administración. Los pronunciamientos oficiales para quitar la delegación del peaje al GAD Provincial, es una clara manifestación de odio y revanchismo político que no considera el daño que se hace a la provincia. Tanto más que el Prefecto, Econ. Leonardo Orlando Arteaga, había planteado con sentido patriótico y auténtico liderazgo una interesante propuesta al ministerio del ramo a fin de retomar la delegación de la vía Portoviejo a Montecristi. El plan incluye trabajos de mantenimiento y bacheo en varias carreteras estatales, entre ellas Montecristi-La Cadena, con una inversión estimada de $17,3 millones, que se financiaría mediante el cobro de peajes y convenios con el Municipio de Montecristi y el propio MIT. La defensa local por la continuidad del peaje tuvo sus reveses por el fallo de jueces que se ubicaron a favor del gobierno, sin considerar que numerosos empleados quedaron sin trabajo, los mismos que en su mayoría fueron reubicados gracias al humanismo y reconocida sensibilidad del Prefecto Provincial. En la actualidad, Manabí vial ha iniciado el proceso de devolución de los valores acumulados por personas naturales y jurídicas que habían cancelado anticipadamente el uso del peaje por recargas directas e institucionales, estimando un rembolso de alrededor de 30.000 dólares. Mientras tanto, el ministerio de Infraestructura y Transporte, adjudicó la contratación de obras de mantenimiento de la vía Portoviejo – Montecristi, por USD 1,6 millones. Entre los trabajos específicos que se ejecutarán constan la reparación y arreglo de alcantarillas, que han generado deformaciones en la estructura vial; bacheo menor y mayor en distintos tramos; así como la señalización horizontal y vertical, principalmente en las zonas afectadas. Además, se intervendrá de forma integral la estructura de la vía en los sectores dañados, retirando las capas deterioradas para su reconstrucción. Ojalá algún día impere la sensatez y se vuelva a conceder al GAD Provincial la delegación del peaje. Pues en el tiempo que lo operó, tuvo una responsable y transparente administración.
ACUERDO CIFA CON UNIÓN EUROPEA
El 23 de enero, Ecuador suscribió con la Unión Europea el denominado acuerdo CIFA, un instrumento que busca establecer un marco regulatorio para el impulso y fomento de inversiones sostenibles entre el conglomerado europeo y Ecuador. Todo ello se inscribe dentro de la política Global Gateway de la Unión Europea, que tiene como objetivo promover inversiones por aproximadamente 300.000 millones de euros a nivel mundial y, en particular, en la región de América Latina y el Caribe, con la finalidad de que dichas inversiones se destinen a la transformación de la matriz energética y a proyectos sostenibles. Este esquema de inversiones está condicionado al cumplimiento de requisitos como la transparencia, la eficiencia y la existencia de protocolos internos claros para procesar eventuales inversiones, de modo que otorguen seguridad a los inversionistas. Asimismo, se exige que estos procesos sean éticos y que no se promuevan reformas laborales ni ambientales cuyo único objetivo sea atraer inversiones en condiciones que, eventualmente, puedan afectar a los países que las conceden. Todo ello se enmarca, como se ha señalado, en principios de transparencia y ética. Ecuador ha firmado este acuerdo y deberá, de manera paralela, trabajar en el fortalecimiento y mejora de sus protocolos internos, con el fin de estar preparado para una eventual entrada en vigencia del mismo, una vez que cuente con el dictamen correspondiente de la Corte Constitucional y se complete el proceso de ratificación. De esta forma, el acuerdo podría efectivamente beneficiar la atracción de inversiones sostenibles hacia el país. Este acuerdo de inversiones sostenibles con la Unión Europea permite, además, reforzar el Acuerdo Comercial Multipartes suscrito entre Ecuador y la Unión Europea a finales del año 2016, particularmente en lo relativo a su capítulo de inversiones. En ese momento, dicho capítulo no era amplio ni incorporaba de manera expresa criterios de sostenibilidad, situación que ahora se aborda y se fortalece. Consideramos que, de conocerse plenamente el alcance del acuerdo y de ser ratificado por la Corte Constitucional, aprobado por la Asamblea Nacional y suscrito formalmente en el menor tiempo posible, este instrumento puede representar un beneficio significativo para el país.
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