Que un legislador haya salido de compras, por montos que ascienden a casi ochenta veces los USD 33.000 que declaró como patrimonio recién en mayo de este año a la Contraloría General del Estado no es cuestión baladí ni que pueda quedar tapada en la amnesia colectiva por un nuevo escándalo. El clamoroso silencio del involucrado bien puede entenderse como una táctica defensiva para no autoinculparse. Pero resulta impensable que las entidades estatales encargadas de prevenir o investigar delitos se unan a esa estrategia. Nos preguntamos: ¿ya se ha enviado a la Fiscalía algún diligente parte policial, dándole aviso de que, por revisiones hechas en redes sociales, ha llegado a su conocimiento el cometimiento de un posible delito? ¿O ya el en otros casos presuroso director de la UAFE ha emitido un reporte de operaciones injustificadas? ¿Va a esperar a que eso suceda el fiscal general? ¿O va a abrir, como está facultado, una investigación de oficio? La justicia en el Ecuador debe empezar a dejar de ser selectiva. Y esta es una valiosa oportunidad para saber si las autoridades están o no dispuestas a cumplir sus tareas, con independencia y sin direccionamientos, por querencias o malquerencias políticas o de cualquier otro orden. Es nuestro deber llamar a la ciudadanía a que esté vigilante.

La eliminación del subsidio al diésel marca un punto de inflexión en la política energética del país, pero este paso debe ser el inicio de un cambio más estructural. El sinceramiennto de precios, aunque ahora genere protestas del sector social, abre una oportunidad para que Ecuador transite hacia un modelo de mercado más competitivo. La liberación gradual de los precios constituye un incentivo para que el sector privado se anime a importar, distribuir y comercializar combustibles, en un sector donde el Estado ha mostrado deficiencias que han generado perjuicios estatales. Ejemplos internacionales demuestran que los mercados energéticos que logran ser competitivos benefician directamente a los consumidores finales a través de mejores precios y, sobre todo, mayor calidad en el servicio. Con la regulación de libre importación establecida desde 2020, el marco jurídico básico ya existe, pero debe estar acompañado de incentivos específicos y reglas claras que estimulen la participación privada, eliminando barreras burocráticas que son innecesarias y garantizando condiciones equitativas de competencia. Solo así podremos superar décadas de deficiencias en la calidad del diésel, un problema que ha afectado a los mismos transportistas.