La crisis de energía que afronta el país se debe, además de la imprevisión y nulo mantenimiento de las plantas termoeléctricas, a la falta de lluvias que impide que las centrales hidroeléctricas y sus embalses cuenten con niveles mínimos para poder operar. Patrones climáticos inusuales han dado paso a una sequía prolongada y a altas temperaturas que a su vez han dado lugar a otro factor que también influye en la escasez de precipitaciones: los incendios. Estos acaban con inmensas extensiones de bosques y vegetación, lo que merma la humedad del ambiente, generando estaciones en extremo secas en las que se reduce de forma drástica el caudal de los ríos. Ello está desencadenando otro problema en simultáneo: los racionamientos de agua potable. Si bien algunos incendios se han generado espontáneamente por las condiciones atmosféricas, otros, en alto porcentaje, han sido provocados. Los incendios que soportó Quito en septiembre devastaron flora y fauna, y además pusieron en riesgo los bienes y la vida de los habitantes de la zona. Guayaquil tampoco se ha librado del fuego ni el Parque Nacional El Cajas, cuyos páramos son esenciales para la provisión de agua de Cuenca. La gravedad de la situación amerita la toma de acciones contundentes para poner fin a los incendios provocados, imponiendo mayores y más severas sanciones, incluyendo las penales, para quienes los inician.

Pese a que la caótica situación que vive el país es la oportunidad perfecta para que surjan iniciativas ingeniosas y creativas para superar cada una de las crisis que afrontamos, ninguna autoridad seccional se ha destacado por su rol proactivo o propositivo. No se conoce de municipalidad que haya presentado una idea viable e inmediata o quizá un proyecto innovador y sostenible que permita aliviar la pesadilla en la que viven los pobladores de sus ciudades, en algunas de ellas no solo padeciendo por los apagones sino también por los racionamientos de agua. Y si bien es cierto que el alcalde de la capital habló de que el Municipio podría hacer cargo de la distribución de energía y en ese caso pensar en desarrollar algún proyecto fotovoltaico, lo cierto es que parece más interesado en tener el control de la Empresa Eléctrica Quito, antes que en aportar con soluciones inmediatas o con una programación a largo plazo con planes alternativos y/o ecoamigables. Tampoco lo han hecho los prefectos, lo que convierte a los gobiernos locales en organismos que evidentemente no están conectados con la realidad de sus ciudadanos. Es verdad que la gran responsabilidad es del Gobierno central, que tampoco ha dado incentivos reales a los ciudadanos, pero sin duda las alcaldías y las prefecturas tienen mucho que decir y proponer.