La crisis sanitaria está lejos de solucionarse: los paños tibios no bastan para superar la problemática. Las enfermedades tropicales, que recrudecen con cada temporada lluviosa, colman hospitales desabastecidos de medicamentos e insumos básicos. No se trata de un fenómeno inesperado, sino de una realidad cíclica frente a la cual el Estado vuelve a mostrarse imprevisor e ineficaz. Ni siquiera los hospitales de la seguridad social, que atienden a miembros activos y jubilados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, logran garantizar atención oportuna. Resulta inadmisible que el Ministerio de Salud permanezca acéfalo o sumido en inestabilidad permanente. El mensaje que se envía es que la conducción de una cartera tan sensible se trata como un asunto menor. Los esfuerzos aislados desde la Vicepresidencia no compensan la ausencia de una política pública coherente y transparente. Las quejas de los pacientes se acumulan sin respuesta, mientras la rotación constante de ministros profundiza la desorganización y abre grietas para la negligencia y la corrupción. El deterioro de la infraestructura hospitalaria avanza a la vista de todos, y la inseguridad convierte a médicos y administrativos en blanco de amenazas. La salud pública no puede seguir siendo rehén de la improvisación: lo que está en juego es la vida y la dignidad de los ecuatorianos.

El gasto muchas veces indiscriminado y otras tantas fruto de la corrupción ha hecho que los gobiernos autónomos descentralizados se hayan convertido en focos de despilfarro y gasto inútil que el Estado central debe proveer, de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Para corregir ese problema, el Gobierno ha enviado a la Asamblea el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Este consistiría básicamente en obligar a que al menos el 70 % del presupuesto institucional anual codificado se destine a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. El objetivo aparentemente loable tras la nueva ley, de limitar el gasto corriente y administrativo de los GAD, priorizando la inversión en obras y servicios, genera sin embargo preocupación en un aspecto: podría propiciar la reinstalación del centralismo. De conformidad con el texto, sería el Gobierno central el que decidirá cómo hacer el gasto de inversión, despojando a los GAD de la capacidad de decidir cómo usar sus recursos, lo cual concentra poder en el Ejecutivo y debilita la descentralización garantizada en la Constitución. El análisis debería centrarse en si la nueva ley realmente favorecerá al bienestar de las comunidades.