La cédula de identidad es el principal documento de un ecuatoriano. Algunos lo obtienen a pocos días de su nacimiento y su número es para toda la vida. Es la evidencia de pertenencia al país, de su pasado, presente y futuro. En esa credencial, además de la foto, el nombre completo y la fecha de nacimiento, constan los nombres de los padres, estudios, el estado civil actual. El código y huellas dactilares. Nivel de estudios. Firma. Y la presentamos, incluso, en el momento de mayor felicidad personal o familiar, como la compra de un bien, una casa, un carro, un terreno. Ingresar a un edificio u oficina pública, al metro. Pero, la Superintendencia de Protección de Datos Personales dio una alerta inédita. La mayoría de esa información debería ser eliminada de la cédula de identidad. De hecho, únicamente sirven la foto, el nombre y la fecha de nacimiento. Todo lo demás no solo es innecesario, sino que puede significar un riesgo para el ciudadano ya que contiene datos biométricos, que, en este tiempo, son valiosos para criminales. La Ley del Registro Civil dispone los datos que están en ese documento. Pero esto, con apoyo de la Superintendencia, puede cambiar. Los datos de cada ecuatoriano ya permanecen en bases de datos a las que acceden varias instituciones públicas que necesitan, eventualmente, revisar todos los antecedentes de una persona. Debe mantenerse el propósito de una cédula, que es la identificación, pero no dar facilidades para obtener, incluso, la huella digital. En Europa y EE.UU. es más relevante el color de ojos y la altura. El proceso para un cambio debe iniciar.

Si la participación de los dos finalistas en el debate presidencial dejó algo para la sociedad, es el haber hecho descender a la categoría de pelea de esquina al ejercicio de la política nacional. Insinuar que el presidente de la República está casi al mismo nivel que cualquier capo del narcocrimen organizado es temerario si no se tienen las pruebas; y si se las tiene, es irresponsable no presentarlas. Resulta lógico entonces pensar que quien hace tal acusación no tiene pruebas, pues en tiempos electorales no desaprovecharía la oportunidad de presentarlas. Si es así, estamos presenciando la degradación total del quehacer de la política, con acusaciones de alto calibre sin ningún sustento. Sin embargo, lo más grave de todo es que ante tales acusaciones hechas en televisión nacional no suceda nada. Que nadie exija a la acusadora presentar las evidencias de sus acusaciones, que el acusado no reaccione con la contundencia que amerita un señalamiento de tal magnitud, que Fiscalía no tenga nada que decir y que la clase política deje pasar como si nada tan grave acusación es indigno e inaudito. Estamos ante la normalización de lo inaceptable, de lo ilícito, de la decadencia moral. Sea una acusación falsa o con fundamentos, debe conocerse la verdad. Los votantes merecen más respeto de quienes pretenden gobernar el país.