Para el Gobierno de Daniel Noboa, la tormenta de El Niño no se medirá solo en milímetros de lluvia, sino en dólares. A pocos días de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, Fitch Ratings advierte que la necesidad de abrir el gasto público para atender los estragos climáticos podría descarrilar la próxima revisión del programa de Ecuador con el FMI. La administración ya muestra mayor flexibilidad fiscal: asume subsidios a los combustibles y financia Jóvenes en Acción.
Pero en economía la generosidad tiene costo: si se sacrifica la disciplina fiscal, se encarece el endeudamiento externo y se frena la mejora crediticia lograda en febrero, cuando Ecuador llegó a B-. El resultado es una encrucijada: atender la emergencia sin romper la disciplina fiscal o arriesgar un encarecimiento inmediato del financiamiento y un nuevo golpe a la calificación. A esa presión se suma la crisis eléctrica, estructural y sin reservas. La sequía en Colombia y El Niño solo actúan como detonantes de un sistema frágil:
las grandes industrias vuelven a sufrir desconexiones, como en 2024, cuando cortes de hasta 14 horas restaron 1,4 puntos al crecimiento. Fitch advierte que el ciudadano y el empresario absorben el impacto final: daños en vías, agricultura y pesca elevan costos de transporte y alimentos, mientras las condiciones financieras se endurecen. Los negocios enfrentan créditos más escasos y caros: un “impuesto climático” invisible que asfixia al sector productivo justo cuando más necesita oxígeno.
