La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional analizó el patrimonio de 251 alcaldes y prefectos y este viernes aprobó su informe de fiscalización. Determinó que el 37,85 % de los casos presenta sospechas de incrementos injustificados: 95 funcionarios. De ellos, 41 tienen alerta roja y 54 alerta naranja, por lo que la mesa sugirió remitir la información a la Fiscalía y la Contraloría. “Hemos presentado un proceso de semaforización para transparentar la trazabilidad de la documentación”, dijo Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. El informe fue aprobado con 7 votos de ADN y aliados y 3 en contra del correísmo.
Esta bancada pidió no exponer los anexos con nombres hasta que el pleno lo conozca, para evitar juicios anticipados. “Una vez que la comisión apruebe el informe, se libera la reserva. Es una contradicción. ¿Por qué no dejamos que sea el Pleno, tras su debate, el que libere este informe? Llama la atención que esto surja en pleno proceso electoral”, señaló Xavier Lasso, asambleísta de RC. Según el informe, otras 90 autoridades tienen semáforo verde por no existir diferencias entre su salario y su patrimonio, y 66 no presentaron novedades. La investigación se originó en una publicación de prensa. Si la Asamblea acepta el informe, la Fiscalía podría abrir investigaciones por enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos y testaferrismo. Hoy, siete alcaldes y una prefecta son procesados por corrupción. El debate aún continúa.
