Comunidades indígenas argentinas sufren desalojos en Neuquén, Jujuy y Misiones mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa una ley de propiedad privada que facilitaría desalojos exprés. La derogación de la Ley 26.160 agravó el escenario. En Neuquén, las comunidades mapuche Kinxikew y Melo fueron desalojadas por cientos de policías; el lonco Lucas Melo Piñén denunció títulos «truchos» y recordó a sus ancestros enterrados.
El INAI reconoció su ocupación tradicional, pero no otorgó título comunitario. En Jujuy, la comunidad Santa Rosa fue desalojada en Humahuaca por disputas con particulares e intereses mineros. En Misiones, familias Mbya Guaraní fueron desalojadas por un empresario forestal, aunque lograron regresar. El Congreso debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobada en el Senado, que permitiría juicios sumarísimos y restitución anticipada. El CELS advierte que la norma profundizará los conflictos y vulnerará derechos humanos constitucionales e internacionales.
