Abg. Ramiro Rivera Molina titulo
Político ecuatoriano que ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional entre 2003 y 2005 Profesor universitario en Universidad de las América Presidente del Grupo @elcomerciocom
Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi he mantenido una posición crítica respecto a su diseño autoritario. Consideré entonces y sigo considerando, que es una constitución mal formulada que facilita la deriva hacia un hiperpresidencialismo o un presidencialismo absoluto. No fue la expresión genuina de la voluntad política de los ciudadanos. Implantó un esquema copiado de la constitución chavista, escrita por un grupo de españoles alienados y trazada para acomodar a un caudillo, ahora prófugo. Siempre pensé que era una novelería de mal gusto la implantación de cinco poderes del Estado, sin mecanismos de control y límites al ejercicio del poder, lo que constituye la columna vertebral de toda democracia constitucional. La nefasta experiencia de los diez años de régimen autoritario correista, puso al descubierto que la arquitectura jurídica sólo reforzó el poder absoluto, permitiendo la persecución a las organizaciones sociales, la criminalización de la protesta social y el imperio de la opacidad. He sido crítico del Cpccs, puesto que ha sido utilizado como dispositivo para acumular un poder hegemónico y responder a un modelo estatista, similar el Poder Ciudadano del chavismo, a la Función de Control de la Bolivia de Evo Morales o al Poder Popular del sistema totalitario cubano. Subyace el intento de instituir un modelo de Estado todopoderoso, aquél que ocupó la centralidad del pensamiento fascista y motor del modelo totalitario estaliniano. El Cpccs, se utilizó para la acumulación del poder actuando desde la opacidad, la complicidad y el acomodo. No libre de escándalos, partidización, e indeseables actos de corrupción. No en vano tres ciudadanos que presidieron este organismo fueron enjuiciados, censurados o destituidos (Carlos Tuarez, Cristian Cruz y Alembert Vera). En total, 18 consejeros han sido procesados o destituidos por la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral. Hace poco, otro consejero renunció. Penosamente, este organismo estatal, no ha conseguido promover una participación social con identidad ciudadana autónoma, ni ha sido ejemplo de transparencia, menos un instrumento de lucha contra la corrupción. Para muchos, el Cpccs devino en una doble representación, asociada a intereses políticos y la busca de prebendas. La participación ciudadana en democracia tiene que ser libre. No puede ni debe estatizarse. Menos con una visión ideológica donde se considera que nada es admisible contra el Estado, ni sobre el Estado ni sin el Estado. Las reivindicaciones de la libertad y la participación, son precisamente interpuestas ante el Estado. Es sabido, por lo demás, que el Estado omnipotente es la negación de una democracia pluralista.
