ASFIXIA REGIONAL A LAS ONG
Hay una tendencia regional para limitar el trabajo de la sociedad civil a través de leyes que son usadas contra delitos, como el terrorismo y el lavado de activos. Incluso, se utilizan leyes que deberían garantizar la transparencia de los gobiernos. El estudio de Fundamedios y la red TrustLaw determinó que este tipo de restricciones se aplican en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Las autoridades usan la misma Constitución, códigos civiles, leyes especiales para las oenegés, leyes de agentes extranjeros, leyes de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, y las leyes tributarias. Las normas creadas para el control suelen ser de aplicación discrecional con el fin de callar críticas. En el informe, estas legislaciones someten a las organizaciones a registros extremos, retención de fondos, prohibición de patrocinar acciones en contra del Estado. Ecuador es uno de los países donde, según el informe, se produce esta práctica. Actualmente, hay personas que tienen sus cuentas congeladas y la cooperación internacional ha tenido que sortear controles para seguir con los proyectos, incluso, relacionados con la productividad. La Corte Constitucional tiene, desde septiembre del 2025, una demanda en contra de la Ley de Fundaciones. Los demandantes consideran que la derogatoria de la ley ayudará al ejercicio de la libertad de asociación y de participación social. Ese Tribunal debe pronunciarse.
