La protección de usuarios del sistema financiero evitando prácticas de anatocismo (cobro de intereses sobre intereses), devolución de recursos en casos de liquidación forzosa o intervención y cambios al mercado de valores centraron la discusión del primer debate del proyecto de ley que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero.
El debate en el pleno de la Asamblea Nacional es este jueves 2 de julio del 2026 durante la sesión 105. El proyecto de ley es procesado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Unifica cuatro iniciativas legales previas e incorpora nuevos elementos. Uno de los temas propuestos en el proyecto es el establecimiento de tres reglas para la aplicación de intereses por mora:
- Se aplicará solo sobre el valor del capital de la cuota o de las cuotas vencidas e impagas. “Se prohíbe toda maniobra que busque esconder bajo un acto o contrato legítimo la práctica ilícita de cobrar interés sobre interés, denominada anatocismo”.
- El interés de mora empezará a devengarse a partir del día inmediato siguiente a la fecha de vencimiento de la obligación pactada. Dicho cálculo cesará de forma automática al momento del pago total de los valores en mora, en los casos que apliquen.
- Bajo ninguna figura contractual o de aceleración de pagos se podrán liquidar intereses de mora, multas, penalidades o recargos adicionales sobre el valor del capital que aún no haya vencido.
Por capital vencido se entenderá el componente de capital contenido en cada cuota cuyo plazo de pago hubiere expirado sin que se produzca su cancelación. En la sesión del pleno, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto de ley, Nathaly Farinango (ADN), señaló que la normativa tiene como propósito fortalecer la confianza en el sistema financiero nacional, que cobija emprendedores, ahorristas, inversionistas y más actores.
Expresó que cualquier reforma en esta materia debe tener una visión integral, proteger la estabilidad del sistema, pero también debe proteger a las personas. La propuesta responde a la necesidad de fortalecer el marco legal, reforzando la transparencia, seguridad jurídica, eficiencia operativa y protección a los usuarios, justificó Farinango e indicó que la reforma establece parámetros para prohibir el anatocismo y se excluye el cálculo de intereses por mora en seguros, comisiones o gastos administrativos.
La legisladora expuso que la reforma se centra en cuatro elementos fundamentales:
Protección a usuarios del sistema financiero. Incluye la necesidad de dar claridad en los cálculos de intereses por mora, certeza de las condiciones de la relación financiera. Por ello, dijo Farinango, se incorporó el derecho a la información y transparencia sobre metodología de cálculos de tasas de interés, costos asociados a la operación crediticia y al desglose en los estados de cuenta entre capital e intereses.
Socios y depositantes de entidades en liquidación forzosa o intervención. Derecho a recibir información clara sobre los procesos y alternativas. La reforma busca fortalecer mecanismos de transparencia. Se propone que se garantice un informe final que incluya conciliación de cuentas, pagos realizados, bienes transferidos y acciones de recuperación de activos. El informe deberá ser público.
Mercado de valores fortalecido. La reforma propone modernizar aspectos relacionados con plataformas de negociación, mecanismo de compensación, liquidación, emisión y circulación de títulos valores. Se amplían y precisan las modalidades de mercado extrabursátil privado. Reconoce como intermediarios a casas de valores y a las entidades del sector financiero privado autorizadas. Al sumar incorporar a nuevos intermediarios se permite mayor capacidad operativa, respaldo patrimonial y atracción de inversiones.
Regulación de fideicomisos mercantiles constituidos con bienes de instituciones liquidadas. Existen estructuras fiduciarias con problemas de viabilidad económica, dejando de ser una herramienta eficiente. La reforma plantea establecer análisis técnico, financiero y jurídico sobre dichos fideicomisos; aquellos que tengan viabilidad podrán continuar bajo ciertas condiciones.
El debate tuvo un total de 19 intervenciones de asambleístas de diferentes bancadas. Todos manifestaron su apoyo a la parte del proyecto de ley concerniente al anatocismo, que perjudica a los usuarios, así como la transparencia en los procesos de intervención o liquidación forzosa de instituciones financieras. Sin embargo, las posiciones se dividieron en lo relativo a las reformas al mercado de valores.
Legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y del Partido Social Cristiano (PSC) advirtieron que la normativa generaría riesgos al permitir operaciones a través del mercado extrabursátil, entre otros puntos. Los integrantes de la RC José Luis Vallejo, Mónica Alemán y Mireya Pazmiño, así como la asambleísta de PK Mariana Yumbay señalaron que ese tema debería ser excluido, porque no respeta la unidad de materia, ya que el proyecto de ley que está en trámite surgió de cuatro iniciativas legislativas previas y en ninguna de ellas se abordan cambios al mercado bursátil. Respecto de estas críticas, la asambleísta Nathaly Farinango defendió el contenido y estructura de la normativa, asegurando que cumple con los requisitos correspondientes. Además, dijo que el principio de unidad de materia debe considerar la naturaleza del procedimiento legislativo, lo que implica que se pueden sumar nuevas propuestas en el transcurso del análisis.
Carmen Tiupul, legisladora independiente, promovió una de las iniciativas preliminares que se unificaron en el actual proyecto de ley. Su propuesta se centró en mejorar los procedimientos y garantizar la devolución de recursos a los clientes de instituciones financieras cerradas. Durante su intervención en el pleno explicó que su planteamiento pretende que no se repitan más casos de personas perjudicadas con los cierres de las entidades a quienes les resultó difícil, y en algunos casos imposible, recuperar sus ahorros, debido a falencias del sistema vigente.
El primer debate del pleno terminó tras más de dos horas y media. El proyecto regresará a la Comisión de Régimen Económico para el trámite de cara al segundo y definitivo debate. La presidenta de la mesa legislativa indicó que se tomó nota de las observaciones y sugerencias emitidas en el debate, y se recibirán planteamientos por escrito que se analizarán en la elaboración del informe para segundo debate.
El sector del mercado de valores ecuatoriano, representado por la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval), la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), expresó su respaldo a las iniciativas que buscan modernizar el sector, pero alertó sobre la falta de socialización técnica del proyecto de ley. A través de un comunicado conjunto, emitido en la víspera del primer debate en el pleno, los gremios señalaron que, tras conocerse la inclusión de estas reformas, el pasado 5 de mayo solicitaron formalmente comparecencias técnicas ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, el Ministerio de Economía y la Junta Financiera de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
Sin embargo, lamentaron que hasta la fecha no han sido convocados formalmente para aportar sus observaciones. Las organizaciones advirtieron que, si bien comparten la meta de actualización normativa, ciertos aspectos de la propuesta requieren una revisión profunda. Según el comunicado, el texto actual generaría “efectos no deseados” en la formación eficiente de precios, la liquidez y la transparencia.
Asimismo, alertaron de que podría propiciar la creación de mercados paralelos no formales, la proliferación de intermediarios no especializados y afectar la protección a los inversionistas y la seguridad jurídica. Los actores del sector ratificaron su disposición a colaborar con la mesa legislativa para estructurar una normativa que modernice el mercado de valores del país.
