Desde enero de 2024, Ecuador vive bajo una sucesión ininterrumpida de estados de excepción. El primero fue decretado por el presidente Daniel Noboa apenas dos meses después de asumir el poder, y desde entonces se han repetido sin cesar, amparados casi siempre en el mismo argumento: la grave conmoción interna que sacude al país.
Bajo este régimen, la fuerza pública obtiene atribuciones extraordinarias que normalmente vulnerarían el orden constitucional: allanar domicilios, revisar correspondencia o intervenir comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial previa. El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz explica que el objetivo práctico es ganar celeridad operativa. “No tienen que pedir permiso a un juez para un allanamiento o para interrumpir una conversación.
Ese es el objeto”, aclara. Sin embargo, el jurista advierte que esta dinámica no puede convertirse en la regla. Ante ello, surge una pregunta inevitable: ¿es posible ejecutar estos operativos sin suprimir las garantías civiles? Para Muñoz, la solución pasa por una justicia más ágil. Mientras tanto, el Gobierno defiende la continuidad de estas medidas.
En el decreto más reciente, se reconoce que, si bien se ha logrado reducir la capacidad de las estructuras criminales, el retorno a la normalidad evidencia que las herramientas ordinarias son insuficientes para mantener el control.
