CRISIS DE DEMOCRACIA

La crisis moral y de subdesarrollo social y económico que sufre el Ecuador se debe principalmente a una profunda crisis de su democracia. Actualmente ya no se eligen gobernantes, se vota en contra de otra opción, y se han radicalizado posiciones entre quienes ejercen el poder y quienes quieren volver a ejercerlo para imponer autoritaria y abusivamente sus criterios, utilizando las instituciones del Estado para satisfacer egos o intereses personales o de grupo, sin importarles la situación que vive el país. Aprovechando el auge de las redes sociales, se privilegia la propaganda demagógica para seducir al votante, pero no se actúa con el patriotismo, transparencia y responsabilidad que exige el ejercicio del poder para enfrentar problemas críticos como el desempleo, la corrupción, la inseguridad y priorizar políticas públicas en salud, educación, vialidad, vivienda, actividades productivas. En Ecuador se vota por el menos malo En ese escenario, cualquier audaz improvisado sin mérito alguno o con un pasado oscuro, se autopostula como candidato, sabe que lo que cuenta es tener o alquilar un ‘partido político’ y dinero para financiar propaganda y obsequios a los votantes. Están lejos de ser dirigentes ni mucho menos líderes formados en la trinchera de una lucha por convicciones que les posibilite contribuir a un mayor desarrollo económico y bienestar de la población. ¿A qué responde esta dura realidad? No existen partidos políticos doctrinarios y organizados que respondan a tesis históricas de un pensamiento crítico sazonado con ideales que planteen dar respuestas a las necesidades sociales. Eso explica que Ecuador en estos años del siglo XXI haya votado en contra del otro candidato, por el menos malo, por el improvisado sin antecedentes probados de merecimientos. Quienes ganan una elección olvidan que una democracia se sustenta en el sometimiento a la ley; se dedican a tratar de influir en su aplicación, a manipular instituciones como la administración de justicia, organismos de control y electorales, creando una inseguridad jurídica que deja al ciudadano huérfano de protección del Estado y expuesto a persecuciones injustas.