HUELLAS DACTILARES Y ROSTROS QUEDAN EXPUESTOS
La reciente y masiva filtración de datos biométricos en el país ha dejado al descubierto una realidad alarmante: la infraestructura tecnológica de las instituciones públicas enfrenta un rezago crítico, con plataformas de seguridad que superan los 15 años de antigüedad. Este escenario convierte a los ciudadanos en blanco fácil para una inminente ola de estafas, suplantación de identidad y fraudes bancarios de consecuencias devastadoras. Frente a la gravedad del problema, la postura oficial resulta inadmisible. Entidades como la ANT y el Registro Civil, al negar o minimizar estas vulnerabilidades solo profundizan la crisis, pues no se trata de incidentes aislados, sino de una debilidad estructural donde la propia Superintendencia de Protección de Datos Personales carece de presupuesto y del personal necesario para auditar y sancionar con eficacia. Urgencia de acción estatal y modernización El Estado no puede mirar hacia otro lado ni trasladar la responsabilidad de la seguridad digital a las víctimas. Urge que las autoridades dejen de evadir su competencia y asuman un rol proactivo. Se requiere una inversión prioritaria para modernizar sistemas obsoletos y una campaña de comunicación pública que instruya a la población sobre cómo proteger su patrimonio. La inacción solo contribuye a profundizar la indefensión de los ecuatorianos en el ecosistema digital.
