Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, pidió sustentar las denuncias de fraude y llamó a preservar el orden democrático, mientras Rafael López Aliaga, aspirante de Renovación Popular, presentó un recurso ante el JNE para frenar la proclamación de resultados.
Roberto Sánchez, candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), se metió en la contienda por el segundo lugar en los accidentados comicios presidenciales y con más del 91% de las actas contabilizadas, le pisa los talones al derechista Rafael López Aliaga mientras Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, sigue a la cabeza de la contienda.
Según los últimos resultados oficiales parciales, hasta la tarde del 15 de abril Fujimori seguía al frente en el conteo con el 17% de los votos emitidos, seguida de por Sánchez, con el 12% de apoyo. Jorge Nieto Montesinos (11,1%), del Partido del Buen Gobierno, está en la cuarta posición en la contienda por la presidencia, que se definirá en segunda vuelta el próximo 7 de junio. López Aliaga, exalcalde de Lima, calentó los ánimos el martes al anunciar que no reconocerá los resultados electorales e insistir en sus denuncias de fraude sin presentar pruebas.
Fujimori remarcó que el compromiso debe ser con la democracia, la transparencia y el orden, y añadió que, en momentos de tensión, se requiere madurez política para no contribuir a la inestabilidad. Por su parte, López Aliaga insistió en que en los comicios se produjo un “fraude”, aunque no presentó pruebas. Sus denuncias se basan en problemas logísticos durante la jornada electoral, que ocasionaron retrasos en la apertura de locales y la extensión de la votación en algunos centros.
El candidato conservador también convocó a sus simpatizantes a movilizarse frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y llamó a mantenerse en alerta ante lo que denominó una posible “insurgencia civil”. Además, presentó un recurso ante el organismo electoral para solicitar la suspensión de la proclamación de resultados, al alegar una supuesta afectación al derecho al voto de más de 600.000 ciudadanos.
