UNA CARGA MÁS Y EL SISTEMA COLAPSA
El Gobierno ecuatoriano no puede proclamar que el país tiene garantizado su suministro eléctrico mientras, al mismo tiempo, exige al sector privado generar su propia energía. Con esto, el Estado no resuelve ningún déficit energético, sino que traslada el problema, una gran carga pesada, a la empresa privada. Seguirse apoyando en el sector empresarial no debería ser la alternativa. Según la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar a las empresas el acceso a servicios básicos, entre ellos la energía eléctrica. Al incumplir ese mandato, el Gobierno no solo incumple normas, sino que obliga a las empresas a asumir sobrecostos por el uso de combustibles que ya no cuentan con subsidio. Los reembolsos ofrecidos, según han denunciado los propios empresarios, no cubren la totalidad de los gastos. A eso se suma el desgaste de equipos que no fueron diseñados para operar de forma prolongada bajo esas condiciones. En el país sigue siendo un pendiente el allanar el camino a la inversión que permita una solución estructural en materia de generación eléctrica. Los trámites burocráticos siguen frenando la instalación de energía alternativa, como el uso paneles solares, y la apuesta por fortalecer la red de transmisión continúa siendo insuficiente.
