El sistema de transporte urbano de Quito enfrenta un nuevo foco de tensión. La Unión de Operadoras de Transporte Público (UnitransQ) denunció que, pese a sus comunicaciones desde inicios de 2025, la Alcaldía no ha respondido para reunirse y abordar la crisis financiera y operativa del sector. El gremio, liderado por Jorge Yánez, exige aplicar la Ordenanza 017-2020, que obliga al Municipio a crear una partida específica de compensación para el transporte. Denuncian un desequilibrio entre buses privados y sistemas municipales: mientras a los primeros se les exige operar por debajo de su costo real, el Trolebús (USD 0,35) y el Metro (USD 0,45) reciben subsidios. Solo para el Metro, el Municipio destina unos USD 60 millones anuales. A esto se suman trabas burocráticas: la Secretaría de Movilidad tarda hasta dos meses en trámites básicos. Yánez descartó un ultimátum de 30 días para un paro, pero advirtió que las unidades podrían dejar de circular por falta de liquidez, no por una huelga formal.
