El debate por la transferencia de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) ha vuelto al centro de la discusión política en Ecuador. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que el Ejecutivo no reducirá las asignaciones a prefecturas ni municipios, sino que busca “ordenar el manejo de fondos públicos y mejorar la planificación del gasto”. Sus declaraciones se dan en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, contra la reforma impulsada por el Gobierno. Morillo fue enfática: “No se elimina ni un solo centavo, lo que se busca es planificar y ordenar las cuentas”. Según la ministra, la interpretación pública de un recorte presupuestario responde a un malentendido, pues se trata de ajustes administrativos para optimizar la gestión del gasto. La controversia, sin embargo, ha escalado a los tribunales. Pabón acudió a la Corte Constitucional para que determine si la reforma vulnera las competencias financieras de los gobiernos seccionales, abriendo un nuevo frente político entre el Ejecutivo y las autoridades locales. En paralelo, Morillo cuestionó la marcha realizada en Quito contra la reforma, afirmando que existen imágenes que evidenciarían que trabajadores de la Prefectura de Pichincha fueron obligados a participar. La acusación añade tensión al conflicto institucional. El fondo del debate gira en torno a los recursos que el Estado transfiere a los GAD — provenientes del Presupuesto General— para obras, servicios y programas sociales. La discusión actual enfrenta al Gobierno central y a las autoridades provinciales sobre la distribución de estos fondos y los controles para su uso, un tema sensible en la relación entre ambas instancias.
