LUPA EN LOS MUNICIPIOS: ASÍ VIGILARÁN QUE NO SE ESCAPE NI UN PESO
La ley económica urgente que propone el presidente Daniel Noboa abrió un debate que toca el fondo de la gestión del país. La idea que ha causado polémica es que los gobiernos locales, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, destinen el 70% del presupuesto a inversión y obra pública. Solo el 30% restante va para el gasto corriente, sueldos y servicios básicos. El cambio, si esta ley es aprobada, implicaría un vuelco en la manera de conducir los municipios que son cuestionados por privilegiar la promoción de la autoridad política o gastar en fiestas antes que hacerlo en alcantarillado, plantas de tratamiento, salud, educación, y otras. Mayoritariamente, las irregularidades quedan fuera del alcance de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía. De hecho, en los últimos 10 años la ejecución de los presupuestos de estas instancias de gobierno local no superó el 60%, algunos fueron menos del 40%. Las autoridades locales están indignadas porque el cambio propuesto, creen que lastimará el funcionamiento de comedores municipales, centros infantiles, atención psicológica, centros culturales, y otros relacionados con el ámbito social. Incluso temen la paralización de la obra pública. El control del gasto, en cualquier nivel de Gobierno, es una necesidad en un país que cuenta con recursos limitados. Por esto, no es sensato crear un nuevo enfrentamiento cuando se abre un año electoral por las elecciones seccionales del 2027. Las autoridades locales deben intervenir en el proceso legislativo para dar sus aportes y alejarse de las protestas en las calles. La Asamblea debe abrir sus puertas.
