A cinco días del anuncio oficial de liberación masiva de presos políticos, la vocería de María Corina Machado y Edmundo González denunció que la medida no se cumple en los términos prometidos.
El régimen venezolano difundió el 12 de enero la cifra de 116 excarcelados, pero organizaciones de derechos humanos solo habían verificado 56 liberaciones hasta el mediodía del 13. El comunicado advierte que esta cifra representa menos del 5% del total de más de 1.000 personas que permanecen privadas de libertad por razones políticas.
Además, se subraya que los liberados siguen sometidos a medidas cautelares abusivas, lo que limita su libertad y perpetúa la persecución. Se critica la falta de transparencia oficial: no se han publicado listas de beneficiarios ni se ha notificado debidamente a las familias. Cientos de familiares permanecen en vigilia frente a los centros de reclusión, esperando noticias y gastando recursos limitados.
Paralelamente, se denuncia que no ha mejorado la situación de los presos que permanecen recluidos, incluso de aquellos con graves dolencias. Prueba de ello es el fallecimiento de Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien murió en cautiverio tras una crisis hipertensiva no atendida adecuadamente. Torres es el octavo preso político fallecido bajo custodia estatal desde las elecciones del 28 de julio de 2024. El mensaje de la oposición es claro: «No puede haber transición con presos políticos, ni libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas».
La demanda es única y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos. Cada día de prisión cuenta, y la vida de cientos de personas está en juego.
