El sector industrial ecuatoriano rechaza la sentencia de la Corte Constitucional que impide al Estado concesionar servicios de energía eléctrica a empresas privadas para su aporte al Sistema Eléctrico Nacional.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) advirtió, mediante un comunicado, que la decisión “es grave para el país, pues pone en riesgo el suministro eléctrico, afecta la competitividad y amenaza con el retorno de los apagones, impactando directamente en las familias, la producción y el empleo”.
La medida judicial frena la estrategia gubernamental anunciada el pasado 5 de enero por la ministra de Energía, Inés Manzano, quien buscaba adjudicar 2.100 MW y licitar tres grandes proyectos a privados. El objetivo era aumentar la capacidad firme del sistema, ante la falta de recursos financieros y capacidad técnica inmediata del Estado para cubrir el déficit de generación y rehabilitar infraestructura deteriorada.
La Corte declaró inconstitucional una parte de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) que permitía concesiones a privados “por interés público, colectivo o general”. Consideró que esta causal era demasiado amplia y no cumplía con el carácter excepcional que exige la Constitución para sectores estratégicos como la energía.
La Cámara de Comercio de Quito señaló, también en un comunicado, que aunque la norma presentaba ambigüedades, el pronunciamiento “limita la participación del sector privado y afecta la inversión necesaria para fortalecer el sistema energético del país”. Agregó que la resolución genera impedimentos cuando Ecuador requiere “soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad y eficiencia del abastecimiento eléctrico”.
