Redacción, EM.- La Chorrera no es precisamente un pueblo pintoresco. Más bien, son notorios el descuido y la pobreza. En sus calles empolvadas se dispersa la basura que traen la brisa y las mareas. Sobre la larga playa de 3.5 kilómetros de extensión permanecen encalladas algunas lanchas por falta de motor y, hacia media mañana, los pescadores se esfuerzan por desanudar sus redes vacías. Carmen, de 47 años, en ocasiones ayuda en esa tarea a su hermano Manuel. Ellos dos, así como el resto de personas mencionadas en este reportaje, aparecen con nombres cambiados por cuestiones de seguridad.
Carmen era muy pequeña cuando llegó por primera vez a La Chorrera en el velero que timoneaba su padre. Venían de su natal Jaramijó, una importante ciudad pesquera cerca de Manta, en la provincia de Manabí, donde también está La Chorrera. La travesía podía tomar hasta seis días. “Todo dependía del viento, así como nos traía, así mismo nos devolvía”, recuerda. La familia —padres y tres de los cuatro hijos— se instaló definitivamente en 1985, en una choza levantada con plásticos, con la esperanza de que ese mar les diera una mejor vida. Carmen empezó a pescar cuando tenía 10 años. Junto a su padre y sus dos hermanos, entre ellos Manuel, recogía larvas de camarón para venderlas a laboratorios que las cultivaban para luego pasarlas a piscinas de crecimiento. “Fue una buena época”, dice, “la gente que aprovechó la larva pudo hacer algo de dinero”. Su padre logró comprar un bote con motor. Vino la pesca de langosta y langostino, y después la de variadas especies pequeñas que, atrapadas en conjunto, forman lo que se conoce como pescado revuelto. En mejores días y en aguas más fecundas, conseguían especies medianas más apetecidas y de mayor precio: cachema, robalo, pargo. A los 22 años, Carmen se casó con un pescador del pueblo y tuvo a su primera hija. Cuando la niña creció, ella volvió al mar junto a su esposo.
Nunca fue un trabajo fácil, pero en esos años —inicio del siglo— las preocupaciones todavía eran el oleaje, el viento y la cantidad de pescado que el mar podía ofrecer. “Antes usted no veía los grandes barcos que hoy se llevan todo. Cogen hasta el pescado pequeño que luego se muere. No respetan la milla de protección y se meten hasta acá”, dice acerca de la ley ecuatoriana que reserva ocho millas desde la costa para la pesca artesanal, pero que, afirma ella, nadie cumple. En La Chorrera todos coinciden: esa norma no impide que los barcos industriales invadan con sus redes profundas y sus sistemas mecánicos de wincha y poleas. Luego vino el mal más nuevo, el mayor: los piratas, delincuentes vinculados a redes de crimen organizado que roban principalmente lanchas y motores para luego utilizarlas en el tráfico de drogas. Así lo demostró una investigación de Mongabay Latam publicada el 22 de octubre pasado que da cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones a pescadores se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Desde entonces, las mujeres han dejado de salir a pescar y sus esposos han optado por no llevarlas con ellos por miedo a que los asaltos terminen con violaciones. “Básicamente, ese miedo ha hecho que las mujeres ya no trabajemos en el mar”, dice Carmen. Tras años de trabajo y ahorro, su esposo logró comprar una lancha mediana con un motor de 75 caballos de fuerza, pero hace un año le asaltaron mientras pescaba a unas 80 millas náuticas, a donde iba a buscar picudo, albacora, bandera y otras especies grandes. Le robaron el motor y los materiales de pesca, hasta la comida y la chaqueta que llevaba. La pérdida bordeó los 7000 dólares. “Perdimos todo. Ya no podíamos meternos con otra deuda porque… ¿y si vuelve a pasar lo mismo?”, se preguntan. Hoy esa lancha está varada en la playa, como tantas otras que perdieron su motor, y el esposo de Carmen ha debido volver a trabajar como empleado en otra embarcación.
