¡BASTA!

Las paralizaciones violentas promovidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) del 2 al 13 de octubre de 2019 y del 13 al 30 de junio 2022, dejaron una pérdida en la economía superior a los dos mil millones de dólares. Pero, además, un desgaste de la democracia, serias grietas en el tejido social y el quebranto de la esperanza. Muchos creían que no había futuro. Los jóvenes entre la desconfianza y el desánimo. Una desazón generalizada. Los señores Jaime Vargas y Leónidas Iza, líderes de la violencia en ese entonces, sometieron a los gobiernos débiles de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. El señor Iza creía haber ganado ventaja en su sueño por el comunismo indoamericano. Perdió el país y también perdió Iza cuando en la última elección presidencial logró un diminuto 5% de la adhesión electoral. La Asamblea Nacional en esas dos ocasiones jugó a la dialéctica de la complicidad, el quemeimportismo y la impunidad. No aprendió lección alguna y obsequió a los violentos la amnistía. Todos los actos delictivos fueron borrados y los impulsivos e irracionales se agrandaron en su soberbia y en el desprecio a las reglas de la democracia. Parecía tener razón Maquiavelo cuando en una carta a su amigo Francesco Guicciardini, le decía: «me parece que todos los tiempos vuelven y que nosotros siempre somos los mismos», lo que llamaba, el eterno retorno de las cosas como una nefasta e indeseada ley de la historia. Y en efecto, bastó la eliminación del subsidio al diésel, para que el máximo dirigente de la organización indígena, el señor Marlon Vargas Santi, convoque a un paro nacional e indefinido el 18 de septiembre 2025. El más largo y el más lánguido. Y es como la película que se repite. Los mismos hechos vuelven a suceder, entre la farsa, la tragedia y la comedia. Los mismos actores. Una minoría pretende, con los pertrechos de la violencia desbaratar la débil legalidad. Nadie pone en duda ni niega el derecho a expresarse y protestar. Ni desconoce el derecho a la movilización legítima. Pero la protesta no puede ni debe ser tribal y bárbara como viene sucediendo. Violentos disfrazados, creando terror en los cantones de la provincia de Imbabura. Destrucción de bienes públicos y privados. Con primitiva osadía han forzado el cierre de negocios. Con la brutalidad de las tribus, han impedido que las personas se movilicen a sus labores. Escenas de barbarie en nombre del derecho a la resistencia. El señor Vargas Santi despilfarra un primario resentimiento social al calificar a quienes viven en las ciudades de «enemigos» e «idiotas». Y como el señor de la violencia dice estar perdiendo la paciencia, amenaza con la toma de Quito. O sea, con la tercera destrucción. ¿Es sensato romantizar la violencia? ¿Cabe una vez más tolerar a los intolerables? La respuesta, en defensa de la institucionalidad democrática es un rotundo ¡no! El comportamiento del máximo líder de la organización indígena es reprochable y raya en lo delictuoso. Basta leer los preceptos del Código Orgánico Integral Penal. Hay actos que encajan en la tipicidad de la instigación pública, la asociación ilícita, el terrorismo, el sabotaje, la paralización de servicios públicos, el ataque o resistencia, los daños a bienes públicos, la rebelión, el delito de odio, la apología del delito y, en todo ello, la responsabilidad mediata o la denominada autoría por dominio de organización.Si lo delictivo se pasa por alto, ¿Qué le queda a la débil democracia?