Por orden de la jueza Zoila Véliz, de la Unidad Judicial Penal de Manta, la Policía Nacional incineró pruebas que sustentaban el caso por enriquecimiento ilícito contra familiares de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros. Estas evidencias eran la base del nuevo proceso por lavado de activos denominado caso Blanqueo Fito, iniciado esta semana por la Fiscalía.
La destrucción incluyó documentos societarios, facturas, dispositivos electrónicos, escrituras de bienes e incluso la copia del acta matrimonial entre Macías y su esposa, Inda Mariela Peñarrieta. Todo esto fue eliminado el 19 de marzo de 2025, tras un pedido policial basado en el artículo 444 del COIP, que permite definir el destino de evidencias no consideradas de interés pericial.
Aunque el Código establece que es el fiscal quien debe decidir sobre estas evidencias, el requerimiento fue dirigido directamente a la jueza. La diligencia se ejecutó en instalaciones de la Undecof, con la participación de peritos y policías.
Las pruebas habían sido recabadas en siete allanamientos realizados entre 2020 y 2021, como parte de una investigación que involucró a la esposa, el padre, hermanos y cuñados del cabecilla criminal. Se encontraron laptops, celulares, DVRs, documentos notariales, registros de propiedades y transacciones bancarias.
En 2020, el juez Juan Zapata absolvió a los cinco implicados y a las empresas investigadas por falta de pruebas suficientes, pese a que la Fiscalía había señalado inconsistencias patrimoniales. Por ejemplo, se detectó que Inda Mariela reportó ingresos por USD 116 mil al IESS, pero manejaba más de USD 2 millones en el sistema financiero.
Pese al sobreseimiento, la Fiscalía reactivó las investigaciones bajo una nueva figura: lavado de activos. Y ahora, con las pruebas destruidas, surgen nuevas dudas sobre el manejo judicial de un caso que involucra a la estructura financiera del líder más temido del crimen organizado en Ecuador.
