El pólemico abogado de alias ‘Negro Willy’ y su jugada para evitar la extradición

Willian Joffre Alcívar Bautista, conocido como ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’ y señalado como responsable del atentado en el canal TC Televisión, es solicitado en extradición por Ecuador. Actualmente, está siendo defendido en España por el controvertido abogado Gonzalo Boye Tuset, conocido por representar tanto a narcotraficantes como a figuras políticas. Boye incluso participó en la defensa del exagente de la CIA Edward Snowden. No obstante, él mismo ha enfrentado problemas legales: fue condenado por un caso de secuestro y actualmente está bajo investigación por presunto lavado de dinero.

Alcívar, líder del grupo delictivo ‘Los Tiguerones’, fue detenido en octubre de 2024 en una zona portuaria de Cataluña, en el noreste de España. Junto a él fue arrestado su hermano Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, quien ocupaba un alto rango dentro de la organización. Ambos vivían en un apartamento de lujo en Tarragona, utilizando documentos falsos. Según una fuente citada por la agencia EFE, llevaban un estilo de vida ostentoso, con vehículos de lujo, joyas costosas y ropa de diseñador.

Tras su captura, ambos fueron puestos en prisión preventiva. En noviembre de ese mismo año, Ecuador presentó formalmente la solicitud de extradición de ‘Negro Willy’, aunque el proceso ha enfrentado varios retrasos.

En enero de 2025, su abogado Gonzalo Boye pidió suspender la extradición, argumentando falta de claridad en la identificación del acusado y cuestionando el traslado del caso de Guayaquil a Quito. Solicitó además que el tribunal español exigiera información adicional a la Fiscalía y a la Defensoría Pública ecuatoriana. Sin embargo, según consta en un informe judicial obtenido por Vistazo, el tribunal determinó que la documentación proporcionada era suficiente para tomar una decisión.

En abril, se conoció que ‘Negro Willy’ se opuso formalmente a la extradición, afirmando que su vida estaría en peligro y alegando que el Gobierno ecuatoriano no garantiza un proceso justo.

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