Madres solteras, mujeres víctimas de violencia, jóvenes lesbianas, gays o de otras minorías sexuales, hijos de madres víctimas de femicidio y estudiantes con enfermedades catastróficas tienen más oportunidad de ingresar a las carreras más demandadas en las universidades públicas.
Es uno de los principales cambios al proceso de admisión que establece, en orden estricto, seis prioridades para asignar cupos. La primera prioridad del grupo que el Senescyt llama históricamente excluido: la población LGBTIQ+, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia, así como jóvenes que estuvieron en casas de acogida.
Se les asignará de forma obligatoria hasta el 10% de los cupos. Este criterio incluso se sobrepone a la calificación del examen de ingreso o al récord académico de otros estudiantes. Las universidades y escuelas politécnicas tuvieron que crear internamente parámetros para atender esta exigencia de la Senescyt. La segunda prioridad son estudiantes de hogares pobres con el 10% de los cupos.
Deben demostrar ingresos menores a USD 100 mensuales. En tercer lugar, están abanderados y escoltas con el 20 % de cupos. En cuarto lugar, están aquellos que hayan ganado concursos culturales, artísticos o deportivos. Se les dará el 2 % de las vacantes. En el quinto lugar, están los estudiantes que están por graduarse, pero una parte de esos cupos está reservada para los que se autodefinen como negros, indígenas y montuvios.
En último lugar, está la población en general. Los graduados de años anteriores tendrán pocas posibilidades de ingresar a la universidad pública. En cada convocatoria se presentan cerca de 400 000 postulantes para 136 000 cupos.
